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Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

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miércoles, 18 de diciembre de 2013

DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

Hoy se celebra el día internacional del migrante con el objeto de según la resolución 55/93 de la ONU:

2. Invita a los Estados Miembros, así como a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, a que, para conmemorar el Día
Internacional del Migrante, entre otras cosas, difundan información sobre los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambien
experiencias y formulen medidas para protegerlos

Esto se traduce en que se realizarán diversos actos, algunos folklóricos, se repetirán las mismas palabras, discursos muy similares. Lo de todos los años. Pero año a año avanzamos poco.

Cuando decidí empezar con este blog, una de las razones que me impulsaron a ello es estar bastante hastiado de oír siempre las mismas posiciones y tópicos en relación a la inmigración. No sólo de quienes tienen un discurso anti inmigración, sino de quienes digamos están/estamos en el otro bando. Pienso y sigo pensando que esa estanqueidad de ideas no beneficia en absoluto a la realidad que debería darse, cual es la de una efectiva integración que pasara por la construcción de una nueva realidad social.

Es fácil ver que poco se ha avanzado en esta materia, sobre todo en el actual contexto de crisis de sistema. Esperemos que la sociedad civil ocupe el lugar que debe en estos momentos y que en ese proceso de necesaria transformación se consiga también la efectiva integración de los inmigrantes, ciudadanos también, pero que parecen ajenos (no digo que lo sean) a la actual conyuntura.



domingo, 15 de diciembre de 2013

RESIDENCIA TEMPORAL POR ARRAIGO: CONTRATO DE TRABAJO

Una compañera de Valencia me hace llegar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao que revoca previa sentencia del juzgado de lo contencioso y estimando el recurso del abogado del Estado deniega la autorización solicitada de residencia temporal por arraigo.

Esta figura se recoge en el RD 557/11 en su artículo 124 y según dicha redacción básicamente se exige a aquel extranjero con una presencia previa en nuestro país de tres años:
  1. carecer de antecedentes penales
  2. Tener un contrato de trabajo de "duración no inferior a un año" (sic)
  3. Tener vínculos familiares con residentes o en su defecto un informe de arraigo
En relación al contrato de trabajo es obvio que en la actual situación económica y con un elevado número de parados el extranjero en situación irregular se encuentre con dificultades para acceder al mismo y que también la administración sospeche en mayor medida de la realidad del expresado contrato poniendo todas las cautelas. Esa dificultad puede hacer que se realicen prácticas poco recomendables como que el contrato de trabajo no se acomode a una real intención de contratación, algo que suele salir mal cuando se presenta un expediente ante la administración y que por tanto no recomiendo en absoluto.

La expresada sentencia nos ofrece un supuesto en el cual, presentada la solicitud, la administración efectúa una comprobación tendente a determinar la veracidad de la contratación. Para ello solicita diversa documentación a la empresa contratante entre ella la relativa a saldos bancarios así como información sobre altas y bajas de trabajadores, apareciendo que la empresa solo ha mantenido con una adecuada antigüedad de un año a un trabajador mientras que numerosos trabajadores han sido rotados, con una antigüedad de un mes la mayoría o dos meses. Esta rotación de trabajadores es poco común y hace indicar a la administración la inexistencia de un proyecto empresarial que garantice la exigida contratación durante el plazo de un año, ello único a la inexistencia de medios económicos suficientes derivados del examen de los saldos bancarios.

En resumen, es altamente desaconsejable presentar cualquier tipo de contrato de trabajo y menos aquellos que no reflejan de verdad una situación de intención de contratación laboral, es decir, aquellos realizados para facilitar la obtención de una autorización de residencia pero sin que efectivamente se quiera mantener esa obligación contractual.

Y no solo es aconsejable desde un plano moral (el de no engañar), ni siquiera desde el propio plano legal (se podría estar cometiendo incluso un delito) sino desde el propio plano de la eficiencia. La administración va a comprobar y le resulta fácil acceder a datos que indican que la empresa no tiene la capacidad de mantener una contratación como la indicada, lo cual va a conducir a perder el tiempo, y muy probablemente el dinero.

viernes, 13 de diciembre de 2013

LA REFORMA DE LA LEY EXTRANJERIA EN EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

La reforma de la ley de seguridad ciudadana ha generado una amplia contestación social, centrada en peligrosos aspectos de la misma. Eso ha hecho que esté pasando de una manera inadvertida una importante modificación en la ley orgánica de extranjería que se contiene en la disposición final primera de dicho proyecto de reforma, en relación al régimen sancionador de la misma.

Fueron años los que se estuvo planteando sin éxito ante los tribunales el hecho de que a la hora de sancionar la conducta de estancia irregular, que puede ser sancionada tanto con la sanción de multa como con la de expulsión, la interpretación más correcta era la de que debía ser considerada como sanción preeminente la de multa, derivado de la propia redacción del tener literal de la ley, hasta que ya en el año 2005 se aceptó este argumento, tantas veces planteado, por el Tribunal Supremo arrostrando a una jurisprudencia según la cual debe antenderse a la existencia o no existencia de elementos de carácter negativo en el extranjero que en aplicación del principio de proporcionalidad justificaran la opción por la expulsión frente a la prioritaria de multa.

La reforma introduce una sensible variación al establecer que 

“1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas
como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a, b, c, d y f del
artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, además de la sanción de multa, la
expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente
administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la
infracción.”

Como se observa se habla de que podrá aplicarse además de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, es decir, que de manera inadecuada se posibilita sancionar tanto con multa como con expulsión.

La gravedad de esta reforma supone introducir una peligrosa doble sanción que nos obligará a los abogados nuevamente a reforzar nuestras argumentaciones en virtud de la aplicación del principio de proporcionalidad, reservando esa doble sanción para los supuestos más graves, pero hemos de asumir que como se introduzca esta reforma, partimos nuevamente de cero en nuestra lucha en los tribunales buscando una correcta interpretación jurisprudencial.

Añadamos lo que ocurre en otros aspectos, como los propios de la ley de seguridad ciudadana, cuales son las limitaciones para el control jurisdiccional propias del ámbito del orden contencioso administrativo unidos al hecho limitador de acceso a los tribunales que supone la existencia de las tasas judiciales

Además de lo anteriomente expuesto, también es una importante novedad la introducida en el artículo 38 de la ley de seguridad ciudadana por la cual la comisión de infracciones graves y muy graves supondrá como posible sanción la pérdida de la posibilidad de obtener las autorizaciones de residencia y trabajo.

En definitiva, de aprobarse el articulado de la mencionada ley el extranjero tendrá un plus sancionador frente al nacional, algo a todas luces discriminatorio.