AUTOR

Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

OTROS BLOGS DEL AUTOR

martes, 27 de enero de 2015

SOLICITUD DE NACIONALIDAD

Cada vez más ciudadanos extranjeros deciden dar el paso de obtener la nacionalidad española. Muchos de ellos afrontan el expediente sin la adecuada información y asesoramiento. Es conveniente asesorarse con antelación y contar con la ayuda de un abogado especialista en nacionalidad por las razones que explico a continuación.

No existe un derecho a obtener la nacionalidad, dado que la nacionalidad es algo inherente a la soberanía de un país y como tal, las normativas facultan al poder para concederlo sin que sea algo a lo que se tenga derecho. Muchos solicitantes desconocen este aspecto y de este modo piensan que un expediente de nacionalidad es lo mismo que la obtención de una autorización de residencia y trabajo donde si se aportan los documentos requeridos y se cumple la normativa se concede.



Esto como digo no sucede en los expedientes de nacionalidad, dado que no hay un derecho a obtenerla. A pesar de presentar todos los documentos exigidos podemos encontrarnos una resolución denegatoria. Por eso muchos solicitantes ven denegada su solicitud, porque el expediente no está bien presentado ni preparado. Una solicitud de nacionalidad va más allá de la aportación de la documentación establecida o de cumplir los años de residencia exigidos. Hay que analizar cada caso en concreto para ver si existen riesgos de ser denegada porque se considere que no hay buena conducta o integración, por poner un ejemplo, y si se analizan dichos riesgos y se ve conveniente, aportar documentación complementaria que refuerce los puntos débiles de la solicitud.

Y también es necesario un seguimiento del expediente con el debido asesoramiento en cada una de sus fases y obstáculos. Esto todavía es más importante con la actual tardanza en conseguir presentar la solicitud o años para que se resuelva una solicitud, donde todavía es más necesario hacer las cosas bien y contar con un buen abogado, pues una resolución negativa nos haría perder esos años.

sábado, 24 de enero de 2015

EXPULSION DE COMUNITARIO: ORDEN PUBLICO

Se aplica el régimen de comunitarios a los nacionales de países de la Unión Europea y a los de los países integrantes del Espacio Económico Europeo así como a los familiares de estos determinados en el artículo 2 del Real Decreto 240/07. Estos ciudadanos tienen un régimen regulatorio distinto al del resto de los extranjeros y también otro sistema en caso de expulsión de los mismos.

Así el artículo 15 del Real Decreto 240/2007 dispone que: 

1. Cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes en relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o con los miembros de su familia:
a) Impedir la entrada en España, aunque los interesados presenten la documentación prevista en el artículo 4 del presente real decreto.
b) Denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros, o la expedición o renovación de las tarjetas de residencia previstas en el presente real decreto.
c) Ordenar la expulsión o devolución del territorio español.
Únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o a miembros de su familia, con independencia de su nacionalidad, que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en España, si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Asimismo, antes de adoptarse una decisión en ese sentido, se tendrán en cuenta la duración de la residencia e integración social y cultural del interesado en España, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, y la importancia de los vínculos con su país de origen.

Como se ve en tal regulación deben concurrir razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública.

A este respecto cabe significar que la STJCE de 10 de julio de 2008 se pronuncia sobre las facultades de los Estados de limitar la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión o de los miembros de sus familias por razones de orden público o de seguridad pública, y declara: 

«(23) la jurisprudencia ha aclarado que el concepto de orden público requiere, en todo caso, aparte de la perturbación del orden social que constituye cualquier infracción de la ley, que exista una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad ...». 

Y prosigue:

 «24. Tal enfoque de las excepciones al citado principio fundamental que pueden ser invocadas por un Estado miembro implica, en particular, según se deduce del artículo 27, apartado 2, de la Directiva 2004/38 , que las medidas de orden público o de seguridad pública, para estar justificadas, deberán basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado, y no podrán acogerse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general» .



A este respecto, estos conceptos son distintos de la existencia de antecedentes penales o de alguna condena. Expresa la sentencia de 13 de junio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que la mera condena penal no implica necesariamente afectación al orden público (...) . De acuerdo con la jurisprudencia reseñada supra, la condena penal del recurrente sólo podría ser tomada en consideración, a efectos de acordar la medida de expulsión, en la medida en que las circunstancias que han dado lugar a la misma evidenciaran la existencia de un comportamiento personal que constituyera una amenaza para el orden público, y para poder llegar a esa conclusión se exige una valoración individualizada por la Administración de la concreta conducta personal de aquél basándose para ello, según establece el art. 15.5.d) del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , en los informes de las autoridades policiales, fiscales o judiciales que figuren en el expediente."

Algunos ejemplos en que se estima la procedencia de la expulsión por los Tribunales son los siguientes:

* Sentencia del TSJ de Castilla y Leon, de 26 de junio de 2014, cónyuge de español. Condena por delito contra la salud pública de seis años de prisión, cumplida. Estima como procedente la expulsión

* Sentencia de TSJ Castilla y Leon de 26 de junio de 2014 habla de cinco detenciones por delitos y faltas por robo con fuerza en las cosas y falsificación en documentos públicos. Estima la expulsión.

* Sentencia del TSJ Castilla y León de 20 de junio de 2014 presa preventiva con  tres detenciones por delitos de robo con fuerza en las cosas, contra la salud pública y asociación ilícita, todas ellas entre enero y agosto de 2012. Sin condena, estima procedente la expulsión.

* Sentencia del TSJ Valencia de 13 de junio de 2014. Condena por delito de tráfico de drogas a 6 años y un mes de prision de familiar de residente comunitario, entiende que la mera condena no justifica la expulsión no habiendose argumentado adecuadamente en la resolución la conveniencia de la misma.




Aun así, actualmente existe controversia ante los Tribunales para poder delimitar este concepto de orden pública sin que todos los juzgados acepten estas cuestiones. Razón más para que el extranjero comunitario que se encuentre en esta situación de expediente de expulsión deba contar con un abogado con conocimientos en esta materia.

viernes, 16 de enero de 2015

LAS CINCO ENTRADAS DE 2014 MAS LEIDAS

A continuación recojo las cinco entradas más leídas de 2014 durante el pasado año:

1. La más leída estudia la necesidad de poder notarial o apud acta para abogado en el procedimiento abreviado

2. En esta posición la que dediqué a trasladar la experiencia de la participación en el encuentro de abogados de extranjería celebrado en Bilbao, de tan grato recuerdo para mi

3. Una reflexión en aquellos días en que se vinculaba Ebola e inmigración

4. La cuarta entrada más leída es un estudio sobre el apoderamiento a procurador cuando este interviene por turno de oficio

5. Por último un comentario sobre una sentencia que acuerda la nulidad del expediente sancionador por inadecuado uso del procedimiento preferente.

Durante el año 2014 las visitas medias mensuales han sido cuatro veces superiores a las de 2013, manteniendo una misma frecuencia de publicación. He recibido buenas críticas en persona sobre el contenido y calidad de las entradas a pesar de que en mi opinión no han sido numerosas.

Como objetivo para este año es incrementar la frecuencia de publicación de entradas, hasta al menos cuatro al mes.

martes, 13 de enero de 2015

MATRIMONIO ISLAMICO: EFECTOS CIVILES

Abordo un tema controvertido y no exclusivo del ámbito migratorio pues no debemos como decía en esta entrada confundir religión con inmigración. ¿Qué efectos civiles tiene un matrimonio islámico por el mero hecho de su celebración? Para ello aprovecho la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 194/14 de 1 de diciembre que me viene bien (o mejor dicho mal) para un asunto de mi despacho.

Por ley 26/1992 se regula el acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España en el cual se recoge en relación al matrimonio el artículo 7 con el siguiente contenido:

1. Se atribuye efectos civiles al matrimonio celebrado según la forma religiosa establecida en la Ley Islámica, desde el momento de su celebración, si los contrayentes reúnen los requisitos de capacidad exigidos por el Código Civil.
Los contrayentes expresarán el consentimiento ante alguna de las personas expresadas en el número 1 del artículo 3 y, al menos, dos testigos mayores de edad.
Para el pleno reconocimiento de tales efectos, será necesaria la inscripción del matrimonio en el Registro Civil.
2. Las personas que deseen inscribir el matrimonio celebrado en la forma prevista en el número anterior, deberán acreditar previamente su capacidad matrimonial, mediante certificación expedida por el Registro Civil correspondiente. No podrá practicarse la inscripción si se hubiera celebrado el matrimonio transcurridos más de seis meses desde la expedición de dicha certificación.
3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad Islámica en que se hubiera contraído aquél, enviará al Registro Civil, para su inscripción, certificación acreditativa de la celebración del matrimonio, en la que deberán expresarse las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil.
4. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y de los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas, la inscripción del matrimonio celebrado conforme al presente Acuerdo podrá ser promovida también en cualquier tiempo, mediante presentación de la certificación diligenciada a que se refiere el número anterior.



Por un lado se recoge que el matrimonio tiene efectos civiles desde el momento de su celebración pero para que tenga "plenos efectos civiles" ha de producirse la inscripción en el registro civil. ¿que ocurre en ese intervalo de tiempo o si no se inscribe?

Conforme expresa la instrucción de 10 de febrero de 1993 de la Dirección General de los Registros y del Notariado caben dos vías a la hora de realizar el matrimonio islámico tras esta ley:

* realizar un expediente matrimonial previo que finalizará reconociendo la capacidad de los contrayentes, celebrar el matrimonio islámico y con la certificación inscribirlo limitandose a comprobar el registro la certificación y que la inscripción se solicita en un plazo no inferior a 6 meses.

* no realizar el expediente matrimonial previo, en cuyo caso deberá hacerse con posterioridad y atender especialmente a la capacidad de los contrayentes según indica dicha instrucción y de todos los requisitos de fondo.

¿Que efectos civiles se producen en caso de no inscripción? Bien, la mencionada sentencia del tribunal Constitucional, en mi humilde opinión no entrando donde debe entrar y entrando donde no debe entrar, pues se comporta como un órgano jurisdiccional cuando tal no es la función del Tribunal Constitucional, establece que el matrimonio por rito islámico solo tendrá los pretendidos efectos civiles en el caso de que se produzca la inscripción pues ello implica un juicio sobre la capacidad de los contrayentes y resto de los requisitos exigidos por el Código Civil para la celebración del matrimonio.

La materia es compleja y sigue sin estar clara esa diferenciación entre efectos civiles y plenos efectos civiles, aunque podriamos concluir en este momento que esos primeros efectos civiles lo son entre los cónyuges (considerarse entre ambos como matrimonio y cónyuges) mientras que de cara a terceros lo exigible es la inscripción previo expediente en forma, sin el cual, ningún efecto civil puede predicarse. Aunque realmente la sentencia del TC no lo viene a decir así, pues habla de la necesidad del expediente para valorar la capacidad y no menciona expresamente la necesidad de la inscripción.

Máxime cuando esta sentencia parece en definitiva contraria a la alegada STC 199/04 en la cual se trataba de un matrimonio canónico no inscrito en la cual el Tribunal Constitucional otorga amparo y expresa entre otras cuestiones:

"Considerar inexistente el matrimonio no inscrito y negar la condición de cónyuge a quien ha demostrado su válido vínculo matrimonial, pone de manifiesto que se otorga a la inscripción un valor constitutivo, lo que no resulta acorde a lo que expresamente establece el apartado 1 del art. 61 del Código civil, a la par que aboca a un resultado claramente desproporcionado como es la denegación
de la pensión"

Esa y no otra es la razón de que abiertamente la reciente sentencia no incida en la inscripción, aunque en definitiva es la conclusión a la que conduce.

Como digo una cuestión compleja y habiendo leído algún manual sobre el tema queda claro la divergencia doctrinal entre los efectos civiles y plenos efectos civiles; pero si algo tengo claro es que debería haber plena igualdad en todos los supuestos de celebración de matrimonio religioso reconocido con efectos civiles.




lunes, 12 de enero de 2015

RESIDENCIA DE LARGA DURACION Y ANTECEDENTES PENALES

La residencia de larga duración se regula en el artículo 32 de la ley orgánica de extranjería y en los artículos 147 y siguientes del Real Decreto 551/11 con una deficiente regulación en este último que genera notables problemas cuando el solicitante que tiene los exigidos cinco años de residencia legal tiene antecedentes penales. Así como durante las autorizaciones previas, la inicial por un año y las siguientes renovaciones por dos años, pueden ser renovadas con antecedentes penales, la repito mala regulación del Real Decreto aboca a una interpretación por la administración que viene siendo indebidamente confirmada por los juzgados y tribunales genera la imposibilidad de obtener la expresada autorización. Esto como digo no solo es incorrecto sino que es absurdo.

Es una mala legislación porque choca con la regulación de la directiva de residentes de larga duración que no es otra que la contenida en la directiva 2003/109/CE. En la misma en ningún momento se recoge que sea causa de denegación la existencia de antecedentes penales. Así dicha directiva en su artículo 1 dice que tiene como objeto regular la concesión de la larga duración, regulándola en su artículo 4 de manera similar al artículo 148 del reglamento citado y en su artículo 5 al expresar las condiciones para su obtención más allá de los cinco años de residencia legal, no expresan nada en relación a la inexistencia de antecedentes penales, pues solamente se pueden denegar conforme al artículo 6 de la misma en caso de afección al orden público y seguridad pública:

Artículo 6
Orden público y seguridad pública
1. Los Estados miembros podrán denegar el estatuto de residente de larga duración por motivos de orden público o de seguridad pública.
Al adoptar la correspondiente resolución, el Estado miembro tomará en consideración la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública, o el peligro que representa la persona en cuestión, teniendo también debidamente presente la duración de la residencia y la existencia de vínculos con el país de residencia.
2. La denegación contemplada en el apartado 1 no podrá justificarse por razones de orden económico.

Respecto a la diferencia entre orden público y antecedentes penales, existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señala la necesidad de un examen individualizado de la conducta del sujeto y que no toda comisión delictiva supone una infracción del orden público o una amenaza para este o la seguridad pública.

En la regulación reglamentaria inicialmente tampoco se dice nada pues en el artículo 148 al hablar de los supuestos de concesión no se hace ninguna referencia a los antecedentes penales limitándose a expresar que:

“Tendrán derecho a obtener una autorización de residencia de larga duración los extranjeros que hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante cinco años” realizando consideraciones sobre las ausencias y otros supuestos de concesión.

Es al hablar del procedimiento en el artículo 149 cuando se recoge en su 2.f)

f) En su caso, certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, en el que no debe constar condenas por delitos previstos en el ordenamiento español.


Lo sorprendente y excesivo de esta regulación es que la mención a la existencia de antecedentes penales se hace en el procedimiento y no en relación al artículo que regula la concesión y que no dice nada al respecto y que además supone un supuesto de mayor endurecimiento en relación a la obtención de las previas autorizaciones en las cuales conforme al artículo 31.7 de la ley orgánica de extranjería que establece que se valorará la existencia de antecedentes penales, no que implique automáticamente la denegación, como he señalado al principio; lo cual evidencia no solo lo incorrecto de la normativa sino que la misma es contraria a la directiva que es de directa aplicación, por lo que no debería tenerse en cuenta.

Editado: En apoyo de lo anterior la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 5 de diciembre de 2014 que expresa tras un análisis de la normativa y de como se incorporar a la nacional y en aplicación de la primacía del derecho comunitario que  "la existencia de antecedentes penales no determina inexorablemente la denegación de la autorización de residencia de larga duración sino que, por el contrario, en unión de las demás circunstancias concurrentes, «Y se tomará en consideración la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública, o el peligro que representa la persona en cuestiónY» , para resolver en consecuencia y según proceda expresando que la existencia de antecedentes penales no supone automáticamente la denegación de residencia de larga duración. 

miércoles, 7 de enero de 2015

FANATISMO FRENTE A DERECHOS. ATENTADO A CHARLIE HEBDO

Hoy un especialmente repugnante y cobarde ataque terrorista desde el fanatismo contra la publicación francesa Charlie Hebdo a resultas de unas viñetas satíricas sobre Mahoma puede hacer aflorar un discurso equivocado en relación a la inmigración. Esa es la razón de que utilice este blog para trasladar estas ideas.

En primer lugar no debemos confundir religión con inmigración, pues la religión es transversal al ciudadano, y así habrá ciudadanos autoctónos de religión musulmana que poco tienen que ver con un inmigrante musulman de un país concreto. Tampoco podemos confundir interesadamente una religión con un pensamiento fanático, independientemente de las diferencias existentes entre las diferentes religiones. A título personal y desde luego como profesional, no comparto que ninguna religión entre a regular comportamientos de la vida ciudadana o privada, desde luego no desde la base del ordenamiento jurídico que debe estar libre de este tipo de injerencias.

El fanatismo religioso ha atacado hoy a la libertad de expresión, un derecho fundamental. Por tal razón no debemos combatir el fanatismo religioso ni de otro tipo con la merma de derechos sino precisamente del modo contrario: desde una situación igualitaria en derechos es donde verdaderamente se le hace daño este tipo de aberrante planteamiento (me niego a denominarlo pensamiento). Por eso, el camino de mejora y de erradicación de conductas intolerantes pasa por desarrollar y ampliar derechos, en plano de igualdad. Sistemas restrictivos de derechos lo único que hacen es generar el necesario caldo de cultivo para que proliferen estas bestias.



Y esto ha de verse desde un plano totalmente desprovisto de sesgos. Debemos reaccionar ante el fanatismo con la misma intensidad venga desde donde venga: Espero que así sea pues suelo detectar ciertos complejos morales. Espero que la crítica a este tipo de conductas sea igual de contundente desde todo plano ideológico político.

A buen entendedor pocas palabras bastan.