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Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

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lunes, 9 de septiembre de 2013

EXPULSION DE RESIDENTE DE LARGA DURACION POR COMISION DELITO

Los Tribunales no acaban de dar cumplida respuesta a si se puede expulsar vía aplicación del artículo 57.2 de la ley orgánica de extranjería a aquellos que ostentan la condición de residentes de larga duración. O mejor dicho, no acaban de dar la respuesta adecuada, que en mi opinión no es otra que sí, siempre y cuando se cumpla lo establecido en la directiva 2003/109/CE. Sin embargo proliferan sentencias que obvian esta directiva y aplican directamente lo establecido en el mencionado artículo. Si bien dejo para otra entrada lo que dice el TEDH sobre esta cuestión apunto dos sentencias que se salen de esta linea jurisprudencial que como digo es contraria a lo que dice el TEDH.

La sentencia del TSJ Castilla y Leon sede Burgos de 19 de octubre de 2012 recoge que hay que analizar dos supuestos:

"a) el supuesto contemplado en el articulo 57.2 de la LOEx ("Asimismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados") puede erigirse en causa de expulsión de los extranjeros que tengan reconocida la residencia permanente, hoy residentes de larga duración, siempre que su conducta personal constituya además una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, y así se fundamente en la resolución, sin que pueda justificarse por razones de orden económico.

b) antes de adoptar la decisión de expulsión la Administración deberán tomar en consideración los elementos siguientes: la duración de la residencia en el territorio; la edad de la persona implicada; las consecuencias para él y para los miembros de su familia; y los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen.

El incumplimiento de estas exigencias en el caso que nos ocupa nos lleva a anular la resolución impugnada por falta de motivación y justificación de la expulsión acordada en función de la normativa que es aplicable, y ello por cuanto en un procedimiento de esta naturaleza la Administración no puede suplir la falta de motivación y de prueba durante el juicio, según constante jurisprudencia. Así el proceso judicial no puede ser utilizado por la Administración para ejercer sus potestades sancionadoras ni para subsanar vicios, omisiones o vulneraciones de derechos de la fase previa (SSTC 59/04) ni por el órgano judicial para ejercitarlas por aquélla (SSTC 161/03, 193/03)

A la vista de lo expuesto no ofrece ninguna duda que la interpretación y aplicación del supuesto y de la expulsión contemplada en el art. 57.2 de la L.O. 4/00 no solo debe verificarse en el contexto y sistemática de dicha Ley, sino que también y sobre todo cuando el expulsado se trata de un extranjero con residencia permanente o de larga duración, es decir del supuesto contemplado en el art. 57.5.b) de la citada Ley, debe aplicarse en el contexto de la normativa comunitaria reseñada y de las directrices jurisprudenciales del TJCE, y ello, como consecuencia de la aplicación de los principios de efecto directo y de primacía que se predica del Derecho Comunitario en relación con el Derecho interno, y más aún cuando, como ocurre en el caso de autos ya ha vencido el plazo para trascribir la directiva 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, y cuando el propio legislador reconoce en la exposición de motivos de la L.O. 2/09 que modifica la L.O. 4/00, que aquella Ley también se dicta para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico mencionada directiva; queremos decir con esto, que si la transposición de dicha directiva se hubiera realizado de forma imprecisa o defectuosa por el legislador español en esta cuestión de los residentes de larga duración no existiría obstáculo legal alguno para que los tribunales nacionales pudieran aplicar dicha directiva y ello como consecuencia del efecto directo que se reconoce a la misma en el Derecho Comunitario como por diferentes sentencias del TJCE, en concreto en la sentencia Pretore de Saló de 11.6.1987, en la sentencia Francovich, de 19.11.1991, en la sentencia Simmenthal, de 9.3.1978, en la sentencia Fratelli Constanzo, de 22.6.1989"

Existen pocas sentencias en este sentido, pero es el camino y la que comparto totalmente; lo procedente es la aplicación directa de la expresada directiva y el examen de la espulsión en los supuestos contenidos en la misma.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

EL GOBIERNO DE ARAGON ATACA AL SAOJI

El SAOJI ha sido el Servicio de Asesoramiento y Orientación Juridica para Inmigrantes. A principios de los años 90 un grupo de abogados sensibilizados con la situación de extranjería promovieron la prestación de un servicio de asesoramiento a los mismos. Después, se consiguió una financiación publica por parte del gobierno de Aragón, funcionando desde entonces como SAOJI. El SAOJI fue pionero en esta cuestión y su excelente labor y ejemplo, contagió a otros colegios de abogados implantandose progresivamente servicios similares. Al SAOJI pertenecí durante 10-12 años, ya no recuerdo exactamente, la memoria no perdona. Sigo teniendo excelente relación con muchos de sus integrantes y con quienes han sido sus coordinadoras. Incluso tenían la deferencia de invitarme a sus cenas a pesar de no seguir en el servicio. Ahora, el SAOJI está en trance de desaparecer. ¿que le ha llevado a esta situación y que lecciones podemos aprender para el turno de oficio?.

Hace seis años (esa memoria) con el anterior gobierno de Aragón (psoecialista) se empezó a reducir la dotación económica de este servicio. La administración firmaba un convenio con el Colegio de Abogados y retribuía el servicio con una cantidad, que al igual que sucede con el turno de oficio, era ínfima e indigna. A pesar de ello, como digo, la administración planteó una rebaja de la misma. No eran estos tiempos de crisis, faltaba poco eso sí, pero la respuesta por parte de mi Colegio de Abogados fue inadecuada en mi opinión. Así se lo hice saber en su día. La postura de mi Colegio de Abogados era que había que aceptar la rebaja, dado que si no se aceptaba, el servicio corría el riesgo de no ser conveniado, de que se sacara a concurso y que entonces ya no se prestara por el Colegio de Abogados. Mi respuesta fue la siguiente: el SAOJI no era otra cosa que el grupo de abogados y la posición del Colegio significaba ceder el SAOJI a la administración. Si teníamos miedo de que nos lo "quitaran" en la práctica ya nos lo habían quitado. La fuerza y la importancia, el valor del SAOJI, era el grupo de abogados, que con su experiencia y profesionalidad lo prestigiaba (lo prestigiabamos). Y lo que debíamos hacer era buscar financiación complementaria o alternativa a la pública, por ejemplo, a través de fundaciones. No me hicieron caso, y aceptaron la rebaja.

A esta rebaja, siguió otra, y otra, así anualmente. Al anterior discurso se añadía por parte de mi Colegio, que claro, que estabamos en crisis y que era normal que se redujera el importe económico. A lo cual, nuevamente yo respondía, lo que ha había dicho al principio, y que no fueran ignorantes. Que no se trataba de una crisis económica cíclica. Que todo lo que ahora retrocedieramos en derechos no lo ibamos a recuperar. Y claro, ahora la posibilidad de financiación alternativa era más compleja, pero había que intentarlo. Pero nuevamente tampoco me hicieron caso, ni se promovieron ni realizaron contactos para buscar esa otra financiación.. El SAOJI pasó de dar un servicio diario a solo tres días entre semana. Para la misma o mayor demanda.

Hace dos años cambia el gobierno, y entra el partido populachero. Como criterio político decide eliminar los convenios y que se saquen, este también, a concurso. Ya toma cuerpo la amenaza de la privatización, esa que mencionaba dos párrafos más arriba. No voy a entrar en las cuestiones sobre el concurso, que fueron candentes en mi Colegio y también me obligaron a otra posición, pero ese es otro tema. De los de contar tomando cervezas. Pero el concurso acaba concediendo el servicio al Colegio de Abogados, con importes económicos reducidos y un incremento de obligaciones. Se firma un contrato por un año que finalizaba el anterior semestre. Para este último semestre se hace un nuevo concurso.

El lector más avezado se está imaginando el resultado. Efectivamente, las condiciones en este último concurso varían sensiblemente facilitando la concurrencia y salta la sorpresa, el servicio no es adjudicado al Colegio de Abogados. Mañana trataremos el tema en Comisión del turno y esta semana hay reunión de los integrantes del servicio.

¿Que hay que hacer en mi opinión? La única solución en estos momentos, a la jugarreta del Gobierno de Aragón pasa por volver a los orígenes del SAOJI. Como decía al principio fue un grupo de abogados, SIN FINANCIACION PUBLICA, poniendo desinteresadamente su esfuerzo, quienes lo constituyeron y quienes lo prestaban. Hay que continuar con la prestación del servicio, porque de no hacerse así, el SAOJI como tal desaparecerá y será sustituido por un servicio apropiado por la Administración.

Que lecciones podemos aprender para el turno de oficio:
* que no podemos desplazar el punto de equilibrio a la administración. El turno de oficio y los servicios relacionados con el mismo, somos los abogados. La pieza esencial sobre la que pivota son los abogados. El elemento de especial valor, son los abogados. No es la Administracion. SOMOS LOS ABOGADOS.
* que no se puede depender de la financiación pública, porque eso significa dar el poder a la administración y que esta sea quien decida en definitiva la financiación, siendo las negociaciones con la misma puros paripes, porque nunca hemos adoptado posturas de fuerza y determinación en las negociaciones (salvo excepciones en estos últimos años, como cuando en Bizkaia cerraron el SOJ).
* que hay que vender el valor de la prestación del servicio por abogados del turno de oficio, por su calidad, compromiso, eficacia y profesionalidad.
* que no hay que aceptar cualquier condición económica que imponga la Administración.
* que estar continuamente con el mantra de que como no aceptemos las condiciones de la Administración este será privatizado, supone una muerte anunciada. La Administración decidirá la privatización cuando le interese y no valorará lo que se haya hecho por los Colegios y los abogados durante los últimos años.

Todos esos puntos los llevamos incumpliendo desde hace años, y recorremos como ovejas al matadero, el camino de la temida privatización del turno de oficio.

Para más información sobre la cuestión, la circular al respecto del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.