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Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

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jueves, 8 de diciembre de 2016

EXPULSION DE LAGARDER ACTIVISTA

A través de las redes sociales he tenido conocimiento del inicio de procedimiento de expulsión del conocido como "Lagarder Activista" ciudadano de nacionalidad rumana y conocido en redes sociales por sus acciones.

Sin entrar a opinar sobre las citadas acciones y su conducta más allá de lo estrictamente necesario para un análisis técnico jurídico de la cuestión de la expulsión, me sorprende el inicio de un procedimiento sancionador de este tipo contra el mismo. La razón es que los ciudadanos de la unión Europea y Lagarder lo es como nacional rumano tienen un régimen especialmente protegido contra la expulsión por existir el principio de libre circulación de personas en la Unión. Es un régimen por tanto diferenciado de quienes no ostentan la condición de ciudadanos de la Unión o asimilados.

Esta situación la expliqué en esta entrada del año pasado, en resumen deben concurrir razones de orden publica, seguridad publica y salud publica para poder practicar una expulsión de un ciudadano de la Unión. Y la jurisprudencia aplicable tanto nacional como del tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que solo concurren esas razones en supuestos de elevada gravedad debienddo existir una amenaza real, actual y grave contra un interés general.

Asimilar como parece las conductas y acciones molestas de esta persona ciudadano de la Unión a un supuesto de orden público o seguridad pública parece extremadamente exagerado y ni por asomo tienen encaje en la citada jurisprudencia (en el enlace que refiero a otra entrada de este blog hay ejemplos de casos en que así ha sido entendido).

Como jurista me sorprende que se abra un expediente de este tipo, y parece evidente que ante la absoluta inadecuación jurídica y teniendo profesionales policías formados en las Brigadas lo más lógico es que se trate de obedecer a una orden de algún superior. Y como ciudadano, aunque no profeso simpatías por este señor, me resulta ciertamente preocupante que se abra un expediente de este tipo por acciones claramente políticas (por muy equivocadas o "cansas" que las entendamos).

miércoles, 16 de noviembre de 2016

LA NOTIFICACION EN DOMICILIO EN LA LEY 39/15

Si bien la disposición adicional primera de la ley 39/15 establece que las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo así como en aspectos sancionadores en materia de extranjería se rigen por su normativa específica, la mencionada ley es de aplicación supletoria y la práctica de la extranjería nos hace participar en otros procedimientos relacionados que no son de extranjería, por lo que es importante tener conocimiento de las modificaciones en la materia.

Una cuestión importante en los procedimientos y esencial en muchos de ellos a efectos de caducidades o de silencio es la notificación de la resolución. El artículo 42 de la citada ley introduce alguna modificación que debemos tener presente.

Así con una redacción manifiestamente mejorable nos indica el citado artículo en relación a las notificaciones en papel que si no está el interesado presente se podrá practicar en la persona que allí se encuentre que sea mayor de 14 años.

Para el caso de que no se pueda notificar y sea infructuoso el primer intento, se precisa en esta nueva ley que el segundo intento habrá de:

* practicarse en los tres días siguientes

* se divide el dia en dos franjas horarias. Hasta las 15:00 y después de las 15:00. El segundo intento deberá ser en franja distinta

* siempre deberá haber tres horas de diferencia entre los intentos


Deberá quedar constancia del día y la hora en la que se intentó practicar la notificación.

En caso de notificación infructuosa se acudirá a lo regulado en el artículo 44 

sábado, 5 de noviembre de 2016

MANTENIMIENTO DE LA RESIDENCIA POR FAMILIAR DE COMUNITARIO

Puede ocurrir que se rompa el vínculo entre los familiares y el residente nacional de país integrante de la UE (comunitario) y que precisamente habilita la residencia de los mismos. Esto puede ocurrir tanto por fallecimiento como en el caso de cónyuge o pareja de hecho porque desaparezca este vínculo concreto.

Estos supuestos son recogidos en el artículo 9 del Real Decreto 240/07. Lo primero que prevee este artículo es que cuando los familiares en cuestión son también ciudadanos de un estado miembro de la unión, su residencia no se ve afectada.

En el caso de familiares que no son ciudadanos de un país integrante de la UE si lo que ha ocurrido es el fallecimiento, los familiares no se verán afectados "siempre que éstos hayan residido en España, en calidad de miembros de la familia, antes del fallecimiento del titular del derecho" eso sí, deberán comunicar el fallecimiento. En el siguiente apartado (3) se precisa que "no supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga atribuida la custodia efectiva de éstos, con independencia de su nacionalidad, siempre que dichos hijos residan en España y se encuentren matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios, ello hasta la finalización de éstos"

En caso de que desparezca el matrimonio (no en caso de separación) o se cancele la inscripción de la pareja registrada, deberá comunicarse tal hecho a la administración y el cónyuge o pareja mantendrá la residencia en alguno de los siguientes supuestos:

a) que la unión haya durado al menos tres años de los cuales uno al menos habrá de haber sido en Espàña

b) si tiene la guarda y custodia de los hijos

c) lo que el reglamento denomina circunstancias especialmente difícils que son ser víctima de violencia de género o haber sido sometido a trata por su cónyuge o pareja

d) que tenga un derecho de visita a un hijo menor que resida en España

martes, 11 de octubre de 2016

EL ACCESO A SUBSIDIO DE DESEMPLEO POR CIUDADANOS DE LA UNION

En el ámbito de los ciudadanos de la unión y sus familiares y por aplicación del artículo 18 del TFUE se establece un principio de no discriminación por cuestión de nacionalidad que si entramos dentro del ámbito regulatorio del artículo 3 del Real Decreto 240/07  observaremos que implica el principio de igualdad de acceso a los servicios públicos y precisamente de igualdad a los ciudadanos españoles

2. Asimismo, las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto, exceptuando a los descendientes mayores de veintiún años que vivan a cargo, y a los ascendientes a cargo contemplados en el artículo 2.d) del presente real decreto, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 39.4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.


4. Todos los ciudadanos de la Unión que residan en España conforme a lo dispuesto en el presente real decreto gozarán de igualdad de trato respecto de los ciudadanos españoles en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Este derecho extenderá sus efectos a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.

En el ámbito de la seguridad social por aplicación del reglamento 883/2004 existe también el principio de igualdad de trato.

Lo anteriormente expresado nos llevaría a la conclusión de que no se puede negar a un ciudadano de la unión el acceso a los subsidios, pero sin embargo no es así. Hay que tener en cuenta que la proteccion por desempleo se regula en los artículos 262 y siguientes de la ley general de la seguridad social y en particular el párrafo primero del artículo 263 establece que:

1. La protección por desempleo se estructura en un nivel contributivo y en un nivel asistencial, ambos de carácter público y obligatorio.

Es decir que se diferencia entre un nivel contributivo y asistencial. En este sentido la prohibición de discrimnación está condicionada al ámbito material del derecho de la unión y por la normativa específica y esto implica que es posible la discriminación en lo que no es derecho de la unión y la asistencia social (no contributiva) está fuera del ámbito material de la Unión Europea. A la hora de analizar a qué prestaciones se tienen derecho y a cuales no, lo esencial por tanto será determinar si tienen carácter asistencial en cuyo caso si la normativa específica que las regula discrimina, no habrá afectación al derecho de la unión.

Para profundizar en esta cuestión y otros efectos derivados de la misma entre otras cosas para la residencia recomiendo este excelente artículo de Pilar Jiménez en la Bitacora Millennium.




jueves, 22 de septiembre de 2016

EL PROCEDIMIENTO PREFERENTE SANCIONADOR

El procedimiento sancionador en materia de extranjería puede ser ordinario o preferente. El preferente se regula en el artículo 63 de la ley orgánica de extranjería.
Artículo 63. Procedimiento preferente.
1. Incoado el expediente en el que pueda proponerse la expulsión por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el artículo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, la tramitación del mismo tendrá carácter preferente.
Igualmente, el procedimiento preferente será aplicable cuando, tratándose de las infracciones previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 53, se diera alguna de las siguientes circunstancias:
a) riesgo de incomparecencia.
b) el extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
c) el extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
En estos supuestos no cabrá la concesión del período de salida voluntaria.
2. Durante la tramitación del procedimiento preferente, así como en la fase de ejecución de la expulsión que hubiese recaído, podrán adoptarse las medidas cautelares y el internamiento establecidas en los artículos 61 y 62.
3. Se garantizará el derecho del extranjero a asistencia letrada, que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o no habla castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.
4. Iniciado el expediente, se dará traslado al interesado del acuerdo de iniciación debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo así.
5. Si el interesado, o su representante, no efectuase alegaciones ni realizasen proposición de prueba sobre el contenido del acuerdo de iniciación, o si no se admitiesen, por improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el instructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificación de los hechos, el acuerdo de iniciación del expediente será considerado como propuesta de resolución con remisión a la autoridad competente para resolver.
De estimarse la proposición de prueba, esta se realizará en el plazo máximo de tres días.
6. En el supuesto de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 53 cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad autorización de residencia temporal conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de esta Ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión suspenderá la misma hasta la resolución de la solicitud, procediendo a la continuación del expediente en caso de denegación.
7. La ejecución de la orden de expulsión en los supuestos previstos en este artículo se efectuará de forma inmediata.

Frente al artículo 63 bis que regula el procedimiento ordinario, el procedimiento preferente limita la defensa de los ciudadanos entre otras cosas por sus plazos más cortos a la hora de efectuar alegaciones.

SUPUESTOS POR LOS QUE PUEDE SEGUIRSE

El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito.
que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. SOLO CUANDO se cumplan los requisitos establecidos en el artículo que regula este procedimiento: riesgo de incomparecencia, acciones que puedan evitar la expulsión o que el extranjero suponga un riesgo.

LA NECESIDAD DE MOTIVACION 

En este sentido procede recordar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 131/16 que analizo en esta otra entrada del blog, según la cual la utilización del procedimiento sancionador preferente así como la resolución que en el mismo se imponga debe estar suficientemente motivada algo bastante inhabitual en los procedimientos sancionadores

LA INADECUACION DE PROCEDIMIENTO

Si se sigue indebidamente un procedimiento preferente cuando no concurren las causas que motivan el mismo y debería haberse seguido un procedimiento ordinario nos encontraríamos con una nulidad del mismo por causa de nulidad de seguirse procedimiento inadecuado de la ley de procedimiento administrativo todavía vigente a fecha de esta entrada. Así hay sentencias que estiman este motivo de recurso  como explicaba en esta otra entrada del blog

Debo recordar que las sanciones del artículo 53 y por las cuales se puede seguir el procedimiento preferente no suponen con la legislación actual la expulsión en todo caso. Todo ello a salvo de la actual controversia jurisprudencia tras la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 que comento en esta otra entrada del blog y respecto a las diferentes posiciones de Tribunales esta entrada del blog donde recojo la ponencia al respecto del último encuentro de abogados de extranjería celebrado en Burgos.





lunes, 19 de septiembre de 2016

PADRE CON ANTECEDENTES PENALES SIENDO SU HIJO ESPAÑOL O COMUNITARIO. CASO RENDON. SENTENCIA DEL TJUE DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En la presente entrada voy a analizar la reciente sentencia del TJUE de 13 de septiembre de 2016 Caso Rendon, caso que plantearon unas compañeras abogadas de Malaga y que fue objeto de exposición en el encuentro de abogados de Extranjería celebrado en Málaga en el año 2015.

SUPUESTO DE HECHO

El Sr. Rendon tiene la guarda y custodia en exclusiva de dos niños con nacionalidad de país comunitario (española y polaca). Los niños son nacidos en Málaga habiendo residido siempre en España. Tiene antecedentes penales razón por la cual se le deniega una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

Planteado recurso de casación ante el Tribunal Supremo este observa que la denegación de la autorización solicitada implica la salida obligatoria y por tanto la de los dos menores pero por otro lado la legislación española no establece un supuesto de excepción debiendo denegarse la autorización si hay antecedentes penales.

CUESTION PREJUDICIAL

¿Es compatible con el artículo 20 [TFUE], interpretado a la luz de las sentencias de 19 de octubre de 2004[, Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639),] y [de] 8 de marzo de 2011[, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)], una legislación nacional que excluye la posibilidad de otorgar permiso de residencia a un progenitor de un ciudadano de la Unión Europea, menor de edad y dependiente de aquél, por tener antecedentes penales en el país donde formula la solicitud, aunque ello lleve aparejada la salida forzosa del territorio de la Unión del menor al tener que acompañar al progenitor?

FUNDAMENTOS JURIDICOS

El TJUE reformula la pregunta del Tribunal Supremo dejandola con la siguiente literalidad "si el artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38, por un lado, y el artículo 20 TFUE, por otro, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia en el territorio del Estado miembro de que se trata a un nacional de un tercer Estado cuando dicho nacional tiene antecedentes penales, aunque el interesado tenga a su cargo exclusivo dos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión, que residen con él en dicho Estado miembro desde su nacimiento, sin haber ejercido su derecho a la libre circulación, y aunque la consecuencia de tal denegación sea obligar a esos hijos suyos a abandonar el territorio de la Unión"

Inicia el análisis recordando que los derechos de nacionales de tercceros estados relativos a la ciudadanía de la Unión no son derechos propios sino derivados de la libre circulación de un ciudadano de la Unión, es decir que en este caso el Sr. Redón no tiene derechos propios sino derivados de sus hijos y que por tanto solo existe un derecho de residencia de un nacional de tercer Estado cuando sea necesario para garantizar la libre circulación o la residencia de un ciudadano de la Unión Europea.

Bien, en relación a la situación el Sr. Redón, el mismo no puede considerarse beneficiario en los términos del artículo 3.1 de la Directiva 2004/38 por el hijo que tiene nacionalidad española dado que no ha ejercido libre circulación pero sí por la hija que tiene nacionalidad polaca aunque haya nacido en España y no haya circulado (Caso Chen)

Así que a continuación el TJUE comprueba si se cumplen con las limitaciones existentes para el derecho de residencia, como que no sean una carga para el Estado, haya seguro médico y en particular analiza la cuestión ya resuelta en otras sentencias respecto a que si bien la mención legal expresa ascendiente a cargo hay supuestos como éste es que es el menor nacional de la unión el que está a cargo de un nacional de tercer estado, supuestos resueltos favorablemente pues si no supondría privar de derecho de residencia a menores nacionales de la Unión ((véanse las sentencias de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, apartado 45, y de 10 de octubre de 2013, Alokpa y Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, apartado 28))

Tras examinar la existencia del derecho a residencia entra en la cuestión de los antecedentes penales. Para resolver esta cuestión parte de que pudiendo establecer las legislaciones límites la residencia, la directiva 2004/38 recoge que los ciudadanos de la unión y los miembros de su familia tienen un régimen de protección ante la expulsión, mayor cuanto mayor arraigo tienen. Y las limitaciones conforme a la mencionada directiva (art.27) lo son por razones de orden público o de seguridad pública.

Así recuerda la sentencia que:

" Según reiterada jurisprudencia, la reserva de orden público constituye una excepción al derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión o de los miembros de sus familias, que debe ser objeto de interpretación estricta y cuyo alcance no puede ser determinado unilateralmente por los Estados miembros (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de diciembre de 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, apartado 18; de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, apartado 33; de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos y Oliveri, C‑482/01 y C‑493/01, EU:C:2004:262, apartado 65; de 27 de abril de 2006, Comisión/Alemania, C‑441/02, EU:C:2006:253, apartado 34, y de 7 de junio de 2007, Comisión/Países Bajos, C‑50/06, EU:C:2007:325, apartado 42)."

Y que las limitaciones han de acomodarse al principio de proporcionalidad y al examen individualizado de la conducta del ciudadano.

Siendo importante que:

" Procede añadir que el artículo 27, apartado 2, de esta Directiva subraya que la existencia de condenas penales anteriores no constituye por sí sola una razón para adoptar medidas por razones de orden público o seguridad pública, que la conducta personal del interesado debe constituir una amenaza real y actual que afecte a un interés fundamental de la sociedad o del Estado miembro de que se trate, y que no pueden argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, apartados 23 y 24, y de 23 de noviembre de 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, apartado 48)"

En el caso estudiado la mera existencia de antecedentes penales supone de manera automática la denegación de la residencia, sin que haya examen de proporcionalidad, sin que se haga un análisis individualizado de la conducta ni sobre la afección al orden público o a la seguridad pública.

Así la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que:

"el artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia a un nacional de un tercer Estado, progenitor de un hijo menor de edad ciudadano de la Unión que está a su cargo y que reside con él en el Estado miembro de acogida, debido únicamente a que dicho nacional de un tercer Estado tiene antecedentes penales"

Entendiendo además por similares razones (que el derecho de residencia de los menores se vería afectado por la no concesión de la residencia al padre) también una normativa que deniega automáticamente la residencia por la existencia de antecedentes penales, vulnera el artículo 20 del TFUE.


CUESTIONES RELEVANTES

* En el supuesto el Sr. Rendón tiene la guarda y custodia en exclusiva de los menores, razón por la que se vería afectado su derecho de residencia. Lo importante por tanto es la afectación de los derechos de libre circulación y residencia de los menores, lo cual puede extenderse a otros motivos de denegación.
* La cuestión de los antecedentes penales no es exclusiva de la autorización de residencia por circunstancias excecpcionales siendo una cuestión alegable en otros supuestos.
* Prima el concepto de orden público y de seguridad pública como ya he explicado en otras entradas de este blog
* Como abogados, debemos estudiar la posibilidad de plantear responsabilidad patrimonial del Estado en supuestos de estimación de recursos obteniendo autorizaciones de residencia. Estando pendiente de sentencia, el Sr. Redón cancelo sus antecedentes penales y obtuvo una autorización de residencia por circunstancias excepcionales como padre de menor español. El tribunal Supremo mantuvo la petición de pronunciamiento del TJUE por entender que una eventual estimación del recurso interpuesto supondría "la nulidad de dicha resolución y la concesión de una autorización de residencia en esa fecha podrían tener, para el recurrente en el litigio principal, consecuencias que van más allá de la propia autorización, tales como la reparación por la pérdida de contratos de trabajo, de prestaciones sociales o de cotizaciones a la seguridad social o incluso, en su caso, el derecho a adquirir la nacionalidad española".

miércoles, 7 de septiembre de 2016

EXPULSION DE EXTRANJERO CON RESIDENCIA DE LARGA DURACION. SENTENCIA 131/16 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Comentaré a continuación la sentencia 131/16 del Tribunal Constitucional que estima el recurso de amparo de un extranjero con residencia de larga duración al que se le impone una expulsión, recurso en el que ha intervenido como abogada una compañera de la asociación EXTRANJERISTAS y que precisamente fue ponente en el meeting que realizamos en Valencia.

En el supuesto el ciudadano extranjero tiene una residencia de larga duración y dos prohibiciones de entrada con una condena de tres años de prisión por trafico de drogas en Holanda. Abierto procedimiento preferente y establecida expulsión, se interpone recurso contencioso administrativo estimandose el mismo por el juzgado valorando el arraigo y el hecho de que no se ha acreditado que la conducta del residente de larga duración haya afectado al orden público. Interpuesto recurso de apelación por el abogado del Estado se estima por sentencia de 23 de julio de 2014 del TSJ de Valencia recogiendo en síntesis que: la expulsión no tiene carácter sancionador siendo una medida de regulación migratoria y que cabe la expulsión de extranjeros condenados a más de un año de prisión; 

El recurso de amparo se interpone por los siguientes motivos: falta de motivación y como tal afectación al derecho a la tutela judicial efectiva; afectación al derecho a la intimidad familiar y vulneración de la igualdad por ser una resolución contraria a otras sobre supuestos similares.

La sentencia del Tribunal Constitucional recoge que por ejemplo en la apertura del expediente sancionador se habla de que el ciudadano carece de autorizacion de residencia cuando la tiene de larga duración, así como que a lo largo del mismo se reproducen expresiones estereotipadas como las que añado yo nos encontramos en la práctica totalidad de los expedientes sancionadores. Así a la vista de ello concluye que no ha habido un verdadero examen individualizado del tema:

"En definitiva, existe una clara negativa de la Administración a valorar las circunstancias alegadas por el actor, ya que se limita a rechazar las alegaciones mediante fórmulas estereotipadas, en lugar de llevar a cabo una motivación más detallada y apegada al caso, en la que se ponderaran de manera constitucionalmente adecuada los derechos en juego y las circunstancias personales y familiares del actor."

Se planteaba en el caso como alegación del abogado del estado que la expulsión no tiene carácter sancionador y que por lo tanto no son exigibles los principios del derecho sancionador entre ellos la motivación. Inicialmente la sentencia recoge que es la propia administración la que sigue un expediente sancionador y la que resuelve imponer "una sanción de expulsión". 

A continuación recoge que la obligación de motivación no es exclusiva de la imposición de sanciones y que cobra especial relevancia cuando se ven afectados derechos fundamentales que se verían afectados de practicarse la expulsión.

Expresa que de considerar que la expulsión no es una sanción, eso no es óbice para exigir la debida motivación en las resoluciones judiciales y que como en la sentencia del TSJ no se evaluan ni ponderan las circunstancias personales del ciudadano sino que se limita a establecer adecuada la expulsión por la aplicación automática del artículo 57.2 de la LOEX existiría esa vulneración de la falta de motivación.

Razón por la cual se acuerda la nulidad de la sentencia del TSJ manteniendo firme la sentencia del juzgado de lo contencioso que estimaba el recurso interpuesto y anulaba la sanción.

Como resumen de la misma:

- El tribunal Constitucional no entra a valorar si la expulsión tiene naturaleza de expulsión
- Independientemente de ello, en estos supuestos siempre ha de haber la debida motivación que justifique la expulsión
- Para que haya una debida motivación hay que valorar las circunstancias personales del ciudadano extranjero con residencia de larga duración
- La sentencia es deficiente en el sentido de que no deja suficientemente claro la ausencia de motivación en estos expedientes sancionadores repetitivos y estereotipados aunque podemos alegar que sí que lo hace a la vista del resultado final.


Sobre el tema de residentes de larga duración y antecedentes penales ya traté el tema en este blog en estas entradas:


viernes, 17 de junio de 2016

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL TRAS SENTENCIA TJUE DE 23 DE ABRIL DE 2015 CASO ZAIZOUNE. ENCUENTRO DE EXTRANJERIA EN BURGOS

El magistrado Cominges de Ourense parte de que la expulsión es una sanción conforme a la redacción de la LOEX

La mayoría de los TSJ actualmente entienden que no cabe multa y procede la expulsión por primacía del derecho de la unión, el efecto directo de la directiva, su efecto útil y el principio de intervención conforme al derecho de la Unión.

Existen votos particulares en TSJ y sentencias de juzgados que piensan que se mantiene la expulsión.

TSJ Murcia anula expulsión por no haberse concedido plazo de salida voluntaria de entre 7 a 30 días.



La directiva de retorno habla de la protección de la familia y la existencia de razones humanitarias lo cual implica que algunos tribunales están anulando la sanción por estas vías.

Planteamiento del magistrado:

- no se puede invocar el planteamiento directo de la directiva por el estado es tiene la obligación de transponer la norma y si no lo hace no puede alegar este informe directo.

- el TJUE interpreta derecho europeo, no el español

- efecto útil de la directiva. El sistema español que alterna multa y expulsión es útil 

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DUBLÍN: 604/13. ENCUENTRO DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA EN BURGOS

El reglamento Dublín 604/13 regula la determinación del país responsable para el análisis de una solicitud de protección internacional 

La UE no es parte contratante de la convención de Ginebra ni de su Protocolo, pero el derecho de asilo,se garantiza en la carta de derechos de la Unión Europea y en el TFUE, y desde el convenio de Dublín 1990 existe una intención de armonización que se concreta en particular en Tampere (consejo europeo) que conduce a Dublín II en 2003 que se sustituye por Dublín III en 2013.

Posición del TJUE tras Dublín II y antes de Dublín III

Asunto Petrosian C-19/08 con Dublín II sobre la responsabilidad de la tramitación del expediente de solicitud de asilo al existir en este caso solicitudes en dos países y decisión de remisión del caso con el primer país donde se solicitó. 

Asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10. TJUE expresa que no se puede presumir irrefutablemente que el estado miembro responsable respeta los derechos fundamentales de la UE y el articulo 4 de la carta establece que no se puede trasladar a un solicitante de asilo a un estado en que no se cumplan. En definitiva no el mero hecho de ser miembro de la UE supone el cumplimiento de las garantías. También que no se puede agravar la situación del solicitante de asilo con un largo procedimiento de determinación del estado responsable.

Asunto C-620/10 Kastrati.

Asunto C-245/11 Bundeysalamt. Un estado miembro donde no se inicia la solicitud de asilo puede convertirse en el estado responsable para la solicitud. Se trataba de una situación de dependencia familiar.

Asunto C-528/11 Halaf. Un estado miembro puede ser responsable aunque no concurran los requisitos de la normativa.


Asunto C-648/11 los menores no acompañados son especialmente vulnerables y como regla general no deben ser trasladados a otro estado miembro.

Asunto C-394/12 Abdullahi. Si estamos hablando del primer estado miembro donde se podía efectuar la solicitud (entrada en UE) solo puede negarse la competencia de ese estado miembro si se prueba la existencia de condiciones serias y acreditadas de vulneración de derechos del solicitante.

Posición del TJUE tras Dublín III

Asunto C-695/11 PPU Mirza. El solicitante abandono el lugar de residencia que se le había asignado y se entiende conforme a la directiva que la solicitud había sido implícitamente retirada. 

Asunto C-63/15 Ghezelbash. Derecho a tutela judicial efectiva teniendo derecho a revisar la decisión de traslado pues cabe control de los criterios de aplicación del estado miembro.

Asunto C-155/15 Karim.

reglamento Dublín III

Da garantías al solicitante de asilo, posibilidades de tutela judicial efectiva y suspensión del traslado o retorno, entre otros aspectos.

Acaba con solicitantes de asilo que efectuaban solicitudes sucesivas en diferentes estados. El convenio no es equitativo en el sentido de que hay estados miembros de la UE que reciben la,llegada de más solicitantes de asilo.

jueves, 16 de junio de 2016

ENCUENTRO DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA EN BURGOS

Un año más cumplo con lo que he convertido en una cita fiel, la asistencia al encuentro de abogados de extranjeria en Burgos, del cual procuraré dar información técnica en el blog en las entradas que iré redactando durante las sesiones del mismo.

El encuentro posibilita dar un paso en la cohesión de un grupo de abogados habituales de los encuentros y que va creciendo año a año, algunos de ellos con responsabilidades en la subcomisión de extranjeria del CGAE, o en sus colegios y otros que no lo estamos. Este año siento que es un momento de inflexión en muchos sentidos, cambios en el sistema organizativo de la subcomisión de extranjeria y cambios en la asociación de abogados extranjeristas (que nació en estos encuentros) de la cual voy a ser presidente.

Estos movimientos de cambio generan necesariamente esa inflexión, pero esencialmente la inflexión deriva de las inquietudes, ganas de actuar y de aportar de esos abogados, con un marcado carácter colaborativo, de generosidad y de equipo. Tomamos conciencia de un modo u otro de la importancia del grupo y de todo lo que este puede aportar.



El encuentro en sus cuestiones formales queda pasos atrás, programa reiterando ponentes y temas y carencias de novedades. De algún modo podemos estar ante una especie de sorpasso del grupo, tanto desde sus funciones institucionales (subcomisión) como desde fuera del mismo y dentro del grupo. Una energía que será canalizada de un modo u otro para transformar la abogacia y de este modo para transformar los sectores donde se concentran nuestras acciones profesionales.

Frente a ello palabras mil veces oídas: el papel de los abogados de extranjeria, la defensa de derechos humanos, agradecimientos varios. En fin.

Hoy comentaba con Laura, compañera y amiga, que tras el encuentro de verdad entre muchos de esos miembros del grupo, el trasladar a los mismos el planteamiento de reorganización de la asociación y la ilusión despertada en esos abogados por construir una herramienta que potencie al grupo, y esos momentos de compartir tomando vinos, cervezas, cenando y prolongando el espacio como si quisiéramos exprimir esos pocos días al año en el que nos encontramos y nos faltarán horas y preferimos privarnos del sueño y alargar el encuentro como amantes que se ven muy de cuando en cuando; sentía que lo importante había finalizado, que el encuentro formal (ponencias, talleres, etc) casi era un trámite.

Estoy convencido de que otros compañeros sienten lo mismo. De ahí la importancia de poner en valor a esos excelentes abogados profesionales y personas que tanto quieren dar.

martes, 31 de mayo de 2016

DILACIONES INDEBIDAS EN PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJERIA

La sentencia 75/16 del Tribunal Constitucional publicada en el BOE de hoy 31 de mayo de 2016 analiza y declara la existencia de vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas a un ciudadano que interpone recurso contencioso administrativo contra una sanción de expulsión alegando caducidad (por transcurso de seis meses en el procedimiento administrativo sancionador). Considero importante que atendamos a la secuencia de hechos. Se abre expediente sancionador en fecha 18 de septiembre de 2009. En fecha 19 de abril de 2010 se presenta escrito pidiendo la caducidad del expediente por el transcurso de los citados seis meses y en fecha 20 de mayo, transcurrido un mes (silencio negativo) sin que se conteste por la administración se presenta la demanda. Es decir que el ciudadano (su abogado) obra con una absoluta diligencia y celeridad buscando que cuanto antes finalice la espada de Damocles que supone el expediente. La vista del juicio es señalada para el 22 de enero de 2014, es decir tres años y 8 meses después.

En la sentencia el Tribunal Constitucional reitera aspectos de otros pronunciamientos del mismo en relación a las dilaciones indebidas. Así la necesidad de atender a la evaluación de cada caso concreto para ver si la dilación es justificada y que no podemos exigir el riguroso cumplimiento de los plazos procesales fijados para los juzgados y tribunales así como que "la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a los Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de los litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso." También hace mención a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en «un tiempo razonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 CE, y la necesidad de atender a criterios como: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades."

En este caso (y tantos otros de extranjería) el Tribunal Constitucional considera que no estamos ante un asunto que revista una especial complejidad, al tratarse de un recurso en el que el interesado se dirigía contra una resolución desestimatoria, por silencio administrativo, de una petición de caducidad de un expediente sancionador de expulsión del territorio nacional llegando a mencionar la existencia de un evidente perjuicio del recurrente si la vista es señalada el 22 de enero de 2014, cuando había sido interpuesta la demanda el 7 de mayo de 2010. Para hacer un resumen de otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional donde se ha entendido la existencia de dilaciones indebidas en procesos de extranjería:

* STC 142/2010, de 21 de diciembre, el señalamiento de la vista se fijó para año y medio después, respecto a la interposición del recurso contencioso-administrativo, frente a una denegación de solicitud de asilo. 
* expulsión STC 54/2014, de 10 de abril, por un señalamiento fijado para dos años y seis meses posteriores a la interposición del recurso; STC 99/2014, de 23 de junio, por un señalamiento posterior en algo más de dos años a la interposición del recurso; STC 88/2015, de 11 de mayo, donde el señalamiento tuvo un retraso similar al anterior. 
*denegación de una autorización de residencia, STC 74/2015, de 27 de abril, apreció la existencia de dilaciones indebidas por un retraso en el señalamiento de la vista de dos años y medio

Expresa el Tribunal Constitucional que el retraso en la tramitación procesal ha de ser ponderado de acuerdo al interés que arriesgue el recurrente en el pleito entendiendo que la sanción de expulsión afectaba necesariamente a un ámbito preferente de sus derechos e intereses legítimos. 

Como aspecto a destacar de esta sentencia el recurso de amparo se interpone contra el decreto que señala la vista, es decir que no se espera a deducir a la resolución judicial por lo que la dilación radica exclusivamente en el período excesivo de tiempo que media entre el momento en que se dictó el decreto inicial de señalamiento de la vista y la fecha fijada para tal acto procesal y que aunque el retraso parezca obedecer a causas estructurales y a la carga de trabajo que pesa sobre el órgano judicial eso no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas pues esta situación no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias. y este último en la Sentencia de 11 de marzo de 2004, caso Lenaerts c. Bélgica (§ 18), razonó que el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable. 

Por si existe curiosidad al respecto, recojo que en el procedimiento principal se dictó sentencia de 22 de enero de 2014, estimatoria del recurso, anulando y dejando sin efecto la actuación administrativa y declarando la caducidad del procedimiento sancionador, lo que no quita para que la sentencia del Tribunal Constitucional estime el recurso de amparo y declare la nulidad del derecho a los meros efectos declarativos.

Eso sí, permitaseme que diga que no deja de tener cierta guasa que el Tribunal Constitucional hable de dilaciones indebidas cuando el recurso de amparo se interpuso en 2010 y se resuelve en 2016.

lunes, 16 de mayo de 2016

EL IDIOMA LA DIFICULTAD AÑADIDA

A la hora de trabajar con extranjeros, el abogado especialista en extranjería nota las diferencias culturales de los mismos dependiendo de su origen y país, algo de lo que debe ser consciente de conocer para evitar disfunciones y deficiencias o mejor dicho para minimizar las mismas que necesariamente se van a producir. Pero además de la cuestión cultural el abogado que trabaja la extranjería se encuentra con una habitual dificultad añadida: el idioma.

Y es que en muchos casos el conocimiento del idioma no es adecuado por parte del cliente extranjero y aun más frecuente de lo que podamos pensar, en estos casos, el extranjero no utiliza recursos que puedan subsanar esta cuestión tan sencillo como hacerse acompañar por un amigo o conocido que pueda servir de traductor improvisado. Incluso en estas ocasiones me he encontrado en la situación de que el pretendido intérprete de ocasión casi parece tener peor conocimiento del idioma que el sujeto a traducir, lo cual suele generar frustración.

Y es que soy todo lo comprensivo del mundo con las dificultades que un extranjero pueda tener que son muchas y notables y precisamente siempre defiendo que lo importante es entenderse aunque el dominio del idioma que manejemos no sea el más adecuado. Pero una cosa es entenderse en un entorno amigable y otra manejarse en un entorno o situación profesional en el que el no comprender bien las explicaciones conlleva realizar acciones incorrectas y eso supone en muchas ocasiones consecuencias negativas y malas para la persona en cuestión. Y más cuando estamos hablando del terreno jurídico o legal o afrontamos un juicio.

Mucho podría hablar también de la deficiente prestación de servicios de intérpretes en los juzgados y comisarías, mal pagados y sin una adecuada formación profesional de los mismos. Yo mismo he tenido que corregir traducciones in situ en procedimientos penales donde el utilizar un verbo incorrecto puede suponer la diferencia entre una absolución y una condena y en este sentido es interesante esta noticia de cómo un periodista es contratado por Seprotec la empresa que gestiona servicios de traducción como intérprete de árabe sin tener ningún conocimiento al respecto

El idioma que se configura (correcta o incorrectamente) como un importante valor de evaluación de la integración puede tener como digo nocivos efectos en el ámbito legal. Considero importante cuando tengo una entrevista con un cliente extranjero y percibo que no me está comprendiendo por cuestiones del idioma, parar inmediatamente la entrevista e insistir en la necesidad de contar con un apoyo de traducción que muchas veces por las características del cliente (mala situación económica) ha de ser como digo un intérprete improvisado. No hacerlo puede redundar en perjuicios para el cliente.

Este aspecto se ve reforzado por la directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales que refuerza la necesidad de garantizar el acceso a la información y la utilización de intérpretes, que un procesado pueda utilizar estos servicios sin que pueda someterse a un juicio sin tenerlos y que además sean de calidad.

Así el artículo 2.1

1.   Los Estados miembros velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretación en el transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales, incluido durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias.

martes, 10 de mayo de 2016

REAGRUPACION FAMILIAR. INGRESOS DEL REAGRUPANTE. SENTENCIA DEL TJUE DE 21 DE ABRIL DE 2016

En la reagrupación familiar quien pretende reagrupar ha de acreditar tener ingresos suficientes para poder mantenerse él y su familia incluyendo los familiares reagrupados tanto en el momento de la solicitud como previsiblemente en el año posterior. Así se deriva del artículo 54 del Real Decreto 557/11 y en particular cuando dice:

2. Las autorizaciones no serán concedidas si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En dicha determinación, la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud.

La Directiva 2003/86/ce sobre el derecho a la reagrupación familiar en relación a los medios económico establece en su artículo 7 que:

1. Al presentarse la solicitud de reagrupación familiar, el Estado miembro de que se trate podrá requerir al solicitante que aporte la prueba de que el reagrupante dispone de: 

a) una vivienda considerada normal para una familia de tamaño comparable en la misma región y que cumpla las normas generales de seguridad y salubridad vigentes en el Estado miembro de que se trate;

 b) un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos normalmente asegurados para los propios nacionales en el Estado miembro de que se trate, para sí mismo y los miembros de su familia; 

c) recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros evaluarán dichos recursos en función de su naturaleza y de su regularidad y podrán tener en cuenta la cuantía de los salarios y las pensiones mínimos, así como el número de miembros de la familia

Se planteó cuestión prejudicial por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un caso en qeu se denegó la reagrupación por no ser previsible mantener los ingresos suficientes teniendo en cuenta que la directiva habla en presente ("dispone de") de tener recursos fijos y regulares suficientes mientras que el reglamento habla de una evaluación futura (perspectiva de mantenimiento de ingresos durante un año) resolviendose la cuestión por la sentencia del TJUE de 21 de abril de 2016.

El TJUE entiende que al hablarse en la directiva de la necesidad de que los recursos sean regulares esto implica que puede entenderse compatible con dicha literalidad el requisito de que sean regulares en el futuro (posterior a la solicitud) "de su propio tenor resulta, concretamente del empleo de los términos «fijos» y «regulares», que esos recursos económicos deben presentar cierta permanencia y continuidad. A este respecto, con arreglo al tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), segunda frase, de la Directiva 2003/86, los Estados miembros evaluarán dichos recursos en función, en especial, de su «regularidad», lo que exige un examen periódico de su evolución"

No solo ello sino que la propia sentencia aprovecha para dejar expresado que el mismo examen de futuro es necesario para los otros requisitos que establece la directiva: vivienda y seguro de enfermedad "En efecto, debe señalarse que los requisitos relativos a la posesión de una «vivienda considerada normal» y de un «seguro de enfermedad», establecidos, respectivamente, en las letras a) y b) de la citada disposición, deben interpretarse asimismo en el sentido de que atribuyen a los Estados miembros, a los efectos de garantizar una estabilidad y una permanencia del reagrupante en su territorio, la facultad de fundamentar su decisión sobre la solicitud de reagrupación familiar en la probabilidad de que el reagrupante siga cumpliendo esos requisitos más allá de la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación familiar"

Argumentación que según el TJUE se complementa con el hecho de que cabe la posibilidad de retirar el permiso o de renovarlo si no se cumplen los citados requisitos y que se posibilita a los estados que los reagrupados no se conviertan en un carga (caso Chakroun sentencia de 4 de marzo de 2010)

Respecto a si un año (tiempo durante el que ha de preverse tener recursos suficientes) es un tiempo excesivo y por tanto limitativo del derecho a la reagrupación el TJUE entiende que es proporcional "A este respecto, procede señalar que el período de un año, durante el cual debe ser probable que el reagrupante disponga de recursos suficientes, tiene un carácter razonable y no va más allá de lo necesario para poder evaluar, de modo individual, el riesgo potencial de que el reagrupante se vea obligado a recurrir al sistema de asistencia social de dicho Estado después de que se haya producido la reagrupación familiar" habida cuenta además de que un año es la vigencia mínima de una autorización de residencia, ni tampoco es excesivo el examen de los seis meses previos a la solicitud pues la directiva no establece plazo alguno.

Conforme a todo ello el TJUE declara en su sentencia que:

El artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, debe interpretarse en el sentido de que permite a las autoridades competentes de un Estado miembro fundamentar la denegación de una solicitud de reagrupación familiar en una valoración prospectiva de la probabilidad de mantenimiento o no de los recursos fijos y regulares suficientes de los que debe disponer el reagrupante para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social de ese Estado miembro, durante el año siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, valoración que se basa en la evolución de los ingresos obtenidos por el reagrupante durante los seis meses anteriores a dicha fecha.


En mi opinión no puedo hacer una crítica técnica de la sentencia pues se ajusta al término de la directiva y su argumentación es técnicamente correcta. Sin embargo en la práctica se ha validado un examen de 18 meses (6 previos a la solicitud y previsión de 12 posteriores) que parece excesivamente riguroso para el ejercicio de un derecho el de la reagrupación familiar que afecta al propio desarrollo personal y al derecho a la vida en familia y que parece validar un sistema restrictivo de la reagrupación familiar que quedará en la práctica al alcance de aquellos extranjeros con varios años de residencia y con la suerte de haber contado con un trabajo estable durante todos estos periodos de tiempo, pues debemos tener en cuenta que lo normal es que este tipo de trabajadores desempeñen trabajos de alta rotación y con periodos de desempleo (trabajos temporales o trabajos agrícolas).

  





sábado, 7 de mayo de 2016

LA RECUPERACION DE LA LARGA DURACION

Ayer en el marco de una conversación informal un amigo también abogado pero que no lleva temas de extranjería ponía cara de notable extrañeza cuando le comentabamos lo que es la recuperación de la larga duración una vez que se ha perdido. Para él no tenía ninguna lógica lo que le estabamos contando. El abogado de extranjería está acostumbrado a moverse en un terreno en que poco de lo regulado tiene lógica, aunque en este blog siempre le he intentado encontrar alguna explicación y ahí va el reto. Encontrarsela y que sea esa.

La larga duración supone una para el extranjero una autorizacion para residir y trabajar en las mismas condiciones que los españoles (artículo 147 del R.D. 557/11) y el acceso a la misma es conforme el artículo 148 tras cinco años de residencia legal y cumpliendo los requisitos que en el mismo se mencionan. Una vez obtenida esta situación la vigencia de la misma es de cinco años, no exigiendose mayores requisitos para renovarla salvo el que vamos a indicar que genera notables problemas en la práctica. El artículo 150 habla de una mera renovación de la tarjeta, es decir, como cuando renovamos los españoles nuestro DNI.

Como expreso no hay requisitos para la renovación, pero si que hay supuestos en que cabe la extinción de la autorización de larga duración que se recogen en el artículo 166 en particular el supuesto que indica que genera notables problemas en la práctica:

c) Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante doce meses consecutivos.

Es decir, si un extranjero en situación de residencia de larga duración está fuera de la Unión Europea más de doce meses, será objeto de un procedimiento para la extinción de su situación legal

¿COMO RECUPERAR LA LARGA DURACION CUANDO SE HA PERDIDO POR ESTAR FUERA DE LA UNION EUROPEA?

El procedimiento se regula en los artículos 158 y siguientes y se reduce a presentar ante la oficina de extranjeros o la misión diplomática o consular española una solicitud acompañada de la siguiente documentación:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.
b) Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, en el que no debe constar condenas por delitos previstos en el ordenamiento español.
c) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades susceptibles de cuarentena previstas en el Reglamento sanitario internacional.

 Es decir, que no se necesitan cumplir mayuores requisitos, ni aportar contrato de trabajo, etc.

Lo que le parecía ilógico al amigo abogado era por tanto, ¿si tan fácil o sencillo es recuperar la larga duración por qué se produce la extinción de la misma?

La única explicación lógica que le encuentro es la de tener un efectivo control migratorio de los residentes efectivos. Dicho de otro modo, el problema de la pérdida por este motivo se suele centrar en nacionalidades africanas en las cuales es bastante habitual que obtenida la larga duración y por tanto sin necesidad de mantener unas cotizaciones mínimas anuales en España (lo que obliga a la estancia en España) y tras muchos años de tiempo que les ha costado llegar a esa situación pasan largas temporadas en su país de origen. La larga duración se ha construido como una figura asociada a migrantes que llevan mucho tiempo residiendo en nuestro país y desde la construcción de la política migratoria se entiende que quien lleva muchos años en nuestro país, por el arraigo y vinculación demostrada al mismo, tiene un trato favorable que deriva de esa situación "larga duración" frente a quien acaba de llegar. Y que ese trato más favorable deja de tener sentido con quien en la práctica demuestra su desarraigo no residiendo efectivamente en nuestro país.

Naturalmente esta no deja de ser mi opinión que no tiene por qué ser compartida por el lector, así que estaré deseoso de que dejeis vuestra opinión en comentarios.
 






domingo, 1 de mayo de 2016

REFORMA DEL CODIGO PENAL: LA EXPULSION DE INMIGRANTES IRREGULARES

El actual artículo 89 del Código Penal establece que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español, con la posibilidad de que exista un cumplimiento parcial de las mismas que no evitará la citada expulsión. La anterior redacción del código penal establecía esta expulsión para los extranjeros no residentes legalmente pero la redacción actual no efectúa esa distinción ni siquiera para el caso de aquellos ciudadanos de la unión o lo que veníamos a denominar en régimen comunitario.

Se preveen excepciones para la aplicación de esta expulsión en el párrafo cuarto:

4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada.
La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.
Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores procederá la expulsión cuando además:
a) Hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena máxima de prisión de más de cinco años y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza.
b) Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.

Generará especiales problemas el primer párrafo de este apartado pues serán los tribunales los que deberán determinar qué circunstancias de arraigo, personales y del hecho suponen que la expulsión sea desproporcionada, lo que nos sume en estos momentos en un campo de incertidumbre jurídica. Podríamos pensar en que serán supuestos similares los que actualmente se venían a considerar por los juzgados de lo contencioso administrativo como hechos que impedían la renovación de las autorizaciones de residencia por antecedentes, pero ciertamente no es el mismo supuesto una renovación y una expulsión (aunque podamos verle analogías) y no son los mismos órdenes jurisdiccionales.

Se prevee que si bien cabrá en un trámite posterior con audiencia de las partes lo normal es que el pronunciamiento al respecto de la expulsión se realice en la sentencia por lo que es obligación de los abogados defensores el ir preparados al juicio penal y provisionados de la documentación y prueba pertinente para poder pelear también está circunstancia ante una hipotética condena.

No serán sustituidas por expulsión:

9. No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis

Se trata de una excepción lógica, al no caber expulsión por condenas por delitos de trata de seres humanos, tráfico ilegal de mano de obra, favorecimiento de la inmigración irregular pues supondría dejar sin efecto preventivo especial y general al delito si quien los cometiera supiera que no iba a cumplir penas de prisión. No debemos olvidar además que se mantiene la posibilidad de expulsión administrativa por comisión de delito.

La cuestión en mi opinión y la dejo para reflexiones de otros compañeros es que con esta reforma, y salvo para estos delitos que se exceptúa, en estos momentos sí que estaríamos ante un claro non bis in idem si a un extranjero que comete un delito, no se le expulsa por entender que concurren alguno de los supuestos del párrafo 4 y se le pretende expulsar por una sanción administrativa del artículo 57.2 de la ley orgánica de extranjería. Dicho de otro modo, el 57.2 debería quedar a efectos sólo de estos artículos recogidos en el apartado 9 y ni siquiera en el caso de que la expulsión judicial no haya podido llevarse a efecto.

Esta modificación incide aún más si cabe en que el extranjero no cuente exclusivamente para su defensa con un abogado que sepa derecho penal sino que es muy conveniente que sea un abogado especialista en extranjería. Ya con la anterior redacción del código penal veía problemas en abogados que aconsejaban conformidades en sentencias en juicios penales que luego traían importantes problemas para los extranjeros por generar expedientes de expulsión o problemas en la renovación de autorizaciones o acceso a la larga duración. Ahora esos problemas serán mayores.



jueves, 21 de abril de 2016

COMUNICADO DE EXTRANJERISTAS ANTE EL ACUERDO UE - TURQUIA SOBRE REFUGIADOS

COMUNICADO DE LA ASOCIACION DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA “EXTRANJERISTAS” ANTE LA POSICION DE LA UNION EUROPEA CON LA SITUACION DE LOS REFUGIADOS PROVENIENTES DE ORIENTE MEDIO Y PROXIMO



La elaboración de una política común de asilo es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea  como se recoge en la Directiva 2001/55/CE relativa a las normas mínimas de concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. Como colectivo de especialistas queremos remarcar la falta de toma de conciencia sobre el hecho de que estamos hablando de una problemática asociada a personas desplazadas por mucho que utilicemos el término más coloquial de refugiados y que no se circunscribe exclusivamente a los desplazados sirios.

La posición de la Unión Europea supone establecer un canje de personas a la carta y cuantificado en el número de personas a acoger, delegando en Turquía el control de los flujos y movimientos de los refugiados y desplazados.  En la práctica nos encontramos con un cierre de fronteras

Existe un convenio de reciprocidad entre UE y Turquía de 16 de diciembre de 2013 que está enfocado al tratamiento de extranjeros en situación irregular no al tratamiento de los refugiados y que expresamente manifiesta no ser aplicable a los refugiados. La unión europea pretende adaptar este acuerdo que tenía como objetivo un colectivo significativamente distinto, lo que supone dar un tratamiento jurídicamente incorrecto y vulnerar el principio de igualdad ante la ley y el estado de derecho. Lo más grave de esta situación es que obvia a los refugiados categorizándolos como inmigrantes en situación irregular de una manera interesada.

En la práctica la unión europea se arroga la potestad de erradicar de protección internacional a los sujetos que tienen derecho a la misma en aplicación de los convenios internacionales al margen de que por el propio tratamiento obvia la situación de los ciudadanos desplazados de países distintos de Siria; del mismo modo está legitimando de manera inadecuada a Turquía como país seguro al efecto del cumplimiento de la normativa sobre asilo y refugio en la línea de querer dar este carácter a países de dudoso respeto de derechos humanos para de este modo eludir las obligaciones de los países de la unión europea.

Como colectivo de abogados especialistas expresamos que estas acciones de la unión europea suponen la limitación del artículo 14 de la declaración universal de derechos humanos al limitar el ejercicio del derecho de asilo, así como la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (art. 19 prohibición de expulsiones masivas) y resto de normativa internacional como la convención de ginebra o la convención de derechos del niño.

En este sentido, desde la asociación de Extranjeristas denunciamos que el “acuerdo” entre la unión europea y Turquía supone una vulneración de la normativa internacional y del propio derecho de la unión.


                                               Valencia, 15 de abril de 2016

domingo, 17 de abril de 2016

CRÓNICA DEL II MEETING EXTRANJERISTA EN VALENCIA

Este viernes 15 y sábado 16 se celebró la segunda edición del MEETING extranjerista organizado por la asociación de abogados extranjeristas de la cual soy secretario. Desde la junta de la asociación siempre hemos sido conscientes de que nuestro mayor activo es el grupo constituido por un cada vez mayor número de abogados asíduos de los encuentros de extranjeria, grupo que como digo va creciendo poco a poco. Los lazos exceden de los profesionales creándose un importante nexo de entendimiento personal entre los integrantes del grupo. Como digo, desde la junta siempre hemos sido conscientes del potencial colaborativo que ponían de manifiesto con la tendencia natural de estos profesionales por ayudar, compartir, aportar información, sentencias, etc.; algo por otra parte tan inhabitual en otros sectores de la abogacia.

Hace meses decidimos recoger parte de esa energía y crear un nuevo formato de encuentro donde tuvieran más valor los asistentes que los "docentes", hasta el punto de que una de las señas de identidad fue apostar por los integrantes del grupo. La idea del Meeting partía de las ganas de encontrarnos, de vernos y de compartir espacio, pero aprovechábamos esa energía para una puesta en valor y reivindicación de la profesionalidad de los integrantes. Todos y cada uno de ellos son grandes profesionales que aportan al resto. Cuadrar ese valor, esas ganas de vernos y darle una orientación de derecho colaborativo nos condujo a ese primer meeting en Zaragoza. Las valoraciones positivas de los asistentes nos desbordaron a quienes nos habíamos dejado la piel en que esa aventura sin prácticamente dotación presupuestaria saliera adelante. Un grupo de valientes se ofrecieron a organizar un segundo Meeting, esta vez en Valencia.

Circunstancias como parte de esa organización del Meeting así como responsabilidades derivadas del cargo directivo me han hecho no poder estar presente tanto como hubiera querido en las exposiciones jurídicas que se han realizado que esta vez se centraron en cuestiones relativas a la expulsión de residentes en larga duración, la problemática que para todo extranjero sin excepción genera el nuevo artículo 89 del código penal así como las afecciones a la práctica de la extranjeria con extranjeros en prision. También me perdí el formato que innovamos del pitch extranjerista que tanto gusta a los asistentes. Pero las valoraciones indican lo positivo del contenido y aportaciones de los participantes.



En esa línea de innovación hicimos un ejercicio de inteligencia colectiva jurídica con un análisis de la posición de la UE y Turquía con la situación de los desplazados (coloquialmente denominados refugiados) en la que sí estuve presente recogiendo las ideas aportadas por el grupo para redactar un comunicado de la asociación ante esta situación.

Muchas reflexiones nos surgieron como organización. Por un lado el éxito consolidado del evento pues sin realizar esfuerzos de difusión se llegó al número máximo de asistentes (ponemos un número máximo para poder gestionar la participación). Que en cada edición un nutrido número de abogados quieren incorporarse a esta realidad de grupo y ser socios con lo que no paramos de crecer. Que los socios asistentes quieren ampliar las acciones y papel de la asociación. Que podemos plantearnos además de consolidar este formato y su realización periódica otros eventos de mayor complejidad y para mayor número de asistentes.

Lo más positivo personalmente para mí ver esas ganas de hacer grupo, de crecer, de personas que quieren sentirse parte, de la generosidad de tantas personas asistentes, expositores, organizadores. El mejor momento para mí sin duda el previo, llegar a Valencia, encontrarme con los compañeros, tener la sensación de esos encuentros con personas a las que quieres y hace mucho que no ves (por mucho que el contacto sea constante por medios telematicos). Todo ello antes de tener que ponerme en el papel de ayuda a la organización. Y sobre todo aunque tuve que irme antes de que finalizara, sentir desde la distancia como estaban disfrutando lo cual motiva especialmente para seguir trabajando en hacer crecer este grupo y transformar en acciones practicas todo su potencial.

jueves, 7 de abril de 2016

II MEETING DE ABOGADOS EXTRANJERISTAS

Consolidando lo que fue el primer meeting de la asociación de extranjeristas, nuevamente participo en la organización del ya segundo meeting que se realizará en Valencia el próximo 15-16 de abril y en el que se tratarán temas de importancia actual en el sector del derecho de extranjería como la situación de los refugiados y un análisis jurídico del acuerdo al respecto entre UE y Turquía, así como la expulsión de extranjeros desde diversos enfoques prácticos.

También se tratarán otros temas muy prácticos en un formato muy novedoso, trasladando el pitch elevator a la comunicación jurídica, una experiencia que recibió grandes alabanzas en el primer meeting.

Aunque se trata de una reunión de miembros de la asociación, volvemos a hacerla abierta para todo tipo de profesionales e interesados en la misma, si bien todo interesado debe mandar un mail a esta dirección de correo electrónico para recibir invitación a la misma, por una mera cuestión organizativa y de que hay un aforo limitado

encuentroextranjerista@gmail.com

El encuentro se realiza en Valencia, en la tarde del viernes 15 de julio y la mañana del sábado 16 de julio en el centro Ca Revolta en calle Santa Teresa, 10 de Valencia

A continuación tenéis el programa con la previsión de ponentes y moderadores. Insisto en que se trata de un enfoque práctico, dinámico y participativo de los asistentes muy distinto a las clásicas charlas y ponencias.

Espero veros en el meeting extranjerista




PROGRAMA

VIERNES 15 DE ABRIL

16:30 - 17:00 PRESENTACION Carlos Rolin Presidente de Extranjeristas y Representante organización de Valencia

17:00 – 18:30 TALLER SOBRE EL ARTICULO 89 DEL CODIGO PENAL Y SUSPENSION DE PENAS ART. 80 Y SIGUIENTES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EXTRANJERIA  Artículo 89 CP Y SITUACIONES DE LOS EXTRANJEROS EN PRISION. Cambios introducidos por la nueva legislación. Protocolos de actuación A cargo de: Vladimir Eneraldo Herrera abogado (Valencia) y Pilar Serrano abogada (Valencia). Moderador: Angeles Blanco abogada (Valencia)

18:30 – 19:00 BREAK

19:00 – 20:00 REFUGIADOS. SITUACION EN ESTOS MOMENTOS EN UE. ANALISIS JURIDICO DEL ACUERDO UE-TURQUIA . Amparo Gil abogada (Valencia) especialista en asilo y protección internacional y Carlos Rolin abogado (Algeciras) presidente de la asociación. Moderador: Alfredo Herranz (Zaragoza) secretario de la asociación

-          Tras una exposición de la posición UE desde la perspectiva de normativa internacional generaremos una participación de análisis colectivo recogiendo la misma en un documento que expresará la posición de la asociación para su difusión.

22:00 –   CENA

SABADO 16 DE ABRIL

10:00 – 11:30 TALLER EXPULSION. EL ARTICULO 57.2 DE LA LEY ORGANICA DE EXTRANJERIA EN RESIDENTES DE LARGA DURACION. CONSTITUCIONALIDAD. Examen y análisis práctico del mismo. Su constitucionalidad. Estrategias de actuación letrada.
A cargo de Farah Atari Stouti Abogada. Moderador: por determinar

11:30 – 12:00 PAUSA

12:00 – 14:00 PITCH EXTRANJERISTA. 6 temas en formato de exposición breve.  Dinamizador: Felipe Garoña abogado (Huelva).

1.      OBTENCION DE TARJETA DE FAMILIARES DE UE PARA ASCENDIENTES DE ESPAÑOLES (obtención tarjeta familiares UE) Roberto García abogado (Tenerife)

2.       MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS A RESIDENCIA Y TRABAJO Mirla Angulo abogado (Barcelona)

3.       EXTINCIONES RESIDENCIA RF POR ESTANCIA SUPERIOR AL TIEMPO REGLAMENTARIO. Glenda Fermín abogada (Granada)

4.      INCIDENCIAS EN MATRIMONIOS FRAUDULENTOS, EN ESPECIAL, LA EFICACIA DE LA DECLARACIÓN POLICIAL SIN ASISTENCIA LETRADA Olga Hernández abogada (Barcelona)

5.       POR DETERMINAR

6.      POR DETERMINAR

14:00 - CLAUSURA

14:30 – ALMUERZO

16:30 – 18:00 ESPACIO DINAMIZACION. Reunión integrantes de la asociación.

18:00 VISITA TURISTICA “Los secretos de Valencia”

22:00 CENA

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CA REVOLTA http://carevolta.org/
Carrer de Santa Teresa, 10, 46001 València

INSCRIPCION

Mandando mail a: encuentroextranjerista  Gmail.com
Precio NO socios: 15 euros
Socios: gratis