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Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

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domingo, 21 de diciembre de 2014

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EXTRANJERIA EN HUELVA

Escribo esa entrada en el AVE de regreso de participar como formador en el curso de especialización en extranjeria organizado por Felipe Garoña para el colegio de abogados de Huelva. Debo destacar el excelente trato y lo bien que nos han cuidado a los formadores y agradecer honestamente que contarán conmigo. Puedo opinar con igual honestidad que hubo una alta calidad de las sesiones así como un notable número de alumnos interesados en lo tratado con constante participación.

La presencia en Huelva ha servido para revitalizar la asociación de abogados extranjeristas que constituimos este año y de la que espero iros contando en sucesivas entradas conforme vaya dando pasos y realizando acciones. También para comentar someramente algún proyecto en común. Felipe es una mente inquieta y avanzada que siempre esta pensando en desarrollar ideas. Un lujo que las comparta.


Mi sesión estuvo dedicada a la defensa en el procedimiento contencioso administrativo de la expulsión de extrajeros. Dedicare alguna entrada a ideas expresadas en la misma y tenéis otras entradas en el blog que tratan aspectos del mismo.

Nuevamente gracias a Felipe Garoña y al colegio de abogados de Huelva 

jueves, 4 de diciembre de 2014

FORMACION EN EXTRANJERIA

Este mes tengo que participar en actividades de formación relacionadas con el Derecho de Extranjería.

En Zaragoza participaré junto con otras compañeras del Servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica para Inmigrantes en formación para funcionarios del Gobierno de Aragón, encargandome de explicar el sistema de autorizaciones de residencia y trabajo, régimen comunitario, etc.

A la semana siguiente, tengo el honor de participar en la formación que van a recibir los abogados del Colegio de Abogados de Huelva para incorporarse al turno especial de extranjería, donde me encargaré de la parte de expulsiones en el procedimiento contencioso administrativo.

Para el año que viene tengo previsto diseñar formación específica en la materia, no solo para profesionales.

Si te interesa ponte en contacto


domingo, 5 de octubre de 2014

NULIDAD EXPULSION POR INADECUADO PROCEDIMIENTO PREFERENTE

Os comento la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número TRES de Sevilla gracias al compañero Gonzalo Alvarez-Osorio Micheo, uno de los habituales de los encuentros de abogados de extranjería.

En el expresado supuesto enjuiciado, una ciudadana boliviana ve como se le impone una sanción de expulsión en un procedimiento preferente. En el procedimiento judicial se alega la nulidad de la sanción por la inadecuación del citado procedimiento. El expresado procedimiento preferente se recoge en el artículo 63 de la ley orgánica de extranjería:

1. Incoado el expediente en el que pueda proponerse la expulsión por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el artículo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, la tramitación del mismo tendrá carácter preferente.
Igualmente, el procedimiento preferente será aplicable cuando, tratándose de las infracciones previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 53, se diera alguna de las siguientes circunstancias:
a) riesgo de incomparecencia.
b) el extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
c) el extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

En el presente supuesto la ciudadana compareció voluntariamente en dependencias policiales, momento en que se le abrió el expediente sancionador por lo que era fácilmente localizable y tenía pasaporte en vigor por lo que estaba documentada. Carece así mismo de antecedentes penales por lo que no representa un riesgo para el orden público.

El procedimiento preferente es más lesivo para el ciudadano que el ordinario, por lo que no es lo mismo que se siga uno u otro y la expresada sentencia recoge que la elección indebida por el procedimiento preferente cuando no se cumplen los motivos legales supone vulnerar el procedimiento debido y causa de nulidad del artículo 62.1.e) y a) de la ley 30/1992.

Nota.- la expresada sentencia obra en mi poder gracias a Emilio Aparicio, al que le agradezco que me envíe periódicamente las mismas y aquí tiene la prueba de que las leo :)

Si quieren saber más sobre derecho administrativo lean su blog aquí :)

martes, 19 de agosto de 2014

LA CITA PARA EL EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD EN ARAGÓN

Ya son varios los años en los que la tramitación de los expedientes de nacionalidad se encuentra colapsada. No se trata sólo de la existencia de unos retrasos intolerables en la tramitación de los mismos, entre dos y tres años, si no de un auténtico cuello de botella para iniciar los mismos y conseguir cita para la presentación del expediente. En Zaragoza se pusieron esperanzas de arreglar esta situación cuando se instauró un sistema de presentación mediante cita previa conseguida a través de internet. En seguida se demostró que el colapso continuaba con el nuevo sistema.

De este modo persistían los problemas para conseguir cita siendo muchos más los solicitantes que las citas disponibles. Esto arroja ya una primera dimensión del problema: la insuficiencia de medios para atender la demanda existente y muestra una segunda dimensión: la falta de interés de la administración por resolver el problema y por tanto el poco interés en atender a la necesidad de los solicitantes de nacionalidad.

Se añadía un tercera dimensión. Siendo cierto el cuello de botella el sistema de asignación de citas ofrecía un funcionamiento desesperante y sospechoso. Los abogados se desesperaban ante la imposibilidad de acceder a citas y veían cada vez con mayores probabilidades de realidad que no sólo podía tratarse de un deficiente sistema o de mala suerte en el momento de poder acceder a las citas, especialmente durante unos pocos minutos de un viernes cada dos, hasta que se agotaban. Así puedo decir como miembro de la junta directiva de la sección de extranjeria del colegio de abogados de zaragoza que son años los que llevamos tratando este problema y hablando con diferentes instancias intentando que se solucione.


Hoy aparece en un periódico de Aragón, el Heraldo, que algo que había sido sospechado puede pasar de la sospecha a la realidad. La existencia de piratas informáticos que estén alterando el sistema con el objetivo de la comercialización. Y es que cuando el sistema no funciona adecuadamente surge la picaresca. De ahí la importancia en que el sistema funcione adecuadamente. Tarde pero por fin parece que se actúa 

Aún así, el problema subsistirá. Muchos inmigrantes ponían el acento en la necesidad de obtener la cita en vez de darse cuenta de la necesidad de un buen asesoramiento en un procedimiento que va más allá de juntar documentación como erróneamente piensa mucha gente, y seguirán pensando que lo importante es conseguir la cita porque el cuello de botella subsistirá.

Cuando se dan estas situaciones siempre me pregunto a quien benefician. Pues las situaciones se mantienen si benefician a alguien. También me pregunto que pasara en este escenario en el más que probable momento de la privatización del registro civil. Al estado no le debe dar igual todo pensando que mientras haya citas es suficiente. La administración ha de funcionar con premisas de igualdad de acceso para todos los ciudadanos.

viernes, 15 de agosto de 2014

EBOLA E INMIGRACIÓN

El virus ebola se asoma a nuestras noticias estos días. Afecta especialmente a la población africana y ha generado un temor a la expansión de una epidemia que pueda llegar hasta nuestras privilegiadas fronteras. Así no hay problema en repatriar a un misionero a pesar de los riesgos de contagio pero el miedo al mismo aparece con las últimas pateras llegadas a nuestras costas.

Estos días he estado fuera de España pero abogados amigos me han tenido al tanto de la correlación entre ebola e inmigración o como en frontera ha influido la psicosis (o no) de una posible alarma epidemiologica en relación a inmigrantes de origen africano. Lo cierto es que la sensación al respecto es de absoluta improvisación y poca consideración hacia los profesionales intervinientes en esta situación.

Así Felipe Garoña y David Querol, compañeros de la junta directiva de la asociación de abogados extranjeristas me comentan la situación en consulados españoles así como la inexistencia de controles sanitarios en fronteras. Todos nos tememos la utilización de esta cuestión de una manera inapropiada en la política migratoria.

Pocas metáforas puede haber más potentes de lo que supone la situación migratoria en la actualidad. Se alzan las voces con la necesidad de reforzar las fronteras vinculándolo con una situación sanitaria y pocos ejemplos puede haber mayores de como la sociedad europea pretende que quien ha tenido la suerte, buena o mala, de haber nacido en África debe asumir las consecuencias de ese nacimiento, aunque suponga la muerte. Naturalmente es difícil que quien vive en África lo vea así.

Algo se mantiene inalterable. Siempre se encuentra un abogado al pie del cañón atendiendo a los que no se resignan y llegan a nuestras playas. Entre ellos ha estado estos días Carlos Rolin, compañero, presidente de la asociación de abogados extranjeristas y amigo.

lunes, 4 de agosto de 2014

FAMILIAR DE RESIDENTE COMUNITARIO: RECURSOS ECONOMICOS

Traigo la sentencia de 9 de junio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que puede consultarse aquí en la web de migrarconderechos.com que considero de bastante utilidad para estos supuestos dado que según la cual en aplicación del artículo 8 del Real Decreto 240/2007 al cónyuge de español o sujeto con análoga relación de afectividad no debe exigirsele acreditar recursos económicos:

" parece obvio que si el ciudadano residente en España, con el que el actor trata de reunirse, ostenta la nacionalidad española, carece de sentido que aquél tenga que acreditar su solvencia económica. Por la misma razón esta exigencia cesa en relación a la persona, en este caso el actor, que, unido por vínculo de afectividad análogo al conyugal -familiar directo- (artículo 2.b del Reglamento) -circunstancia que en modo alguno se discute-, trata de reunirse y convivir con él en España, habiendo adjuntado además la documentación requerida por el apartado 3 del expresado artículo 8. "





martes, 17 de junio de 2014

CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE DERECHOS, INTEGRACION Y NACIONALIDAD

Desde hoy martes 17 hasta el jueves 19 impartiré junto con una compañera en la Casa de las Culturas diferentes charlas que consideramos de máximo interés para la población inmigrante.

Hoy martes 17 la enfocaremos al conocimiento de determinados derechos afrontando situaciones que desde nuestra experiencia en asesorías comunitarias vemos como prevalentes. No solo concretas problemáticas en la adquisición, renovación de autorizaciones de residencia como pueden ser los contratos necesarios, las cotizaciones mínimas a la seguridad social o los periodos máximos de estancia fuera del país. También en el ámbito laboral en relación a contratos temporales, qué hacer cuando se afronta un despido o en el ámbito civil las ejecuciones hipotecarias.

El miércoles 18 hablaremos del denominado "informe de esfuerzo de integración" explicando cual es la definición legal de integración, como se tramita y que posibles usos prácticos tiene.

Por último el jueves 19 se explicarán cuestiones relacionadas con la nacionalidad, cual es la regulación legal, como es el expediente para su obtención y una parte especial dedicada al examen y preguntas sobre nacionalidad.

El enfoque es esencialmente práctico atendiendo a las características específicas del colectivo destinatario, los inmigrantes de Zaragoza, huyendo de terminologías propias de abogado pero sin perder el rigor en la explicación. Así mismo, trataremos de fomentar la participación del público asistente desde el primer momento.



Esperamos que sea el principio de un proyecto más ambicioso, pues el diseño inicial no era con el formato de charlas sino de cursos, así que si a cualquier entidad, asociacion o colectivo le interesa puede ponerse en contacto en el mail

domingo, 15 de junio de 2014

FINALIZADO ENCUENTRO DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA EN BILBAO

Lo que empieza acaba. Del jueves 12 al sábado 15 de junio de 2014 se ha celebrado el encuentro de abogados de extranjería en Bilbao a que hacia mención en esta otra entrada.

Trasladaré en otras entradas posteriores de este blog cuestiones jurídicas que se han tratado y tampoco es este el momento para la crítica de algunas cuestiones del mismo.

Se trata de un congreso del que honestamente me traigo pocas cosas nuevas en el ámbito del conocimiento jurídico pero como tantas otras veces un enorme valor humano y personal. El encuentro es mucho más que un programa. Es un encuentro de gente. Y esa gente hace que merezca  la pena cualquier esfiuerzo, grande o pequeño, que te suponga el acudir.

Es gratificante comprobar como se consolidan grupos y relaciones personales, camaradería y compromiso. Es esencial el trato personal y el ver como el esfuerzo de unos cuantos en dinamizar una comunicación constante vía mail dirigida a compartir información y mantener líneas de cohesión ha servido para algo. Nos refuerza y nos anima a mejorarlo.

Este párrafo va para unas personas muy especiales. Ese grupo cercano capaz de ilusionarte y embarcarte en nuevos proyectos. Esas personas con cuyos gestos de afecto te sientes querido. Os quiero mucho y con vosotros no existe distancia insalvable.

Tenéis mi apoyo inquebrantable. Mi lealtad y mi fidelidad.


lunes, 9 de junio de 2014

APODERAMIENTO DE PROCURADOR DEL TURNO DE OFICIO

La cuestión que se plantea la Sentencia TSJ Granada de veintiséis de marzo de dos mil trece es si un procurador designado por el turno de oficio, precisa de poder notarial o apud acta para desplegar su representación. El ámbito en el que se produce esta sentencia es contencioso, aunque puede extenderse a otro orden.

En el caso planteado, el juzgado de instancia entiende la inexistencia de apoderamiento y por tanto de representación. La sentencia del TSJ parece diferenciar entre si estuvieramos ante representación a abogado o a procurador.

Entiende que no es necesario el apoderamiento pues "según se desprende de lo previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, el Procurador puede personarse en juicio sin necesidad de poder notarial, ni comparecencia apud acta, cuando el mismo es designado de oficio."

Continúa diciendo que "La razón de dicha distinción no es otra que la que se deriva de la imposibilidad de selección de profesional cuando se es beneficiario del derecho de Justicia Gratuita, por lo que, en ningún caso, puede acudirse ante el Notario o el Secretario Judicial para manifestar que otorga su representación ante un determinado profesional, pues en los supuestos del beneficio de Justicia Gratuita, el profesional no es elegido, sino, como sucede en el caso enjuiciado, designado por el Colegio de Procuradores, y esa designación sirve ante el Juzgado para demostrar quién es el profesional que va a representar a la parte beneficiaria de tal derecho." Y sigue argumentando que no existiendo contrato entre las partes sino una designación ope legis y por tanto no hay voluntad de contratar a un determinado profesional, entonces no hay obligación de realizar el apoderamiento.

Lo cierto es que el argumento es difícil de compartir, y no acabo de entender por qué razón según dicha sentencia es válido sólo para procuradores y no para abogados designados del turno de oficio, máxime cuando actualmente en primera instancia no se designan (al menos en Aragón) procuradores en los procedimientos contenciosos ordinarios, es decir, en extranjería.

Sería conveniente ampliar esta cuestión de la representación del abogado y de si se puede representar por sí mismo el ciudadano en los procedimientos ordinarios, cuestión que ya he perdido la cuenta de las veces que lo he hablado con @apariciosan así que en todo caso le dejo a él que lo trate en su blog. En su momento escribí esto

Nota.- Esta misma cuestión de la necesidad de conferir apoderamiento a procurador del turno de oficio lo he hablado informalmente con algún secretario llegando a la conclusión de que legalmente es lo procedente y por tanto lo conveniente, aunque la práctica judicial no entre en estas cuestiones. Mi consejo es que en los temas que defendemos del turno de oficio SIEMPRE hagamos un poder apud acta.

jueves, 22 de mayo de 2014

SESIÓN SEDMEX ZARAGOZA SOBRE RÉGIMEN DE COMUNITARIOS

Escribo esta entrada desde la propia sesión, en la que interviene D. Carlos Mora Almudi Subdirector General de Immigracion.

Lo primero que debo trasladar es mi perplejidad con las cosas que ha expresado el subdirector por hablar de que es lo que se debería hacer por las oficinas de extranjeros. Cuestiones que no se dan en la práctica. Me refiero a como tratar el concepto de orden público o que cuando presentas una solicitud debe registrarse y si esta incompleta requerir para que se complete en plazo o dictarse resolución de inadmision para recurrirse.

Por que entonces si el subdirector tiene tan claro lo que se debe hacer resulta que no se hace por la Administración?

Al margen de esto poco se ha hablado sobre el régimen de libre circulación de trabajadores. Lo cierto es que si según las cifras aportadas en torno al 80% de los que son objeto de aplicación en España son familiares de españoles, realmente podemos estar hablando el nuestro país de un régimen jurídico para familiares de españoles pero no tanto para esa libre circulación que es objeto de la regulación de la directiva.

A este respecto señalar que jurisprudencialmente queda claro que aunque no haya una efectiva circulación, pensemos que esos familiares de españoles no han salido del territorio español y por tanto no están haciendo una circulación por la Unión Europea, aún así la normativa les es de aplicación.

Como final indico que el subdirector nos invita a comunicar las deficiencias que encontremos de funcionamiento en las oficinas de extranjeros.

lunes, 19 de mayo de 2014

ENCUENTRO DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA 2014 EN BILBAO

Es mi intención acudir al encuentro de abogados de extranjería que este año 2014 se celebrará en Bilbao del 11 al 14 de junio. Aquí podeis consultar el programa del encuentro.

En él se tratarán en las ponencias generales cuestiones relativas a la política migratoria de la Unión Europea, y luego en seminarios como otros años, aspectos relacionados con la nacionalidad, derecho penal, etc.

Será el tercer año consecutivo que acudo. La experiencia de los últimos años ha sido muy positiva tanto por el aprendizaje como fundamentalmente por conocer abogados fantásticos con un espíritu similar al mío. Estoy deseando reencontrarme con muchos de ellos.

Espero veros allí

domingo, 20 de abril de 2014

¿PARA QUE UNA LEY DE EXTRANJERIA SI NO LA CUMPLIMOS?

Ya he escrito en este blog en varias ocasiones sobre el tema de las expulsiones ilegales por parte de la administración española en Ceuta y en Melilla, por ejemplo aquí, o de cómo en realidad en materia de extranjería no se cumple el Estado de Derecho y por tanto el principio de legalidad.

Nuevamente tenemos un hecho que lo demuestra, bastante grave por cierto. En estos días pasados un grupo de inmigrantes accedió a las islas chafarinas, territorio español, algunos de ellos pudieran ser menores de edad y solicitaron asilo. A pesar de eso, el Estado Español de manera irregular procedió nuevamente a lo que denominan "expulsiones en caliente". Como digo el tema es bastante grave por los dos extremos apuntados, uno que pudieran ser menores de edad (se les práctico la prueba de medición de hueso pero esta prueba tiene un sensible margen de error) y sin lugar a dudas, solicitaron asilo. Aquí la noticia.

La Administración siempre ha de cumplir la norma, no solo porque a ello viene obligado por la misma, por el principio de legalidad, sino que como veladora del cumplimiento de la norma por parte de las ciudadanos, ¿que legitimidad ética tiene en dicha vigilancia y control si ella misma no la cumple?.

El mensaje que se manda es gravísimo, el de que nos podemos saltar la norma cuando nos convenga. Pero además de este mensaje resulta que el incumplimiento afecta no solo a derechos humanos sino a convenios y obligaciones internacionales, como es la protección del menor y la de los solicitantes de asilo. Más en un país del que hacer décadas tuvieron que salir muchos españoles perseguidos tras la guerra civil y que fueron acogidos en países terceros. Que poca memoria tenemos, o que memoria tenemos para lo que nos interesa.

Lo más sencillo, es entender que si tenemos una norma que no cumplimos, la ley de extranjería, porque la Administración está indicando que la misma no es útil, debería tener la valentía de reformarla, en vez de incumplirla sistemáticamente, y adecuarla, si es que puede, a lo que entiende que son los intereses que debe proteger.

Ciertamente es preocupante que a los ciudadanos, estas cuestiones de fondo, se las traigan al pairo.

domingo, 6 de abril de 2014

A VUELTAS CON LA NACIONALIDAD

Son numerosos los procedimientos de nacionalidad que se han tramitado en los últimos años, en los cuales muchos extranjeros están adquiriendo la nacionalidad española. La adquisición de la nacionalidad española supone la renuncia a la nacionalidad anterior, salvo los supuestos de doble nacionalidad. Aun así hay países que no aceptan esta perdida de nacionalidad y siguen considerando a dichos extranjeros como nacionales suyos. Y en relación a esto, pocas reflexiones he visto sobre la siguiente cuestión, ¿verdaderamente muchos de esos extranjeros se sienten españoles y dejan de sentirse nacionales de su país de origen?

¿A que obedecen tantos expedientes de nacionalidad en los últimos años? Naturalmente no niego que exista el libre ejercicio de un derecho legal, pero creo que tiene mucho que ver con tres factores fundamentales. El primero, la mayoría de los ciudadanos extranjeros precisan de una residencia de 10 años para poder solicitar la nacionalidad y es en estos momentos, de unos años a esta parte, cuando se están consiguiendo dichos períodos mínimos de residencia.

La larga duración hace que se pueda dar una decisión que implica no volver a su país de origen, razón de más para dar un paso más de disvinculación del mismo, en unión al argumento que voy a dar con posterioridad. Si alguien ya decide que va a acabar su vida en nuestro país lo lógico es que se plantee obtener la nacionalidad española

Esto ha de ponerse en unión con la situación económica. Como ya he explicado en alguna entrada nuestro sistema de obtención de permisos siempre ha estado unido a la situación laboral. Naturalmente no es lo mismo cuando alguien ya tiene el permiso de residencia de larga duración, pero el extranjero que lleva unos años en nuestro país sabe que nuestro país es cambiante, que no hay seguridad jurídica, ha visto cambiar muchas veces la norma y ha conocido muchos casos de personas que han perdido la autorización de residencia y trabajo y eso le puede hacer pensar en la conveniencia de tener una absoluta seguridad de permanencia, la nacionalidad.

Claro que todo ello, comprensible, poco tiene que ver con lo que tradicionalmente hemos entendido como razones para obtener la nacionalidad, menos utilitaristas y más emocionales. Creo que quien obtiene la nacionalidad USA lo hace verdaderamente convencido de lo que está haciendo y queriendo sentirse estadounidense pleno, olvidando la pertenencia a la nacionalidad anterior. Y creo que eso, no ocurre en nuestro país.

domingo, 16 de marzo de 2014

LA EXPULSION DE RAFA ZOUHIER

Rafa Zouhier, condenado por los atentados del 11-M, ha sido expulsado tras cumplir la pena privativa de prisión a la que fue condenado.
El régimen general de expulsión de extranjeros se contiene en la ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en los artículos 57 y siguientes de la misma. No es el régimen que se le ha aplicado a Zouhier, dado que durante su estancia en prisión contrajo matrimonio con una española, razón por la cual obtuvo el estatus de residente comunitario como familiar de un nacional de la UE aplicandose por tanto el Decreto 240/07 siendo la diferencia esencial que conforme al artículo 15 del mismo concurran razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública.

Únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o a miembros de su familia, con independencia de su nacionalidad, que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en España, si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Asimismo, antes de adoptarse una decisión en ese sentido, se tendrán en cuenta la duración de la residencia e integración social y cultural del interesado en España, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, y la importancia de los vínculos con su país de origen.

El concepto de orden público es discutido en los tribunales que tienen una interpretación excesivamente extensiva del mismo e identificandolo con la comisión de determinados delitos. Creo que poca discusión cabe sobre el hecho de que la conducta de Zouhier y por la que fue condenado, es claramente atentatoria del orden público.

Sin embargo, el caso, por lo llamativo del mismo e independientemente de lo expresado en el párrafo anterior, nos conduce a visibilizar alguna reflexión realizada en relación a este tipo de procesos.

El primero que conforme al párrafo extractado, cuando hablamos de comunitarios o de familiares de comunitario ha de atenderse a las especiales circunstancias personales concurrentes, y así el texto legal nos habla de la edad, salud, situación familiar y vínculos con el país de origen. Y es que en muchas ocasiones nos encontramos con expulsiones de personas que carecen o tienen mínimos vínculos con el país de su nacionalidad, por ejemplo cuando llegaron de niños a España.

En segundo lugar que las expulsiones de extranjeros tras el cumplimiento de las penas, y en la mayoría de los casos esto supone que son condenas cumplidas "a pulso" es decir, sin disfrutar de permisos o de beneficios penitenciarios, casan mal con los principios de resocialización y reinserción del penado. ¿Que función de este tipo hay cuando nada más cumplir la pena es expulsado del país? ninguna.

jueves, 6 de marzo de 2014

LAS CINCO ENTRADAS MAS VISTAS EN EL BLOG EN 2013

Estas fueron las cinco entradas más vistas en el blog en el año 2013

1. Como afecta una condena por juicio de faltas en un expediente de nacionalidad

2. Una entrada sobre los riesgos de las cartas de invitación

3. Una reflexion sobre como los honorarios en costas pueden influir en el ejercicio de derechos

4. Una entrada surgida del drama de Lampedusa y la decadencia de la UE

5. Una interesante sentencia del Tribunal Supremo abriendo posibilidades en relación al domicilio a efectos de notificaciones

Las entradas son variadas recogiendo algunas de contenido estrictamente jurídico junto con otras de mera reflexión.

No es una información relativa al 2013 pero quiero destacar que en este año 2014 se han multiplicado por 10 las visitas mensuales, lo cual es un motivo más para continuar con este blog, y a ser posible con mayor periodicidad.

Gracias por leer este blog

lunes, 3 de marzo de 2014

¿DONDE ESTA EL ESTADO DE DERECHO?

El Estado de Derecho es el imperio de la ley, esto supone la aplicación del principio de legalidad y que los poderes públicos se somenten al mismo. Dicho de otro modo, las administraciones públicas deben adecuar su funcionamiento a las normas aplicables. Esto no sucede en la extranjería.

Así, uno puede acceder a la información oficial sobre obtención de autorizaciones de residencia y trabajo que tenemos en la web del ministerio de empleo donde tiene la información sobre los diferentes trámites y junto al modelo de autorización que corresponda le indicará los documentos que debe adjuntar para tramitar dicha solicitud. Sin embargo se encontrará con una práctica distinta en cada una de las oficinas de extranjeros a las que acuda.

En algunos casos se tratará de diferencias sustentadas sobre dudosos criterios interpretativos, y así recientemente me ha ocurrido en la oficina de extranjeros de Zaragoza que para tramitar una residencia excepcional como madre de un menor de nacionalidad española, no era considerado como válido el pasaporte del menor (pasaporte español) obligando a la tramitación de un DNI a un niño de escasa edad. Se trata de un criterio carente de sustento, dado que si lo que se trata es de acreditar la nacionalidad del menor, ni siquiera sería suficiente dichos documentos, bastando con el propio certificado de nacimiento del menor, donde se indica la nacionalidad, y que es precisamente presupuesto indispensable para conseguir ambos documentos, pasaporte o DNI. Pero es que no existe, insisto, razón alguna para entender que el Pasaporte no acredita la nacionalidad española.

De mayor calado es cuando la Administración adopta un criterio de concesión contrario a la norma jurídica. Un ejemplo lo tenemos, aunque lo trataré con mayor profundidad, en relación a la obtención de la residencia de larga duración cuando hay antecedentes penales. La Administración entiende que no procede, por una mala adaptación de la normativa de la unión europea, y se inventa (literalmente) una autorización de residencia para estos supuestos. Ello le lleva a extender la exigencia sobre los documentos que han de acompañar a la solicitud, y así me ocurrió en Teruel, en el cual se exigía un certificado de cumplimiento de la condena, algo no habilitado por norma legal o reglamentaria alguna. Mientras que en Zaragoza, esto no ocurre.

Se me podrá decir que es preferible que se solicite documentación que luego puede favorecer una concesión, pero ello habrá de hacerse en todo caso, vía requerimiento de la administración conforme al artículo 71 de la ley de procedimiento administrativo pero no como elemento cuya no aportación impide la presentación de la solicitud.

Es una de esas cosas a las que no me acabo de acostumbrar, a que teniendo una misma norma legal y desarrollo reglamentario, según la provincia donde uno vaya a realizar una tramitación se encuentre sustanciales diferencias para la realización de un expediente administrativo.

Recuerdo en esos casos cuando era alumno de la facultad, y pensaba que la administración obraba habitualmente cumpliendo con las normas y procedimientos.

Cuan engañado estaba.

martes, 11 de febrero de 2014

EXPULSIONES ILEGALES EN FRONTERA

El Ministerio del Interior ha reconocido la existencia de procedimientos ilegales de expulsión en la frontera de Melilla según denuncia Prodein, aunque parece que no va a hacer nada por corregir esta situación, según se deduce de la lectura de esta noticia.

El mismo hecho se ha producido en el desgraciado suceso en el que varios, demasiados, inmigrantes fallecieron al intentar acceder a nado en Ceuta y los que llegaron a territorio español fueron objeto de lo que las autoridades gubernativas denominan expulsiones "en caliente".

Lo cierto es que sobre esta cuestión ya hable en este blog en esta entrada al diferenciar entre los supuestos de expulsión y devolución.

Lo que procede en estos casos es tramitar un expediente de devolución. Y precisamente eso, tramitar un expediente, no proceder a una "expulsión" del territorio sin trámite administrativo alguno, y ello precisamente porque los cuerpos y fuerzas de seguridad son los garantes del cumplimiento de la ley por lo que les debemos exigir en mayor medida el respeto a la misma.

Si se han dado unas instrucciones específicas al respecto, lo son incumpliendo la ley, por lo que incluso podríamos estar ante una prevaricación administrativa. Todavía menos edificante es que el propio Ministro del Interior parezca legitimar estas prácticas contrarias a la ley.

Pero en este país ya no extraña nada.

Nota.- ¿A que está esperando un juzgado o la fiscalía para investigar estas conductas y sobre todo las acciones que rodearon a la muerte de los inmigrantes ahogados al tratar de llegar a Ceuta?

jueves, 6 de febrero de 2014

CEUTA NUESTRA LAMPEDUSA

¿Es el número? ¿Es el lugar?

Hoy ha muerto un número indeterminado (va subiendo) de inmigrantes en Ceuta al tratar de llegar a nuestro territorio (la noticia aquí) y la reacción social ni es ni mucho menos como cuando ha habido una tragedia en Lampedusa (sobre ello escribí aquí)

No puedo dejar de preguntarme cual es la diferencia que motiva que se reaccione distinto.

¿es por que es más fácil empatizar si la frontera no es la de tu país?

¿acaso medimos el horror por el número de fallecidos?

En realidad la diferencia es otra.

Eres tú.

Hipócrita.

martes, 4 de febrero de 2014

OBLIGACION DE PODER NOTARIAL O APUD ACTA AL ABOGADO EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO

En el día de ayer tengo conocimiento a través de tuiter de esta situación. Según se deriva de la indicada noticia un acuerdo del TSJ de Valencia en aplicación de sentencia del Tribunal Supremo exige que el letrado designado por el turno de oficio para poder interponer el recurso contencioso administrativo ha de tener conferida expresa representación, bien mediante poder notarial o apud acta, sin que sea asimilado a ello la propia designación del turno de oficio.

Y es que en los procedimientos judiciales o bien se exige que se intervenga con un representante, procurador, o bien la representación puede ser otorgada a letrado, o este puede intervenir sin ser representante. Pero en el caso de no existir representación, la parte habrá de firmar los escritos y comparecer a los actos que la ley procesal exija so pena de que se tengan por no realizados y al ciudadano por desistido de sus pretensiones. La cuestión es importante.

He intentado encontrar la expresada sentencia, sin éxito, pero he encontrado otras que indican que la cuestión no es ni mucho menos nueva. La sentencia del TSJ de Madrid de 3 de diciembre de 2013 cita tanto una sentencia del Tribunal Supremo como una del Tribunal Constitucional que avalan esta cuestión.

Así la sentencia de pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de abril de 2007 expresa:

"La parte actora en un recurso contencioso-administrativo siempre ha de estar en el proceso, y ello puede hacerlo, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción : a) por sí misma firmando los escritos con asistencia de Letrado, cuando la Ley lo permita; b) representada y defendida simultáneamente por Letrado con poder bastante o apoderamiento apud acta, también cuando así esté autorizado; c) asistida de Letrado y representada por Procurador debidamente apoderado. Es de significar que, no habiéndose designado Procurador de Oficio, la parte debe comparecer por sí misma o, en su caso, otorgar la representación procesal a su Letrado en legal forma, es decir, por acta notarial, procesal o consular.

Estando formuladas las expresadas reglas por norma de rango legal no es posible acudir a la aplicación analógica de otras que puedan llevar a distintas conclusiones ni cabe tampoco excepcionar su aplicación alegando el reconocimiento de determinados derechos a favor de justiciables de nacionalidad extranjera a quienes se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita porque ello no exceptúa la aplicación de las normas reguladoras de la postulación procesal ante este Orden Jurisdiccional, cuyo cumplimiento no cabe eludir pretendiendo sustituir el apoderamiento para el proceso en debida forma por otro exclusivamente válido para la vía administrativa o por la mera solicitud o el reconocimiento de asistencia jurídica gratuita."

Expliquemos la cuestión. Los procedimientos relacionados con extranjeros son objeto de procedimiento abreviado en el cual no es obligatoria la presencia de procurador. Desde hace unos años y para ahorrar costes en justicia gratuita en estos procedimientos no se designa a procurador al no ser preceptiva y poder llevar la representación el abogado.

Lo que señalan estas sentencias es que la designación de abogado realizada por el turno de oficio no es un otorgamiento de representación, el cual deberá prestarse conforme dictan las leyes procesales, y por tanto el escrito inicial, el de recurso, otros escritos e incluso la intervención en el acto de la vista, deberán ser firmados por el extranjero o este estar presente en dicha vista.

Pero ojo que esta cuestión no es exclusiva de la justicia gratuita, afectando también a quienes son clientes de pago y que no litigan con procurador, y tampoco será algo exclusivo de este tipo de procesos, afectando a todos aquellos en que el abogado pretenda llevar la representación. Y plantea un problema concreto con aquellos ciudadanos que están en prisión y que van a ver dificultada la comparecencia o el firmar los escritos de su letrado.

En mi opinión, la interpretación si bien es estricta, es válida y es la que procede. Y como digo para todo tipo de procedimientos. Y es más, no solo para abogados. La designación del turno de oficio no es un otorgamiento de representación, por lo que en todo procedimiento en que intervengan profesionales del turno de oficio deberá practicarse un apoderamiento apud acta o ante notario, para evitar las consecuencias de no personación en forma. Pensemos por ejemplo en una audiencia previa en un procedimiento civil.

Otra cosa es que en el concreto ámbito de la extranjería, y en específicas materias de esta como los procedimientos sancionadores, esto genere una indudable indefensión. Así es habitual atender del turno de oficio a ciudadanos en tránsito. Los extranjeros varían mucho su residencia, cambian de ciudad, tienen notables dificultades de entendimiento derivado de un mal conocimiento del idioma y otras circunstancias concurrentes hacen que para los abogados del turno muchas veces sea complicado contar o contactar con el extranjero en cuestión para realizar estos trámites procesales.

Quizás una posible solución sería aprovechar la reforma de la ley de justicia gratuita para recoger en la misma que la designación expresamente otorga tal representación. Sin embargo los textos manejados van en sentido contrario, incrementando las exigencias para poder interponer recursos y acciones.

Mientras tanto apunto una posible solución, algo rebuscada, pero algo hay que intentar. En la primera sentencia que cito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se recoge esta cita de esta otra sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2008

"no es posible que el apoderamiento realizado a favor de letrado en vía administrativa atribuya, sin más a éste, la facultad de intervenir en el proceso, porque aquel mandato carece de los requisitos de forma necesarios para actuar en el pleito, al no haber sido otorgado ante Notario o apud acta, si bien, reconoce la posibilidad de que el letrado apoderado en el procedimiento administrativo pueda otorgar en nombre de su mandante, en calidad de mandatario, poder para pleitos a favor de procurador o nombrarlo mediante comparecencia apud acta, asumiendo las responsabilidades económicas derivadas del pleito. Ninguna de las dos cosas ha realizado en el presente supuesto."

Esta sentencia indica que hay que diferenciar entre la representación obrante en el procedimiento administrativo y la procesal. Pero que si el abogado ha tenido el carácter de representante en el procedimiento administrativo puede otorgar poder notarial o apud acta. Añado yo que entonces ningún obstáculo hay para en representación del extranjero otorgarnos un poder a nosotros mismos.

Y de no encontrarnos soluciones prácticas quizás deberíamos extender esta no consideración como representantes a otros procedimientos donde sí se nos considera sin problema alguno. Ahí lo dejo.

martes, 14 de enero de 2014

MORO, PALABRAS Y RACISMO

Tengo conocimiento hoy de que un abogado a pedido a la RAE que se recoja una acepción racista para la palabra "moro". Puedes leer la noticia aquí

Voy a contar una cosa. En Aragón hay un buen número sitio que son de los "moros". Así se denomina a aquellos lugares que son considerados antiguos, de tiempo de "los moros". Así en las cercanías de Rodellar tenemos la "losa mora" y hay castillos y fortificaciones que son de "los moros". Una bella leyenda pirenaica se da en la Bal de Chistau, en Plan, en el ibon o basa de la mora.

Me niego a aceptar que las palabras como tales, por sí mismas, sean consideradas racistas. Me niego a pensar que tales lugares, lleven per se, por tal denominación, una atribución racista. El racismo es un comportamiento y mentalidad humana, que asocia discriminación y desigualdad por origen étnico. Dicho de otro modo, para que una expresión o palabra sea racista ha de existir un elemento subjetivo, tal animo o intención de discriminar o de considerar inferior, y llevar aparejado una serie de prejuicios.

Así "negro" es un color que de por sí no es racista, y puedo perfectamente, y lo confieso, hablar de "negros" al absurdo eufemismo de subsahariano. Y lo hago, insito, y lo oyen, y ninguno de ellos se ofende, porque saben que los considero ciudadanos iguales a mi, y ni mi tono, ni el contexto de mi frase tiene motivación racista.

Así que más les valía a alguno dejarse de gilipolleces, y dejar de asociar prejuicios a las palabras. Porque los prejuicios no están en las palabras, sino en las personas. Más les valdría a los proponentes y a otros que se la cogen con papel de fumar, dedicar dicho tiempo a luchar efectivamente contra el racismo y la discriminación. Que lo hay.

jueves, 9 de enero de 2014

LA RENOVACION DE LA RESIDENCIA SUSTENTADA SOBRE EL TRABAJO

En las charlas o conferencias que he dado sobre el sistema de extranjería siempre he incidido en una cuestión que considero clave para entender dicho sistema: el mismo tiene una base sustancialmente laboral. Independientemente de que haya autorizaciones de residencia que no lo estén, el régimen general se sustenta sobre el hecho de que el inmigrante va a desarrollar una actividad laboral. Esa es la inmigración que se quiere en nuestro país, la laboral, y en tal sentido se regula.

Podremos compartir o no compartir este objetivo, nos gustará más o menos, será especialmente duro en estos momentos de crisis de sistema que dificultan enormemente el desarrollo de actividades laborales con un inaceptable numero de parados. Lo cierto es que lo relevante es que el inmigrante desempeñe una actividad laboral.

Así la renovación de las autorizaciones de residencia (y su concesión) ha venido tradicionalmente vinculada a la realización de unos periodos mínimos de cotización (asimilados a la realización de una actividad laboral) hasta el punto que hace unos años, precisamente por los efectos de la crisis y el incremento de denegaciones de renovaciones, se observó la paradoja de estar denegando renovaciones a extranjeros que por su situación familiar iban a obtener un permiso de arraigo, incorporandose la posibilidad de que si no se cumplían los requisitos pero sí los de reagrupación, poder mantener la renovación.

Esta cuestión ha sido recogida en diversas sentencias del Tribunal Supremo, así en sentencia de 12 de marzo de 2013

"En efecto, si la Ley 4/2000 condiciona en su artículo 38 .6.a ) la renovación de las autorizaciones a la existencia o bien de un previo contrato de trabajo (que persiste o se renueva), o bien de un nuevo contrato laboral, debe entenderse que parte de una cierta continuidad en la relación laboral durante el período de tiempo al que se refería la autorización inicial. Y como es obvio, dicha relación laboral lleva aparejaba la "situación de alta o asimilada al alta" de la que habla el Reglamento"

Esta cuestión, como digo no ha sido flexibilizada en atención a la situación económica actual. Como ejemplo la sentencia del TSJ Castilla la Mancha de 14 de octubre de 2013

"No puede prosperar tampoco la tesis metajurídica implícita en la apelación, consistente en una indeseada -por el actor y apelante- interrupción de su actividad laboral, debido a circunstancias externas, basadas en la crisis económica que, ciertamente, se ha instalado en España desde hace algunos años. Ello no puede impedirnos analizar el ajuste o no a Derecho de los actos combatidos, sin que se puedan atender argumentos de tal calibre en casos como el que nos ocupa, por constituir razones abstractas. Sin dudar de la mejor voluntad del apelante y de su intento de ganarse la vida honradamente en nuestro país, en la aplicación cabal del grupo normativo aplicable no podemos sino confirmar la Sentencia de la primera instancia, reconocido que ha sido por la propia apelación el incumplimiento del requisito temporal y dado que no se ha probado sustitutivo o complemento suficiente. Sin perjuicio, todo ello, de que las circunstancias concretas afectantes al apelante se puedan hacer valer con ocasión de algún otro permiso de residencia, por ejemplo por arraigo o circunstancias excepcionales, si llegara a ser el caso."