AUTOR

Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

OTROS BLOGS DEL AUTOR

viernes, 27 de noviembre de 2015

SOBREDOSIS DE REFUGIADOS

No. No me refiero a que haya demasiados o a limitar su acceso. Si eres lector habitual del blog o mejor dicho de mis blogs sabes que no pienso eso. Pero creo que nunca había visto tanto acto, evento, jornadas, efc. sobre el tema en todos los años que llevo de ejercicio. O nos quedamos cortos o nos pasamos y espero que en tanta intervención y programación no haya mucho de moda y si de concienciación.

Porque es importante la concienciación y debemos aplaudir que en estos momentos se hable de ello cuando durante años y décadas la cuestión de los refugiados ha sido una de las grandes olvidadas en nuestro país. Por la razón que sea en estos momentos es un tema candente y es bueno que aprovechemos para denunciar la situación de abandono e incumplimiento de las obligaciones internacionales para con ellos.

Pero uno sigue esperando resultados y puesta en práctica. Como la de ese registro de voluntarios que monto el CGAE hace creo ya dos meses y que siguen sin formar y sin función alguna en estos momentos.

Me gustaría que este tema, el de los refugiados, quedará al margen de quienes habitualmente se quieren poner medallas y buscar focos. Por decencia.

viernes, 13 de noviembre de 2015

¿LA DESIGNACION DEL TURNO DE OFICIO CONFIERE REPRESENTACION?

Con ocasión de la organización y desarrollo del meeting de abogados extranjeristas en Zaragoza conversaba con diferentes compañeros entre ellos Hipólito Granero de Valencia que además sacó la cuestión durante el desarrollo del mismo sobre el problema que se plantea en muchas zonas con esta cuestión. Hay lugares donde se designa a un letrado del turno de oficio para interponer un recurso contencioso pero luego los tribunales consideran que el letrado no tiene representación con el obstáculo procesal que supone o la consideración de no comparecencia si el ciudadano extranjero no firma los escritos o no está presente en las actuaciones.

Sobre esta cuestión escribí una entrada en este blog que es una de las más visitadas lo cual indica que se trata de un problema extendido y de ahí la frecuencia de la consulta y también esta otra entrada donde se recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Granada que considera que la designación de procurador equivale a representación. Así mismo no es una cuestión exclusiva de la extranjería. Es extensiva a otras actuaciones. Ya hace años me lo plantee en un procedimiento civil en el que alcanzamos un acuerdo y el juzgado nos indicó que hicieramos una transacción judicial. Caí en la cuenta de la inexistencia de apoderamiento al procurador y sobre todo que no se le había apoderado expresamente para llegar a acuerdos y transaccionar. Consultada la cuestión con el secretario judicial llegamos a la conclusión de que aunque no se iba a exigir apud acta o poder notarial en puridad debería ser obligatorio de donde concluí como práctica para TODOS los procedimientos del turno de oficio donde intervengo la conveniencia de realizar apud actas.

Hoy una amiga abogada de extranjería, asidua de los encuentros de abogados de extranjería y también activa miembro de la asociación de extranjeristas nos ponía sobre aviso de la sentencia publicada hoy en el BOE del Tribunal Constitucional de fecha 5 de octubre de 2015 sentencia 207/15 sobre esta cuestión. La sentencia no deja de ser decepcionante (en privado he utilizado una expresión más escatológica) por no entrar en el fondo y alumbrarnos sobre esta cuestión.

El resumen de los hechos es el siguiente: procedimiento de recurso contencioso administrativo iniciado por abogada designada por turno de oficio mediante demanda sobre expulsión de un preso (en la entrada del blog a que he hecho referencía expresaba esta concreta problemática). Se le requiere para subsanar la falta de representación y se presenta escrito ya con designación de procurador de oficio aportando copia designación a efectos de subsanar el requerimiento. Se vuelve a requerir expresamente para que se aporte apud acta o poder notarial. Se insiste por la parte en que la designación de oficio otorga representación. Se inadmite el recurso por falta de representación. Se recurre en apelación con los mismos argumentos. Se inadmite el recurso de apelación nuevamente por falta de representación. Se interpone recurso de queja que se desestima por "improcedencia de extender a la vía judicial las designaciones de asistencia letrada hechas en comisaría por los extranjeros incursos en expedientes de expulsión del territorio nacional, cuando no consta en el recurso contencioso-administrativo otorgado apoderamiento alguno —notarial o apud acta— de los que exige el ordenamiento para litigar". Se interpone recurso de amparo.

Y teniendo la oportunidad de poder entrar en esta cuestión, pues precisamente el recurso de amparo se admite a trámite " apreciando como motivo de especial trascendencia constitucional que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2" el Tribunal Constitucional no lo hace y nada nos aclara. Argumenta que como las resoluciones se fundamentan en que la letrada no tiene representación, pero en el procedimiento hay un procurador de oficio que es constantemente ignorado, no se está resolviendo sobre la cuestión nuclear y por tanto hay vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

"Por tanto, la causa legal que se utiliza para decidir el archivo del proceso no es aplicable a este supuesto. En efecto, la cuestión nuclear que se planteaba en este caso era si la designación de oficio del Procurador era suficiente para asumir la representación del demandante, como alegaba la parte, o era necesario adicionalmente el otorgamiento de poder –apud acta o notarial– a favor de Procurador.

Esta cuestión no fue abordada en ningún momento por el indebido planteamiento que se hizo del supuesto en las resoluciones impugnadas, de manera que quedó sin respuesta. De hecho, no hay la mínima mención a la actuación del Procurador de oficio ni a la designación realizada por el Colegio de Procuradores, lo cual nos lleva a concluir que el archivo no quedó justificado"

Y retrotrae las actuaciones al momento en que se inadmitió la demanda para que se dicte nueva resolución teniendo en cuenta la designación de procurador de oficio.

En definitiva que nos quedamos sin saber la respuesta a lo que el propio Tribunal Constitucional identifica como cuestión nuclear cual es si la designación de oficio equivale a otorgamiento de representación procesal.

Pero leyendo entre líneas todo apunta a que la respuesta del Tribunal Constitucional sería que no. Que la designación de oficio no otorga representación, pues de otro modo bien podía hacer dicho que si la otorga y que se lo otorga al abogado, aunque ahí tenemos otro debate cual es si el abogado puede representar en un procedimiento contencioso.


miércoles, 11 de noviembre de 2015

EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE LA NACIONALIDAD

El nuevo procedimiento de nacionalidad se ha regulado recientemente por Real Decreto 1004/15 publicado en el BOE de 7 de noviembre. Una de las principales novedades del mismo es que pasamos de un previo sistema mixto con competencias en la gestión por los Registros Civiles a un nuevo procedimiento netamente administrativo y con marcado carácter telemático y de tramitación electrónica.

El procedimiento se inicia a solicitud del interesado y se instruirá por la Dirección General de los Registros y del Notariado finalizando con resolución del Ministro de Justicia. Cabe y se potencia la presentación de la solicitud en formato electrónico que deberá ser acompañada de la documentación preceptiva digitalizada (solicitud, certificado de nacimiento, pasaporte, documentación justificativa de la integración y pago de la tasa) y se prevé la realización de convenios de colaboración con diversos profesionales. En el artículo 3 se establece que si actúa como representante del ciudadano un profesional con colegiación obligatoria, será obligatorio que el procedimiento se realice de manera electrónica. Respecto al resto de ciudadanos, las comunicaciones telemáticas con los interesados o sus representantes habrán de ser solicitadas o consentidas de modo expreso. En caso contrario, las notificaciones se realizarán en soporte papel.

Entre los trámites del procedimiento, se mantiene la obtención de oficio de cuantos informes se considere necesario recabar de las Administraciones Públicas competentes y, en todo caso, el del Ministerio del Interior, conforme exige la norma vigente. Asimismo se requiere el informe que el Centro Nacional de Inteligencia emita en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente encomendadas.

Otra de las novedades del procedimiento es implantar un sistema de exámenes que sustituyen a los que en la práctica se realizaban en el ámbito de los registros civiles. Así se prevé la realización de un examen o prueba de español bajo la competencia del Instituto Cervantes a los efectos de que se acredite un nivel de conocimiento del idioma equivalente a los exámenes para la obtención de los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) como mínimo en su nivel A2 si bien se habrá de prever la situación de los menores o incapacitados así como que de ellos quedarán exentos quienes provengan de un país en el cual el castellano sea idioma oficial (países de habla hispana listados en el reglamento) o ya se tenga previamente dicho certificado de nivel. Dicha certificación podrá ser comprobada de oficio sin necesidad de que el ciudadano aporte certificado al respecto.

También se realizará una prueba objetiva bajo el amparo del Instituto Cervantes que evalúe los conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En la práctica ambas pruebas pueden convertirse en un obstáculo difícilmente salvable para aquellos ciudadanos con menor capacidad intelectual. Respecto a los menores se aportarán los certificados que sus representantes consideren adecuados para poder acreditar la integración sin que quede claro de la lectura del reglamento cuales son.

Para los extranjeros que son personal al servicio de las Fuerzas Armadas se establecen normas específicas no necesitando reiterar el juramento o promesa solemne ante la bandera, de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución realizado con anterioridad, certificando el Ministerio de Defensa el cumplimiento de los conocimientos socioculturales y en algunos casos teniendo el expediente un impulso preferente y urgente.

La Dirección General de los Registros y del Notariado emitirá propuesta de resolución de concesión o denegación. Junto con los informes emitidos el Ministerio de Justicia resolverá teniendo un plazo de un año para resolverse a contar desde el momento de la solicitud si bien se establece la existencia de silencio negativo. En los casos de concesión la eficacia quedará condicionada a que en el plazo de 180 días se proceda al juramento, se renuncie en su caso a la anterior nacionalidad, se realicen las inscripciones correspondientes y se mantenga la buena conducta cívica.

El pago de la tasa se realizará mediante el cumplimiento del formulario de pago que se encontrará disponible en la web del ministerio de justicia. El pago de la tasa no incluye el precio de los derechos de examen de las pruebas anteriormente mencionadas.


Respecto a los expedientes en curso se recoge que los expedientes se regirán por las normas vigentes en el momento de la solicitud. Esto ha generado cierta controversia dado que la práctica de diversos registros civiles era dar cita previa para la presentación de solicitudes existiendo citas dadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo procedimiento. Hay que tener en cuenta que la modificación es sustancial tanto en términos de competencia como en el de la realización de los exámenes y pago de tasas. Así hay un periodo transitorio según el cual podrán presentarse en los registros civiles hasta el 30 de junio de 2017 en soporte papel. A partir de esa fecha solo podrán presentarse telemáticamente o del modo que genéricamente esté regulada la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas.



Más información sobre este tema en el blog:



viernes, 6 de noviembre de 2015

DOMICILIO EN EXPEDIENTE SANCIONADOR DE EXPULSION

A vueltas con el domicilio en los expedientes sancionadores escribí esta otra entrada en el blog en la que explicaba las posibilidades que nos daba la sentencia de 3 de julio de 2013 del Tribunal Supremo al expresar que la notificación ha de realizarse en el domicilio designado expresamente a efectos de notificaciones.

Comparto ahora lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de septiembre de 2015 que recoge lo expresado por la del Tribunal Supremo y declara la caducidad del expediente sancionador y por tanto de la sanción de expulsión por no haberse practicado las notificaciones en el domicilio designado con el siguiente supuesto de hecho:

"Pues bien, del expediente administrativo resulta que, cuando el día 14 de agosto de 2011, se detuvo al recurrente y se inició el procedimiento sancionador, don Basilio señaló como domicilio propio una vivienda en el número NUM000 de la CALLE000 , de Madrid, siendo de significar que en su declaración otorgó a la Letrado su representación en el procedimiento administrativo y que ésta presentó ulterior escrito de alegaciones en el que designó como domicilio a efectos de notificaciones la CALLE001 número NUM001 de Las Rozas. 

Sin embargo, la notificación de la resolución sancionadora, dictada el 15 de septiembre de 2011, se efectuó mediante dos envíos por correocorreo certificado con acuse de recibo dirigidos a nombre del recurrente y a la CALLE000 NUM000 , de Madrid, donde no fue hallado tras haberse practicado dos intentos de notificación, el primero el día 22 de septiembre de 2011, y el segundo el 5 de octubre de 2011, ambos con resultado de "desconocido".

La resolución sancionadora se publicó en el BOCM de 25 de mayo de 2012. 

En ningún momento se notificó, ni se intentó notificar, la orden de expulsión en el domicilio que se había designado a efectos de notificaciones, en el número NUM001 de la CALLE001 , de la localidad de Las Rozas. 

Así las cosas, no cabe considerar válidamente notificada la resolución sancionadora ni, por ende, que haya de tenerse por interrumpido el plazo de caducidad, ya que el intento de notificación se produjo en el domicilio personal del interesado, pero no en el que se había designado a efectos de notificaciones, de manera que en el supuesto litigioso se produjo efectivamente la caducidad del procedimiento, lo que es determinante de la estimación de la apelación, sin que sea preciso entrar a examinar y a resolver los demás motivos de recurso."

Sentencia que considero de mucha utilidad para los abogados que intervenimos en los procesos de expulsión y que vemos como sistemáticamente se nos utiliza como lugar de notificación de resoluciones de extranjeros que en algunas ocasiones hemos perdido la pista, sobre todo en las intervenciones como abogados de oficio dado la movilidad de los ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Nuevamente aconsejo la conveniencia de en el trámite de alegaciones o separadamente hacer una expresa designación de domicilio a efectos de notificaciones que en muchas ocasiones nos puede abrir la puerta a la caducidad del expediente sancionador por un mal y mecánico actuar de la admnistración a la hora de notificar.