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Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

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jueves, 22 de septiembre de 2016

EL PROCEDIMIENTO PREFERENTE SANCIONADOR

El procedimiento sancionador en materia de extranjería puede ser ordinario o preferente. El preferente se regula en el artículo 63 de la ley orgánica de extranjería.
Artículo 63. Procedimiento preferente.
1. Incoado el expediente en el que pueda proponerse la expulsión por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el artículo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, la tramitación del mismo tendrá carácter preferente.
Igualmente, el procedimiento preferente será aplicable cuando, tratándose de las infracciones previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 53, se diera alguna de las siguientes circunstancias:
a) riesgo de incomparecencia.
b) el extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
c) el extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
En estos supuestos no cabrá la concesión del período de salida voluntaria.
2. Durante la tramitación del procedimiento preferente, así como en la fase de ejecución de la expulsión que hubiese recaído, podrán adoptarse las medidas cautelares y el internamiento establecidas en los artículos 61 y 62.
3. Se garantizará el derecho del extranjero a asistencia letrada, que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o no habla castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.
4. Iniciado el expediente, se dará traslado al interesado del acuerdo de iniciación debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo así.
5. Si el interesado, o su representante, no efectuase alegaciones ni realizasen proposición de prueba sobre el contenido del acuerdo de iniciación, o si no se admitiesen, por improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el instructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificación de los hechos, el acuerdo de iniciación del expediente será considerado como propuesta de resolución con remisión a la autoridad competente para resolver.
De estimarse la proposición de prueba, esta se realizará en el plazo máximo de tres días.
6. En el supuesto de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 53 cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad autorización de residencia temporal conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de esta Ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión suspenderá la misma hasta la resolución de la solicitud, procediendo a la continuación del expediente en caso de denegación.
7. La ejecución de la orden de expulsión en los supuestos previstos en este artículo se efectuará de forma inmediata.

Frente al artículo 63 bis que regula el procedimiento ordinario, el procedimiento preferente limita la defensa de los ciudadanos entre otras cosas por sus plazos más cortos a la hora de efectuar alegaciones.

SUPUESTOS POR LOS QUE PUEDE SEGUIRSE

El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito.
que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. SOLO CUANDO se cumplan los requisitos establecidos en el artículo que regula este procedimiento: riesgo de incomparecencia, acciones que puedan evitar la expulsión o que el extranjero suponga un riesgo.

LA NECESIDAD DE MOTIVACION 

En este sentido procede recordar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 131/16 que analizo en esta otra entrada del blog, según la cual la utilización del procedimiento sancionador preferente así como la resolución que en el mismo se imponga debe estar suficientemente motivada algo bastante inhabitual en los procedimientos sancionadores

LA INADECUACION DE PROCEDIMIENTO

Si se sigue indebidamente un procedimiento preferente cuando no concurren las causas que motivan el mismo y debería haberse seguido un procedimiento ordinario nos encontraríamos con una nulidad del mismo por causa de nulidad de seguirse procedimiento inadecuado de la ley de procedimiento administrativo todavía vigente a fecha de esta entrada. Así hay sentencias que estiman este motivo de recurso  como explicaba en esta otra entrada del blog

Debo recordar que las sanciones del artículo 53 y por las cuales se puede seguir el procedimiento preferente no suponen con la legislación actual la expulsión en todo caso. Todo ello a salvo de la actual controversia jurisprudencia tras la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 que comento en esta otra entrada del blog y respecto a las diferentes posiciones de Tribunales esta entrada del blog donde recojo la ponencia al respecto del último encuentro de abogados de extranjería celebrado en Burgos.





lunes, 19 de septiembre de 2016

PADRE CON ANTECEDENTES PENALES SIENDO SU HIJO ESPAÑOL O COMUNITARIO. CASO RENDON. SENTENCIA DEL TJUE DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En la presente entrada voy a analizar la reciente sentencia del TJUE de 13 de septiembre de 2016 Caso Rendon, caso que plantearon unas compañeras abogadas de Malaga y que fue objeto de exposición en el encuentro de abogados de Extranjería celebrado en Málaga en el año 2015.

SUPUESTO DE HECHO

El Sr. Rendon tiene la guarda y custodia en exclusiva de dos niños con nacionalidad de país comunitario (española y polaca). Los niños son nacidos en Málaga habiendo residido siempre en España. Tiene antecedentes penales razón por la cual se le deniega una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

Planteado recurso de casación ante el Tribunal Supremo este observa que la denegación de la autorización solicitada implica la salida obligatoria y por tanto la de los dos menores pero por otro lado la legislación española no establece un supuesto de excepción debiendo denegarse la autorización si hay antecedentes penales.

CUESTION PREJUDICIAL

¿Es compatible con el artículo 20 [TFUE], interpretado a la luz de las sentencias de 19 de octubre de 2004[, Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639),] y [de] 8 de marzo de 2011[, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)], una legislación nacional que excluye la posibilidad de otorgar permiso de residencia a un progenitor de un ciudadano de la Unión Europea, menor de edad y dependiente de aquél, por tener antecedentes penales en el país donde formula la solicitud, aunque ello lleve aparejada la salida forzosa del territorio de la Unión del menor al tener que acompañar al progenitor?

FUNDAMENTOS JURIDICOS

El TJUE reformula la pregunta del Tribunal Supremo dejandola con la siguiente literalidad "si el artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38, por un lado, y el artículo 20 TFUE, por otro, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia en el territorio del Estado miembro de que se trata a un nacional de un tercer Estado cuando dicho nacional tiene antecedentes penales, aunque el interesado tenga a su cargo exclusivo dos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión, que residen con él en dicho Estado miembro desde su nacimiento, sin haber ejercido su derecho a la libre circulación, y aunque la consecuencia de tal denegación sea obligar a esos hijos suyos a abandonar el territorio de la Unión"

Inicia el análisis recordando que los derechos de nacionales de tercceros estados relativos a la ciudadanía de la Unión no son derechos propios sino derivados de la libre circulación de un ciudadano de la Unión, es decir que en este caso el Sr. Redón no tiene derechos propios sino derivados de sus hijos y que por tanto solo existe un derecho de residencia de un nacional de tercer Estado cuando sea necesario para garantizar la libre circulación o la residencia de un ciudadano de la Unión Europea.

Bien, en relación a la situación el Sr. Redón, el mismo no puede considerarse beneficiario en los términos del artículo 3.1 de la Directiva 2004/38 por el hijo que tiene nacionalidad española dado que no ha ejercido libre circulación pero sí por la hija que tiene nacionalidad polaca aunque haya nacido en España y no haya circulado (Caso Chen)

Así que a continuación el TJUE comprueba si se cumplen con las limitaciones existentes para el derecho de residencia, como que no sean una carga para el Estado, haya seguro médico y en particular analiza la cuestión ya resuelta en otras sentencias respecto a que si bien la mención legal expresa ascendiente a cargo hay supuestos como éste es que es el menor nacional de la unión el que está a cargo de un nacional de tercer estado, supuestos resueltos favorablemente pues si no supondría privar de derecho de residencia a menores nacionales de la Unión ((véanse las sentencias de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, apartado 45, y de 10 de octubre de 2013, Alokpa y Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, apartado 28))

Tras examinar la existencia del derecho a residencia entra en la cuestión de los antecedentes penales. Para resolver esta cuestión parte de que pudiendo establecer las legislaciones límites la residencia, la directiva 2004/38 recoge que los ciudadanos de la unión y los miembros de su familia tienen un régimen de protección ante la expulsión, mayor cuanto mayor arraigo tienen. Y las limitaciones conforme a la mencionada directiva (art.27) lo son por razones de orden público o de seguridad pública.

Así recuerda la sentencia que:

" Según reiterada jurisprudencia, la reserva de orden público constituye una excepción al derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión o de los miembros de sus familias, que debe ser objeto de interpretación estricta y cuyo alcance no puede ser determinado unilateralmente por los Estados miembros (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de diciembre de 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, apartado 18; de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, apartado 33; de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos y Oliveri, C‑482/01 y C‑493/01, EU:C:2004:262, apartado 65; de 27 de abril de 2006, Comisión/Alemania, C‑441/02, EU:C:2006:253, apartado 34, y de 7 de junio de 2007, Comisión/Países Bajos, C‑50/06, EU:C:2007:325, apartado 42)."

Y que las limitaciones han de acomodarse al principio de proporcionalidad y al examen individualizado de la conducta del ciudadano.

Siendo importante que:

" Procede añadir que el artículo 27, apartado 2, de esta Directiva subraya que la existencia de condenas penales anteriores no constituye por sí sola una razón para adoptar medidas por razones de orden público o seguridad pública, que la conducta personal del interesado debe constituir una amenaza real y actual que afecte a un interés fundamental de la sociedad o del Estado miembro de que se trate, y que no pueden argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, apartados 23 y 24, y de 23 de noviembre de 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, apartado 48)"

En el caso estudiado la mera existencia de antecedentes penales supone de manera automática la denegación de la residencia, sin que haya examen de proporcionalidad, sin que se haga un análisis individualizado de la conducta ni sobre la afección al orden público o a la seguridad pública.

Así la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que:

"el artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia a un nacional de un tercer Estado, progenitor de un hijo menor de edad ciudadano de la Unión que está a su cargo y que reside con él en el Estado miembro de acogida, debido únicamente a que dicho nacional de un tercer Estado tiene antecedentes penales"

Entendiendo además por similares razones (que el derecho de residencia de los menores se vería afectado por la no concesión de la residencia al padre) también una normativa que deniega automáticamente la residencia por la existencia de antecedentes penales, vulnera el artículo 20 del TFUE.


CUESTIONES RELEVANTES

* En el supuesto el Sr. Rendón tiene la guarda y custodia en exclusiva de los menores, razón por la que se vería afectado su derecho de residencia. Lo importante por tanto es la afectación de los derechos de libre circulación y residencia de los menores, lo cual puede extenderse a otros motivos de denegación.
* La cuestión de los antecedentes penales no es exclusiva de la autorización de residencia por circunstancias excecpcionales siendo una cuestión alegable en otros supuestos.
* Prima el concepto de orden público y de seguridad pública como ya he explicado en otras entradas de este blog
* Como abogados, debemos estudiar la posibilidad de plantear responsabilidad patrimonial del Estado en supuestos de estimación de recursos obteniendo autorizaciones de residencia. Estando pendiente de sentencia, el Sr. Redón cancelo sus antecedentes penales y obtuvo una autorización de residencia por circunstancias excepcionales como padre de menor español. El tribunal Supremo mantuvo la petición de pronunciamiento del TJUE por entender que una eventual estimación del recurso interpuesto supondría "la nulidad de dicha resolución y la concesión de una autorización de residencia en esa fecha podrían tener, para el recurrente en el litigio principal, consecuencias que van más allá de la propia autorización, tales como la reparación por la pérdida de contratos de trabajo, de prestaciones sociales o de cotizaciones a la seguridad social o incluso, en su caso, el derecho a adquirir la nacionalidad española".

miércoles, 7 de septiembre de 2016

EXPULSION DE EXTRANJERO CON RESIDENCIA DE LARGA DURACION. SENTENCIA 131/16 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Comentaré a continuación la sentencia 131/16 del Tribunal Constitucional que estima el recurso de amparo de un extranjero con residencia de larga duración al que se le impone una expulsión, recurso en el que ha intervenido como abogada una compañera de la asociación EXTRANJERISTAS y que precisamente fue ponente en el meeting que realizamos en Valencia.

En el supuesto el ciudadano extranjero tiene una residencia de larga duración y dos prohibiciones de entrada con una condena de tres años de prisión por trafico de drogas en Holanda. Abierto procedimiento preferente y establecida expulsión, se interpone recurso contencioso administrativo estimandose el mismo por el juzgado valorando el arraigo y el hecho de que no se ha acreditado que la conducta del residente de larga duración haya afectado al orden público. Interpuesto recurso de apelación por el abogado del Estado se estima por sentencia de 23 de julio de 2014 del TSJ de Valencia recogiendo en síntesis que: la expulsión no tiene carácter sancionador siendo una medida de regulación migratoria y que cabe la expulsión de extranjeros condenados a más de un año de prisión; 

El recurso de amparo se interpone por los siguientes motivos: falta de motivación y como tal afectación al derecho a la tutela judicial efectiva; afectación al derecho a la intimidad familiar y vulneración de la igualdad por ser una resolución contraria a otras sobre supuestos similares.

La sentencia del Tribunal Constitucional recoge que por ejemplo en la apertura del expediente sancionador se habla de que el ciudadano carece de autorizacion de residencia cuando la tiene de larga duración, así como que a lo largo del mismo se reproducen expresiones estereotipadas como las que añado yo nos encontramos en la práctica totalidad de los expedientes sancionadores. Así a la vista de ello concluye que no ha habido un verdadero examen individualizado del tema:

"En definitiva, existe una clara negativa de la Administración a valorar las circunstancias alegadas por el actor, ya que se limita a rechazar las alegaciones mediante fórmulas estereotipadas, en lugar de llevar a cabo una motivación más detallada y apegada al caso, en la que se ponderaran de manera constitucionalmente adecuada los derechos en juego y las circunstancias personales y familiares del actor."

Se planteaba en el caso como alegación del abogado del estado que la expulsión no tiene carácter sancionador y que por lo tanto no son exigibles los principios del derecho sancionador entre ellos la motivación. Inicialmente la sentencia recoge que es la propia administración la que sigue un expediente sancionador y la que resuelve imponer "una sanción de expulsión". 

A continuación recoge que la obligación de motivación no es exclusiva de la imposición de sanciones y que cobra especial relevancia cuando se ven afectados derechos fundamentales que se verían afectados de practicarse la expulsión.

Expresa que de considerar que la expulsión no es una sanción, eso no es óbice para exigir la debida motivación en las resoluciones judiciales y que como en la sentencia del TSJ no se evaluan ni ponderan las circunstancias personales del ciudadano sino que se limita a establecer adecuada la expulsión por la aplicación automática del artículo 57.2 de la LOEX existiría esa vulneración de la falta de motivación.

Razón por la cual se acuerda la nulidad de la sentencia del TSJ manteniendo firme la sentencia del juzgado de lo contencioso que estimaba el recurso interpuesto y anulaba la sanción.

Como resumen de la misma:

- El tribunal Constitucional no entra a valorar si la expulsión tiene naturaleza de expulsión
- Independientemente de ello, en estos supuestos siempre ha de haber la debida motivación que justifique la expulsión
- Para que haya una debida motivación hay que valorar las circunstancias personales del ciudadano extranjero con residencia de larga duración
- La sentencia es deficiente en el sentido de que no deja suficientemente claro la ausencia de motivación en estos expedientes sancionadores repetitivos y estereotipados aunque podemos alegar que sí que lo hace a la vista del resultado final.


Sobre el tema de residentes de larga duración y antecedentes penales ya traté el tema en este blog en estas entradas:


viernes, 17 de junio de 2016

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL TRAS SENTENCIA TJUE DE 23 DE ABRIL DE 2015 CASO ZAIZOUNE. ENCUENTRO DE EXTRANJERIA EN BURGOS

El magistrado Cominges de Ourense parte de que la expulsión es una sanción conforme a la redacción de la LOEX

La mayoría de los TSJ actualmente entienden que no cabe multa y procede la expulsión por primacía del derecho de la unión, el efecto directo de la directiva, su efecto útil y el principio de intervención conforme al derecho de la Unión.

Existen votos particulares en TSJ y sentencias de juzgados que piensan que se mantiene la expulsión.

TSJ Murcia anula expulsión por no haberse concedido plazo de salida voluntaria de entre 7 a 30 días.



La directiva de retorno habla de la protección de la familia y la existencia de razones humanitarias lo cual implica que algunos tribunales están anulando la sanción por estas vías.

Planteamiento del magistrado:

- no se puede invocar el planteamiento directo de la directiva por el estado es tiene la obligación de transponer la norma y si no lo hace no puede alegar este informe directo.

- el TJUE interpreta derecho europeo, no el español

- efecto útil de la directiva. El sistema español que alterna multa y expulsión es útil 

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DUBLÍN: 604/13. ENCUENTRO DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA EN BURGOS

El reglamento Dublín 604/13 regula la determinación del país responsable para el análisis de una solicitud de protección internacional 

La UE no es parte contratante de la convención de Ginebra ni de su Protocolo, pero el derecho de asilo,se garantiza en la carta de derechos de la Unión Europea y en el TFUE, y desde el convenio de Dublín 1990 existe una intención de armonización que se concreta en particular en Tampere (consejo europeo) que conduce a Dublín II en 2003 que se sustituye por Dublín III en 2013.

Posición del TJUE tras Dublín II y antes de Dublín III

Asunto Petrosian C-19/08 con Dublín II sobre la responsabilidad de la tramitación del expediente de solicitud de asilo al existir en este caso solicitudes en dos países y decisión de remisión del caso con el primer país donde se solicitó. 

Asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10. TJUE expresa que no se puede presumir irrefutablemente que el estado miembro responsable respeta los derechos fundamentales de la UE y el articulo 4 de la carta establece que no se puede trasladar a un solicitante de asilo a un estado en que no se cumplan. En definitiva no el mero hecho de ser miembro de la UE supone el cumplimiento de las garantías. También que no se puede agravar la situación del solicitante de asilo con un largo procedimiento de determinación del estado responsable.

Asunto C-620/10 Kastrati.

Asunto C-245/11 Bundeysalamt. Un estado miembro donde no se inicia la solicitud de asilo puede convertirse en el estado responsable para la solicitud. Se trataba de una situación de dependencia familiar.

Asunto C-528/11 Halaf. Un estado miembro puede ser responsable aunque no concurran los requisitos de la normativa.


Asunto C-648/11 los menores no acompañados son especialmente vulnerables y como regla general no deben ser trasladados a otro estado miembro.

Asunto C-394/12 Abdullahi. Si estamos hablando del primer estado miembro donde se podía efectuar la solicitud (entrada en UE) solo puede negarse la competencia de ese estado miembro si se prueba la existencia de condiciones serias y acreditadas de vulneración de derechos del solicitante.

Posición del TJUE tras Dublín III

Asunto C-695/11 PPU Mirza. El solicitante abandono el lugar de residencia que se le había asignado y se entiende conforme a la directiva que la solicitud había sido implícitamente retirada. 

Asunto C-63/15 Ghezelbash. Derecho a tutela judicial efectiva teniendo derecho a revisar la decisión de traslado pues cabe control de los criterios de aplicación del estado miembro.

Asunto C-155/15 Karim.

reglamento Dublín III

Da garantías al solicitante de asilo, posibilidades de tutela judicial efectiva y suspensión del traslado o retorno, entre otros aspectos.

Acaba con solicitantes de asilo que efectuaban solicitudes sucesivas en diferentes estados. El convenio no es equitativo en el sentido de que hay estados miembros de la UE que reciben la,llegada de más solicitantes de asilo.

jueves, 16 de junio de 2016

ENCUENTRO DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA EN BURGOS

Un año más cumplo con lo que he convertido en una cita fiel, la asistencia al encuentro de abogados de extranjeria en Burgos, del cual procuraré dar información técnica en el blog en las entradas que iré redactando durante las sesiones del mismo.

El encuentro posibilita dar un paso en la cohesión de un grupo de abogados habituales de los encuentros y que va creciendo año a año, algunos de ellos con responsabilidades en la subcomisión de extranjeria del CGAE, o en sus colegios y otros que no lo estamos. Este año siento que es un momento de inflexión en muchos sentidos, cambios en el sistema organizativo de la subcomisión de extranjeria y cambios en la asociación de abogados extranjeristas (que nació en estos encuentros) de la cual voy a ser presidente.

Estos movimientos de cambio generan necesariamente esa inflexión, pero esencialmente la inflexión deriva de las inquietudes, ganas de actuar y de aportar de esos abogados, con un marcado carácter colaborativo, de generosidad y de equipo. Tomamos conciencia de un modo u otro de la importancia del grupo y de todo lo que este puede aportar.



El encuentro en sus cuestiones formales queda pasos atrás, programa reiterando ponentes y temas y carencias de novedades. De algún modo podemos estar ante una especie de sorpasso del grupo, tanto desde sus funciones institucionales (subcomisión) como desde fuera del mismo y dentro del grupo. Una energía que será canalizada de un modo u otro para transformar la abogacia y de este modo para transformar los sectores donde se concentran nuestras acciones profesionales.

Frente a ello palabras mil veces oídas: el papel de los abogados de extranjeria, la defensa de derechos humanos, agradecimientos varios. En fin.

Hoy comentaba con Laura, compañera y amiga, que tras el encuentro de verdad entre muchos de esos miembros del grupo, el trasladar a los mismos el planteamiento de reorganización de la asociación y la ilusión despertada en esos abogados por construir una herramienta que potencie al grupo, y esos momentos de compartir tomando vinos, cervezas, cenando y prolongando el espacio como si quisiéramos exprimir esos pocos días al año en el que nos encontramos y nos faltarán horas y preferimos privarnos del sueño y alargar el encuentro como amantes que se ven muy de cuando en cuando; sentía que lo importante había finalizado, que el encuentro formal (ponencias, talleres, etc) casi era un trámite.

Estoy convencido de que otros compañeros sienten lo mismo. De ahí la importancia de poner en valor a esos excelentes abogados profesionales y personas que tanto quieren dar.

martes, 31 de mayo de 2016

DILACIONES INDEBIDAS EN PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJERIA

La sentencia 75/16 del Tribunal Constitucional publicada en el BOE de hoy 31 de mayo de 2016 analiza y declara la existencia de vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas a un ciudadano que interpone recurso contencioso administrativo contra una sanción de expulsión alegando caducidad (por transcurso de seis meses en el procedimiento administrativo sancionador). Considero importante que atendamos a la secuencia de hechos. Se abre expediente sancionador en fecha 18 de septiembre de 2009. En fecha 19 de abril de 2010 se presenta escrito pidiendo la caducidad del expediente por el transcurso de los citados seis meses y en fecha 20 de mayo, transcurrido un mes (silencio negativo) sin que se conteste por la administración se presenta la demanda. Es decir que el ciudadano (su abogado) obra con una absoluta diligencia y celeridad buscando que cuanto antes finalice la espada de Damocles que supone el expediente. La vista del juicio es señalada para el 22 de enero de 2014, es decir tres años y 8 meses después.

En la sentencia el Tribunal Constitucional reitera aspectos de otros pronunciamientos del mismo en relación a las dilaciones indebidas. Así la necesidad de atender a la evaluación de cada caso concreto para ver si la dilación es justificada y que no podemos exigir el riguroso cumplimiento de los plazos procesales fijados para los juzgados y tribunales así como que "la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a los Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de los litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso." También hace mención a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en «un tiempo razonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 CE, y la necesidad de atender a criterios como: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades."

En este caso (y tantos otros de extranjería) el Tribunal Constitucional considera que no estamos ante un asunto que revista una especial complejidad, al tratarse de un recurso en el que el interesado se dirigía contra una resolución desestimatoria, por silencio administrativo, de una petición de caducidad de un expediente sancionador de expulsión del territorio nacional llegando a mencionar la existencia de un evidente perjuicio del recurrente si la vista es señalada el 22 de enero de 2014, cuando había sido interpuesta la demanda el 7 de mayo de 2010. Para hacer un resumen de otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional donde se ha entendido la existencia de dilaciones indebidas en procesos de extranjería:

* STC 142/2010, de 21 de diciembre, el señalamiento de la vista se fijó para año y medio después, respecto a la interposición del recurso contencioso-administrativo, frente a una denegación de solicitud de asilo. 
* expulsión STC 54/2014, de 10 de abril, por un señalamiento fijado para dos años y seis meses posteriores a la interposición del recurso; STC 99/2014, de 23 de junio, por un señalamiento posterior en algo más de dos años a la interposición del recurso; STC 88/2015, de 11 de mayo, donde el señalamiento tuvo un retraso similar al anterior. 
*denegación de una autorización de residencia, STC 74/2015, de 27 de abril, apreció la existencia de dilaciones indebidas por un retraso en el señalamiento de la vista de dos años y medio

Expresa el Tribunal Constitucional que el retraso en la tramitación procesal ha de ser ponderado de acuerdo al interés que arriesgue el recurrente en el pleito entendiendo que la sanción de expulsión afectaba necesariamente a un ámbito preferente de sus derechos e intereses legítimos. 

Como aspecto a destacar de esta sentencia el recurso de amparo se interpone contra el decreto que señala la vista, es decir que no se espera a deducir a la resolución judicial por lo que la dilación radica exclusivamente en el período excesivo de tiempo que media entre el momento en que se dictó el decreto inicial de señalamiento de la vista y la fecha fijada para tal acto procesal y que aunque el retraso parezca obedecer a causas estructurales y a la carga de trabajo que pesa sobre el órgano judicial eso no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas pues esta situación no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias. y este último en la Sentencia de 11 de marzo de 2004, caso Lenaerts c. Bélgica (§ 18), razonó que el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable. 

Por si existe curiosidad al respecto, recojo que en el procedimiento principal se dictó sentencia de 22 de enero de 2014, estimatoria del recurso, anulando y dejando sin efecto la actuación administrativa y declarando la caducidad del procedimiento sancionador, lo que no quita para que la sentencia del Tribunal Constitucional estime el recurso de amparo y declare la nulidad del derecho a los meros efectos declarativos.

Eso sí, permitaseme que diga que no deja de tener cierta guasa que el Tribunal Constitucional hable de dilaciones indebidas cuando el recurso de amparo se interpuso en 2010 y se resuelve en 2016.