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Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

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domingo, 16 de marzo de 2014

LA EXPULSION DE RAFA ZOUHIER

Rafa Zouhier, condenado por los atentados del 11-M, ha sido expulsado tras cumplir la pena privativa de prisión a la que fue condenado.
El régimen general de expulsión de extranjeros se contiene en la ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en los artículos 57 y siguientes de la misma. No es el régimen que se le ha aplicado a Zouhier, dado que durante su estancia en prisión contrajo matrimonio con una española, razón por la cual obtuvo el estatus de residente comunitario como familiar de un nacional de la UE aplicandose por tanto el Decreto 240/07 siendo la diferencia esencial que conforme al artículo 15 del mismo concurran razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública.

Únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o a miembros de su familia, con independencia de su nacionalidad, que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en España, si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Asimismo, antes de adoptarse una decisión en ese sentido, se tendrán en cuenta la duración de la residencia e integración social y cultural del interesado en España, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, y la importancia de los vínculos con su país de origen.

El concepto de orden público es discutido en los tribunales que tienen una interpretación excesivamente extensiva del mismo e identificandolo con la comisión de determinados delitos. Creo que poca discusión cabe sobre el hecho de que la conducta de Zouhier y por la que fue condenado, es claramente atentatoria del orden público.

Sin embargo, el caso, por lo llamativo del mismo e independientemente de lo expresado en el párrafo anterior, nos conduce a visibilizar alguna reflexión realizada en relación a este tipo de procesos.

El primero que conforme al párrafo extractado, cuando hablamos de comunitarios o de familiares de comunitario ha de atenderse a las especiales circunstancias personales concurrentes, y así el texto legal nos habla de la edad, salud, situación familiar y vínculos con el país de origen. Y es que en muchas ocasiones nos encontramos con expulsiones de personas que carecen o tienen mínimos vínculos con el país de su nacionalidad, por ejemplo cuando llegaron de niños a España.

En segundo lugar que las expulsiones de extranjeros tras el cumplimiento de las penas, y en la mayoría de los casos esto supone que son condenas cumplidas "a pulso" es decir, sin disfrutar de permisos o de beneficios penitenciarios, casan mal con los principios de resocialización y reinserción del penado. ¿Que función de este tipo hay cuando nada más cumplir la pena es expulsado del país? ninguna.

jueves, 6 de marzo de 2014

LAS CINCO ENTRADAS MAS VISTAS EN EL BLOG EN 2013

Estas fueron las cinco entradas más vistas en el blog en el año 2013

1. Como afecta una condena por juicio de faltas en un expediente de nacionalidad

2. Una entrada sobre los riesgos de las cartas de invitación

3. Una reflexion sobre como los honorarios en costas pueden influir en el ejercicio de derechos

4. Una entrada surgida del drama de Lampedusa y la decadencia de la UE

5. Una interesante sentencia del Tribunal Supremo abriendo posibilidades en relación al domicilio a efectos de notificaciones

Las entradas son variadas recogiendo algunas de contenido estrictamente jurídico junto con otras de mera reflexión.

No es una información relativa al 2013 pero quiero destacar que en este año 2014 se han multiplicado por 10 las visitas mensuales, lo cual es un motivo más para continuar con este blog, y a ser posible con mayor periodicidad.

Gracias por leer este blog

lunes, 3 de marzo de 2014

¿DONDE ESTA EL ESTADO DE DERECHO?

El Estado de Derecho es el imperio de la ley, esto supone la aplicación del principio de legalidad y que los poderes públicos se somenten al mismo. Dicho de otro modo, las administraciones públicas deben adecuar su funcionamiento a las normas aplicables. Esto no sucede en la extranjería.

Así, uno puede acceder a la información oficial sobre obtención de autorizaciones de residencia y trabajo que tenemos en la web del ministerio de empleo donde tiene la información sobre los diferentes trámites y junto al modelo de autorización que corresponda le indicará los documentos que debe adjuntar para tramitar dicha solicitud. Sin embargo se encontrará con una práctica distinta en cada una de las oficinas de extranjeros a las que acuda.

En algunos casos se tratará de diferencias sustentadas sobre dudosos criterios interpretativos, y así recientemente me ha ocurrido en la oficina de extranjeros de Zaragoza que para tramitar una residencia excepcional como madre de un menor de nacionalidad española, no era considerado como válido el pasaporte del menor (pasaporte español) obligando a la tramitación de un DNI a un niño de escasa edad. Se trata de un criterio carente de sustento, dado que si lo que se trata es de acreditar la nacionalidad del menor, ni siquiera sería suficiente dichos documentos, bastando con el propio certificado de nacimiento del menor, donde se indica la nacionalidad, y que es precisamente presupuesto indispensable para conseguir ambos documentos, pasaporte o DNI. Pero es que no existe, insisto, razón alguna para entender que el Pasaporte no acredita la nacionalidad española.

De mayor calado es cuando la Administración adopta un criterio de concesión contrario a la norma jurídica. Un ejemplo lo tenemos, aunque lo trataré con mayor profundidad, en relación a la obtención de la residencia de larga duración cuando hay antecedentes penales. La Administración entiende que no procede, por una mala adaptación de la normativa de la unión europea, y se inventa (literalmente) una autorización de residencia para estos supuestos. Ello le lleva a extender la exigencia sobre los documentos que han de acompañar a la solicitud, y así me ocurrió en Teruel, en el cual se exigía un certificado de cumplimiento de la condena, algo no habilitado por norma legal o reglamentaria alguna. Mientras que en Zaragoza, esto no ocurre.

Se me podrá decir que es preferible que se solicite documentación que luego puede favorecer una concesión, pero ello habrá de hacerse en todo caso, vía requerimiento de la administración conforme al artículo 71 de la ley de procedimiento administrativo pero no como elemento cuya no aportación impide la presentación de la solicitud.

Es una de esas cosas a las que no me acabo de acostumbrar, a que teniendo una misma norma legal y desarrollo reglamentario, según la provincia donde uno vaya a realizar una tramitación se encuentre sustanciales diferencias para la realización de un expediente administrativo.

Recuerdo en esos casos cuando era alumno de la facultad, y pensaba que la administración obraba habitualmente cumpliendo con las normas y procedimientos.

Cuan engañado estaba.