AUTOR

Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

OTROS BLOGS DEL AUTOR

miércoles, 30 de septiembre de 2015

¿LA TRAMPA SIEMPRE CAMPA?

Buscando jurisprudencia a veces se encuentra uno pequeñas joyas. Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo es aunque no en sí por lo jurídico, como voy a explicar, y me ha recordado aquella frase de los juegos de niños de "la trampa siempre campa" que venía a indicar que quien hacía trampas luego era perjudicado. Me gustaría saber si ha sido así pues el caso me parece especialmente grave.

Como indica esta sentencia de 17 de marzo de 2015 el tema se trata de una denegación de renovación, ya para obtención de larga duración, en la que el recurrente alega entre otras cosas silencio positivo. En este supuesto de renovaciones opera el silencio positivo pero la administración lo deniega diciendo que el recurrente había presentado escrito cumpliendo con requerimiento el 16 de junio de 2010 resolviendose el 16 de septiembre. La recurrente esgrime airada una copia sellada de la presentación en registro el 15 de junio de 2010.

Este párrafo de la sentencia es especialmente indicativo de lo sucedido y de la buena labor de los magistrados de la Sala.

"Como ya se ha reiterado la Sentencia no entiende que se ha producido el silencio pues tras el requerimiento de documentación se presentaron las alegaciones el 16 de junio de 2010 , por lo que cuando se intentó el 16 de septiembre la notificación no había transcurrido los tres meses necesarios para que se concediese la autorización por silencio. Sin embargo y a la vista del propio expediente y de la copia de la presentación sellada ha de indicarse que no le falta razón al recurrente cuando señala que las alegaciones se presentaron el 15 de junio de 2010, y por lo tanto el 16 de septiembre ya estaba concedida la autorización por silencio. Se aprecia esta circunstancia al trasluz en el folio 31, el sello de registro de esa fecha está tapado con una pegatina del día posteriori y por la copia presentada en la que igualmente se observa la presentación en esa fecha,"

Lo dice la sentencia, no lo digo yo. Alguien colocó sobre el verdadero sello de presentación del expediente administrativo una pegatina con una fecha posterior. Esto supuso denegar en 2010 una situación de larga duración y por lo tanto abocar a la irregularidad al ciudadano. Obligarle a contratar profesional para sustanciar recursos. Que un juez en primera instancia no atendiera a la evidente razón del sello de entrada en la copia que se quedó el ciudadano en su presentación. Y que su caso se resuelva en 2015. Los perjuicios en su situación, posibilidad de trabajo, etc. son evidentes.

En otro orden, lo conveniente de no fiarse de la administración y revisar el expediente administrativo hasta el último detalle.

También la importancia de guardar copia sellada de todo lo que se presente.

Y mi duda final. ¿Campó la trampa? ¿Se han abierto diligencias penales para esclarecer estos gravísimos hechos?

sábado, 26 de septiembre de 2015

TALLER PRÁCTICO SOBRE EXTRANJERIA

El próximo día 30 de septiembre a las 19:00 en las instalaciones del Colegio de abogados de Zaragoza impartiré un taller práctico sobre derecho de extranjeria junto con otra compañera abogada. El objetivo del mismo es que los asistentes salgan con una noción básica del sistema de extranjeria y de aquellos aspectos más esenciales y de importancia para un ciudadano extranjero.

De una manera atractiva y dinámica y dejando espacio a la participación y debate de los asistentes hablaremos de:

- visados y maneras de entrar

- la diferenciación entre las situaciones administrativas una vez que el ciudadano extranjero esta aquí

- los permisos y su renovación.

- el enfoque laboral tanto en situación regular como no regular

Sobre todo consejos prácticos y aspectos a los que hay que estar especialmente atento.

La entrada es libre y gratuita. Estas invitado a venir. 

martes, 8 de septiembre de 2015

REFUGIADOS Y DERECHOS HUMANOS

Mucho se está hablando estos días de la crisis humanitaria en Siria y por ende del problema de los refugiados y todas esas personas a las cuales se refiere la convención de Ginebra y que son por tanto sujetos de protección. Lo cierto es que por la razón que sea, en estos momentos la ciudadanía española está especialmente sensibilizada con esta problemática que no es nueva. Ni es nueva la crisis humanitaria en Siria ni es nueva la problemática de los refugiados pues desplazados los hay con diversos orígenes y muchos de ellos llevan años en nuestro país.

Está bien que ahora la sociedad se muestre especialmente sensibilizada pero es importante esta cuestión para que no se convierta como tantas otras en algo puntual y pasajero sujeto a la incidencia del momento. Y es bueno que la sociedad se movilice y genere presión ciudadana pero más allá de las positivas muestras de solidaridad individual, colectiva o más o menos organizada, se presione socialmente para que quien tiene que hacer algo lo haga, que no son otros que los gobiernos. Esto no supone que las iniciativas ciudadanas se frenen o no tenga lugar, pero siempre entendidas como complementarias y no sustitutivas, insisto de lo que supone la obligación normativa.

Y es que España, como tantos otros países está sujeto al derecho internacional y a los compromisos adquiridos conforme al mismo y en este caso en particular a la convención de Ginebra de 1951 mediante adhesión producida ya en el año 1978. No es el único tratado ni normativa internacional sobre la materia que tenemos la obligación de cumplir, pero es importante reiterar esta idea que puede quedar sepultada con la sensibilización y voluntarismo. El Estado Español tiene la obligación de proteger a los refugiados (vease el artículo 1 de la convención de Ginebra para lo que se considera refugiado y el resto para entender las obligaciones asumidas por el Estado).



Esta obligación no lo es solo y en exclusiva en este momento y para los refugiados sirios. Algunas voces llevan años denunciando el incumplimiento de estas obligaciones, la deficiente aplicación de la normativa de asilo y refugio, como se inadmiten numerosas solicitudes en frontera, la dificultad de muchos abogados extranjeristas en poder atender a los solicitantes de asilo en frontera, la tardanza en tramitar y resolver estas solicitudes (más de tres años) y la elevada denegación de las mismas (en torno al 80% de las solicitudes son denegadas).

El gobierno reitera la confusión entre migrante y refugiado, entiende (desde el momento en que entra en una guerra de cifras de refugiados acogidos y lo condiciona al mercado laboral español) la condición de refugiado como una vía migratoria más; en definitiva, obvia que cuando hablamos de refugiados hablamos de protección y garantía de derechos humanos.

Y esta es precisamente la clave de la cuestión y de cualquier actuación. El refugiado tiene una situación de riesgo que afecta a los derechos humanos y un estado que ha suscrito la convención de Ginebra tiene la obligación de proteger y garantizar esos derechos humanos. Sólo un enfoque desde esa perspectiva, desde la de los derechos humanos es garante de que no se produzcan situaciones de riesgo y desplazamiento. Esa es la respuesta que debería dar Europa y por extensión la comunidad internacional: políticas de protección y garantía de derechos humanos.

Y es que es positivo que surjan iniciativas ciudadanas que sobre la solidaridad humana aporten ayuda. Pero no olvidemos que quien debe por obligación hacerlo son los Estados. Y que el trabajo esencial que debemos hacer es generar que el Estado cumpla sus obligaciones y enfoque la cuestión de los refugiados desde su obligación de proteger los derechos humanos y para ello necesariamente cambie la política de asilo y empiece con los que ya están aquí y llevan años entre nosotros.

No nos olvidemos de ellos.