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Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

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viernes, 17 de junio de 2016

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL TRAS SENTENCIA TJUE DE 23 DE ABRIL DE 2015 CASO ZAIZOUNE. ENCUENTRO DE EXTRANJERIA EN BURGOS

El magistrado Cominges de Ourense parte de que la expulsión es una sanción conforme a la redacción de la LOEX

La mayoría de los TSJ actualmente entienden que no cabe multa y procede la expulsión por primacía del derecho de la unión, el efecto directo de la directiva, su efecto útil y el principio de intervención conforme al derecho de la Unión.

Existen votos particulares en TSJ y sentencias de juzgados que piensan que se mantiene la expulsión.

TSJ Murcia anula expulsión por no haberse concedido plazo de salida voluntaria de entre 7 a 30 días.



La directiva de retorno habla de la protección de la familia y la existencia de razones humanitarias lo cual implica que algunos tribunales están anulando la sanción por estas vías.

Planteamiento del magistrado:

- no se puede invocar el planteamiento directo de la directiva por el estado es tiene la obligación de transponer la norma y si no lo hace no puede alegar este informe directo.

- el TJUE interpreta derecho europeo, no el español

- efecto útil de la directiva. El sistema español que alterna multa y expulsión es útil 

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DUBLÍN: 604/13. ENCUENTRO DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA EN BURGOS

El reglamento Dublín 604/13 regula la determinación del país responsable para el análisis de una solicitud de protección internacional 

La UE no es parte contratante de la convención de Ginebra ni de su Protocolo, pero el derecho de asilo,se garantiza en la carta de derechos de la Unión Europea y en el TFUE, y desde el convenio de Dublín 1990 existe una intención de armonización que se concreta en particular en Tampere (consejo europeo) que conduce a Dublín II en 2003 que se sustituye por Dublín III en 2013.

Posición del TJUE tras Dublín II y antes de Dublín III

Asunto Petrosian C-19/08 con Dublín II sobre la responsabilidad de la tramitación del expediente de solicitud de asilo al existir en este caso solicitudes en dos países y decisión de remisión del caso con el primer país donde se solicitó. 

Asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10. TJUE expresa que no se puede presumir irrefutablemente que el estado miembro responsable respeta los derechos fundamentales de la UE y el articulo 4 de la carta establece que no se puede trasladar a un solicitante de asilo a un estado en que no se cumplan. En definitiva no el mero hecho de ser miembro de la UE supone el cumplimiento de las garantías. También que no se puede agravar la situación del solicitante de asilo con un largo procedimiento de determinación del estado responsable.

Asunto C-620/10 Kastrati.

Asunto C-245/11 Bundeysalamt. Un estado miembro donde no se inicia la solicitud de asilo puede convertirse en el estado responsable para la solicitud. Se trataba de una situación de dependencia familiar.

Asunto C-528/11 Halaf. Un estado miembro puede ser responsable aunque no concurran los requisitos de la normativa.


Asunto C-648/11 los menores no acompañados son especialmente vulnerables y como regla general no deben ser trasladados a otro estado miembro.

Asunto C-394/12 Abdullahi. Si estamos hablando del primer estado miembro donde se podía efectuar la solicitud (entrada en UE) solo puede negarse la competencia de ese estado miembro si se prueba la existencia de condiciones serias y acreditadas de vulneración de derechos del solicitante.

Posición del TJUE tras Dublín III

Asunto C-695/11 PPU Mirza. El solicitante abandono el lugar de residencia que se le había asignado y se entiende conforme a la directiva que la solicitud había sido implícitamente retirada. 

Asunto C-63/15 Ghezelbash. Derecho a tutela judicial efectiva teniendo derecho a revisar la decisión de traslado pues cabe control de los criterios de aplicación del estado miembro.

Asunto C-155/15 Karim.

reglamento Dublín III

Da garantías al solicitante de asilo, posibilidades de tutela judicial efectiva y suspensión del traslado o retorno, entre otros aspectos.

Acaba con solicitantes de asilo que efectuaban solicitudes sucesivas en diferentes estados. El convenio no es equitativo en el sentido de que hay estados miembros de la UE que reciben la,llegada de más solicitantes de asilo.

jueves, 16 de junio de 2016

ENCUENTRO DE ABOGADOS DE EXTRANJERIA EN BURGOS

Un año más cumplo con lo que he convertido en una cita fiel, la asistencia al encuentro de abogados de extranjeria en Burgos, del cual procuraré dar información técnica en el blog en las entradas que iré redactando durante las sesiones del mismo.

El encuentro posibilita dar un paso en la cohesión de un grupo de abogados habituales de los encuentros y que va creciendo año a año, algunos de ellos con responsabilidades en la subcomisión de extranjeria del CGAE, o en sus colegios y otros que no lo estamos. Este año siento que es un momento de inflexión en muchos sentidos, cambios en el sistema organizativo de la subcomisión de extranjeria y cambios en la asociación de abogados extranjeristas (que nació en estos encuentros) de la cual voy a ser presidente.

Estos movimientos de cambio generan necesariamente esa inflexión, pero esencialmente la inflexión deriva de las inquietudes, ganas de actuar y de aportar de esos abogados, con un marcado carácter colaborativo, de generosidad y de equipo. Tomamos conciencia de un modo u otro de la importancia del grupo y de todo lo que este puede aportar.



El encuentro en sus cuestiones formales queda pasos atrás, programa reiterando ponentes y temas y carencias de novedades. De algún modo podemos estar ante una especie de sorpasso del grupo, tanto desde sus funciones institucionales (subcomisión) como desde fuera del mismo y dentro del grupo. Una energía que será canalizada de un modo u otro para transformar la abogacia y de este modo para transformar los sectores donde se concentran nuestras acciones profesionales.

Frente a ello palabras mil veces oídas: el papel de los abogados de extranjeria, la defensa de derechos humanos, agradecimientos varios. En fin.

Hoy comentaba con Laura, compañera y amiga, que tras el encuentro de verdad entre muchos de esos miembros del grupo, el trasladar a los mismos el planteamiento de reorganización de la asociación y la ilusión despertada en esos abogados por construir una herramienta que potencie al grupo, y esos momentos de compartir tomando vinos, cervezas, cenando y prolongando el espacio como si quisiéramos exprimir esos pocos días al año en el que nos encontramos y nos faltarán horas y preferimos privarnos del sueño y alargar el encuentro como amantes que se ven muy de cuando en cuando; sentía que lo importante había finalizado, que el encuentro formal (ponencias, talleres, etc) casi era un trámite.

Estoy convencido de que otros compañeros sienten lo mismo. De ahí la importancia de poner en valor a esos excelentes abogados profesionales y personas que tanto quieren dar.

martes, 31 de mayo de 2016

DILACIONES INDEBIDAS EN PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJERIA

La sentencia 75/16 del Tribunal Constitucional publicada en el BOE de hoy 31 de mayo de 2016 analiza y declara la existencia de vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas a un ciudadano que interpone recurso contencioso administrativo contra una sanción de expulsión alegando caducidad (por transcurso de seis meses en el procedimiento administrativo sancionador). Considero importante que atendamos a la secuencia de hechos. Se abre expediente sancionador en fecha 18 de septiembre de 2009. En fecha 19 de abril de 2010 se presenta escrito pidiendo la caducidad del expediente por el transcurso de los citados seis meses y en fecha 20 de mayo, transcurrido un mes (silencio negativo) sin que se conteste por la administración se presenta la demanda. Es decir que el ciudadano (su abogado) obra con una absoluta diligencia y celeridad buscando que cuanto antes finalice la espada de Damocles que supone el expediente. La vista del juicio es señalada para el 22 de enero de 2014, es decir tres años y 8 meses después.

En la sentencia el Tribunal Constitucional reitera aspectos de otros pronunciamientos del mismo en relación a las dilaciones indebidas. Así la necesidad de atender a la evaluación de cada caso concreto para ver si la dilación es justificada y que no podemos exigir el riguroso cumplimiento de los plazos procesales fijados para los juzgados y tribunales así como que "la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a los Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de los litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso." También hace mención a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en «un tiempo razonable»), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el art. 24.2 CE, y la necesidad de atender a criterios como: la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades."

En este caso (y tantos otros de extranjería) el Tribunal Constitucional considera que no estamos ante un asunto que revista una especial complejidad, al tratarse de un recurso en el que el interesado se dirigía contra una resolución desestimatoria, por silencio administrativo, de una petición de caducidad de un expediente sancionador de expulsión del territorio nacional llegando a mencionar la existencia de un evidente perjuicio del recurrente si la vista es señalada el 22 de enero de 2014, cuando había sido interpuesta la demanda el 7 de mayo de 2010. Para hacer un resumen de otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional donde se ha entendido la existencia de dilaciones indebidas en procesos de extranjería:

* STC 142/2010, de 21 de diciembre, el señalamiento de la vista se fijó para año y medio después, respecto a la interposición del recurso contencioso-administrativo, frente a una denegación de solicitud de asilo. 
* expulsión STC 54/2014, de 10 de abril, por un señalamiento fijado para dos años y seis meses posteriores a la interposición del recurso; STC 99/2014, de 23 de junio, por un señalamiento posterior en algo más de dos años a la interposición del recurso; STC 88/2015, de 11 de mayo, donde el señalamiento tuvo un retraso similar al anterior. 
*denegación de una autorización de residencia, STC 74/2015, de 27 de abril, apreció la existencia de dilaciones indebidas por un retraso en el señalamiento de la vista de dos años y medio

Expresa el Tribunal Constitucional que el retraso en la tramitación procesal ha de ser ponderado de acuerdo al interés que arriesgue el recurrente en el pleito entendiendo que la sanción de expulsión afectaba necesariamente a un ámbito preferente de sus derechos e intereses legítimos. 

Como aspecto a destacar de esta sentencia el recurso de amparo se interpone contra el decreto que señala la vista, es decir que no se espera a deducir a la resolución judicial por lo que la dilación radica exclusivamente en el período excesivo de tiempo que media entre el momento en que se dictó el decreto inicial de señalamiento de la vista y la fecha fijada para tal acto procesal y que aunque el retraso parezca obedecer a causas estructurales y a la carga de trabajo que pesa sobre el órgano judicial eso no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones indebidas pues esta situación no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que el ciudadano es ajeno a esas circunstancias. y este último en la Sentencia de 11 de marzo de 2004, caso Lenaerts c. Bélgica (§ 18), razonó que el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable. 

Por si existe curiosidad al respecto, recojo que en el procedimiento principal se dictó sentencia de 22 de enero de 2014, estimatoria del recurso, anulando y dejando sin efecto la actuación administrativa y declarando la caducidad del procedimiento sancionador, lo que no quita para que la sentencia del Tribunal Constitucional estime el recurso de amparo y declare la nulidad del derecho a los meros efectos declarativos.

Eso sí, permitaseme que diga que no deja de tener cierta guasa que el Tribunal Constitucional hable de dilaciones indebidas cuando el recurso de amparo se interpuso en 2010 y se resuelve en 2016.

lunes, 16 de mayo de 2016

EL IDIOMA LA DIFICULTAD AÑADIDA

A la hora de trabajar con extranjeros, el abogado especialista en extranjería nota las diferencias culturales de los mismos dependiendo de su origen y país, algo de lo que debe ser consciente de conocer para evitar disfunciones y deficiencias o mejor dicho para minimizar las mismas que necesariamente se van a producir. Pero además de la cuestión cultural el abogado que trabaja la extranjería se encuentra con una habitual dificultad añadida: el idioma.

Y es que en muchos casos el conocimiento del idioma no es adecuado por parte del cliente extranjero y aun más frecuente de lo que podamos pensar, en estos casos, el extranjero no utiliza recursos que puedan subsanar esta cuestión tan sencillo como hacerse acompañar por un amigo o conocido que pueda servir de traductor improvisado. Incluso en estas ocasiones me he encontrado en la situación de que el pretendido intérprete de ocasión casi parece tener peor conocimiento del idioma que el sujeto a traducir, lo cual suele generar frustración.

Y es que soy todo lo comprensivo del mundo con las dificultades que un extranjero pueda tener que son muchas y notables y precisamente siempre defiendo que lo importante es entenderse aunque el dominio del idioma que manejemos no sea el más adecuado. Pero una cosa es entenderse en un entorno amigable y otra manejarse en un entorno o situación profesional en el que el no comprender bien las explicaciones conlleva realizar acciones incorrectas y eso supone en muchas ocasiones consecuencias negativas y malas para la persona en cuestión. Y más cuando estamos hablando del terreno jurídico o legal o afrontamos un juicio.

Mucho podría hablar también de la deficiente prestación de servicios de intérpretes en los juzgados y comisarías, mal pagados y sin una adecuada formación profesional de los mismos. Yo mismo he tenido que corregir traducciones in situ en procedimientos penales donde el utilizar un verbo incorrecto puede suponer la diferencia entre una absolución y una condena y en este sentido es interesante esta noticia de cómo un periodista es contratado por Seprotec la empresa que gestiona servicios de traducción como intérprete de árabe sin tener ningún conocimiento al respecto

El idioma que se configura (correcta o incorrectamente) como un importante valor de evaluación de la integración puede tener como digo nocivos efectos en el ámbito legal. Considero importante cuando tengo una entrevista con un cliente extranjero y percibo que no me está comprendiendo por cuestiones del idioma, parar inmediatamente la entrevista e insistir en la necesidad de contar con un apoyo de traducción que muchas veces por las características del cliente (mala situación económica) ha de ser como digo un intérprete improvisado. No hacerlo puede redundar en perjuicios para el cliente.

Este aspecto se ve reforzado por la directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales que refuerza la necesidad de garantizar el acceso a la información y la utilización de intérpretes, que un procesado pueda utilizar estos servicios sin que pueda someterse a un juicio sin tenerlos y que además sean de calidad.

Así el artículo 2.1

1.   Los Estados miembros velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretación en el transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales, incluido durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias.

martes, 10 de mayo de 2016

REAGRUPACION FAMILIAR. INGRESOS DEL REAGRUPANTE. SENTENCIA DEL TJUE DE 21 DE ABRIL DE 2016

En la reagrupación familiar quien pretende reagrupar ha de acreditar tener ingresos suficientes para poder mantenerse él y su familia incluyendo los familiares reagrupados tanto en el momento de la solicitud como previsiblemente en el año posterior. Así se deriva del artículo 54 del Real Decreto 557/11 y en particular cuando dice:

2. Las autorizaciones no serán concedidas si se determina indubitadamente que no existe una perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. En dicha determinación, la previsión de mantenimiento de una fuente de ingresos durante el citado año será valorada teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud.

La Directiva 2003/86/ce sobre el derecho a la reagrupación familiar en relación a los medios económico establece en su artículo 7 que:

1. Al presentarse la solicitud de reagrupación familiar, el Estado miembro de que se trate podrá requerir al solicitante que aporte la prueba de que el reagrupante dispone de: 

a) una vivienda considerada normal para una familia de tamaño comparable en la misma región y que cumpla las normas generales de seguridad y salubridad vigentes en el Estado miembro de que se trate;

 b) un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos normalmente asegurados para los propios nacionales en el Estado miembro de que se trate, para sí mismo y los miembros de su familia; 

c) recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros evaluarán dichos recursos en función de su naturaleza y de su regularidad y podrán tener en cuenta la cuantía de los salarios y las pensiones mínimos, así como el número de miembros de la familia

Se planteó cuestión prejudicial por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un caso en qeu se denegó la reagrupación por no ser previsible mantener los ingresos suficientes teniendo en cuenta que la directiva habla en presente ("dispone de") de tener recursos fijos y regulares suficientes mientras que el reglamento habla de una evaluación futura (perspectiva de mantenimiento de ingresos durante un año) resolviendose la cuestión por la sentencia del TJUE de 21 de abril de 2016.

El TJUE entiende que al hablarse en la directiva de la necesidad de que los recursos sean regulares esto implica que puede entenderse compatible con dicha literalidad el requisito de que sean regulares en el futuro (posterior a la solicitud) "de su propio tenor resulta, concretamente del empleo de los términos «fijos» y «regulares», que esos recursos económicos deben presentar cierta permanencia y continuidad. A este respecto, con arreglo al tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), segunda frase, de la Directiva 2003/86, los Estados miembros evaluarán dichos recursos en función, en especial, de su «regularidad», lo que exige un examen periódico de su evolución"

No solo ello sino que la propia sentencia aprovecha para dejar expresado que el mismo examen de futuro es necesario para los otros requisitos que establece la directiva: vivienda y seguro de enfermedad "En efecto, debe señalarse que los requisitos relativos a la posesión de una «vivienda considerada normal» y de un «seguro de enfermedad», establecidos, respectivamente, en las letras a) y b) de la citada disposición, deben interpretarse asimismo en el sentido de que atribuyen a los Estados miembros, a los efectos de garantizar una estabilidad y una permanencia del reagrupante en su territorio, la facultad de fundamentar su decisión sobre la solicitud de reagrupación familiar en la probabilidad de que el reagrupante siga cumpliendo esos requisitos más allá de la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación familiar"

Argumentación que según el TJUE se complementa con el hecho de que cabe la posibilidad de retirar el permiso o de renovarlo si no se cumplen los citados requisitos y que se posibilita a los estados que los reagrupados no se conviertan en un carga (caso Chakroun sentencia de 4 de marzo de 2010)

Respecto a si un año (tiempo durante el que ha de preverse tener recursos suficientes) es un tiempo excesivo y por tanto limitativo del derecho a la reagrupación el TJUE entiende que es proporcional "A este respecto, procede señalar que el período de un año, durante el cual debe ser probable que el reagrupante disponga de recursos suficientes, tiene un carácter razonable y no va más allá de lo necesario para poder evaluar, de modo individual, el riesgo potencial de que el reagrupante se vea obligado a recurrir al sistema de asistencia social de dicho Estado después de que se haya producido la reagrupación familiar" habida cuenta además de que un año es la vigencia mínima de una autorización de residencia, ni tampoco es excesivo el examen de los seis meses previos a la solicitud pues la directiva no establece plazo alguno.

Conforme a todo ello el TJUE declara en su sentencia que:

El artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, debe interpretarse en el sentido de que permite a las autoridades competentes de un Estado miembro fundamentar la denegación de una solicitud de reagrupación familiar en una valoración prospectiva de la probabilidad de mantenimiento o no de los recursos fijos y regulares suficientes de los que debe disponer el reagrupante para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social de ese Estado miembro, durante el año siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, valoración que se basa en la evolución de los ingresos obtenidos por el reagrupante durante los seis meses anteriores a dicha fecha.


En mi opinión no puedo hacer una crítica técnica de la sentencia pues se ajusta al término de la directiva y su argumentación es técnicamente correcta. Sin embargo en la práctica se ha validado un examen de 18 meses (6 previos a la solicitud y previsión de 12 posteriores) que parece excesivamente riguroso para el ejercicio de un derecho el de la reagrupación familiar que afecta al propio desarrollo personal y al derecho a la vida en familia y que parece validar un sistema restrictivo de la reagrupación familiar que quedará en la práctica al alcance de aquellos extranjeros con varios años de residencia y con la suerte de haber contado con un trabajo estable durante todos estos periodos de tiempo, pues debemos tener en cuenta que lo normal es que este tipo de trabajadores desempeñen trabajos de alta rotación y con periodos de desempleo (trabajos temporales o trabajos agrícolas).

  





sábado, 7 de mayo de 2016

LA RECUPERACION DE LA LARGA DURACION

Ayer en el marco de una conversación informal un amigo también abogado pero que no lleva temas de extranjería ponía cara de notable extrañeza cuando le comentabamos lo que es la recuperación de la larga duración una vez que se ha perdido. Para él no tenía ninguna lógica lo que le estabamos contando. El abogado de extranjería está acostumbrado a moverse en un terreno en que poco de lo regulado tiene lógica, aunque en este blog siempre le he intentado encontrar alguna explicación y ahí va el reto. Encontrarsela y que sea esa.

La larga duración supone una para el extranjero una autorizacion para residir y trabajar en las mismas condiciones que los españoles (artículo 147 del R.D. 557/11) y el acceso a la misma es conforme el artículo 148 tras cinco años de residencia legal y cumpliendo los requisitos que en el mismo se mencionan. Una vez obtenida esta situación la vigencia de la misma es de cinco años, no exigiendose mayores requisitos para renovarla salvo el que vamos a indicar que genera notables problemas en la práctica. El artículo 150 habla de una mera renovación de la tarjeta, es decir, como cuando renovamos los españoles nuestro DNI.

Como expreso no hay requisitos para la renovación, pero si que hay supuestos en que cabe la extinción de la autorización de larga duración que se recogen en el artículo 166 en particular el supuesto que indica que genera notables problemas en la práctica:

c) Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante doce meses consecutivos.

Es decir, si un extranjero en situación de residencia de larga duración está fuera de la Unión Europea más de doce meses, será objeto de un procedimiento para la extinción de su situación legal

¿COMO RECUPERAR LA LARGA DURACION CUANDO SE HA PERDIDO POR ESTAR FUERA DE LA UNION EUROPEA?

El procedimiento se regula en los artículos 158 y siguientes y se reduce a presentar ante la oficina de extranjeros o la misión diplomática o consular española una solicitud acompañada de la siguiente documentación:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de cuatro meses.
b) Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, en el que no debe constar condenas por delitos previstos en el ordenamiento español.
c) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las enfermedades susceptibles de cuarentena previstas en el Reglamento sanitario internacional.

 Es decir, que no se necesitan cumplir mayuores requisitos, ni aportar contrato de trabajo, etc.

Lo que le parecía ilógico al amigo abogado era por tanto, ¿si tan fácil o sencillo es recuperar la larga duración por qué se produce la extinción de la misma?

La única explicación lógica que le encuentro es la de tener un efectivo control migratorio de los residentes efectivos. Dicho de otro modo, el problema de la pérdida por este motivo se suele centrar en nacionalidades africanas en las cuales es bastante habitual que obtenida la larga duración y por tanto sin necesidad de mantener unas cotizaciones mínimas anuales en España (lo que obliga a la estancia en España) y tras muchos años de tiempo que les ha costado llegar a esa situación pasan largas temporadas en su país de origen. La larga duración se ha construido como una figura asociada a migrantes que llevan mucho tiempo residiendo en nuestro país y desde la construcción de la política migratoria se entiende que quien lleva muchos años en nuestro país, por el arraigo y vinculación demostrada al mismo, tiene un trato favorable que deriva de esa situación "larga duración" frente a quien acaba de llegar. Y que ese trato más favorable deja de tener sentido con quien en la práctica demuestra su desarraigo no residiendo efectivamente en nuestro país.

Naturalmente esta no deja de ser mi opinión que no tiene por qué ser compartida por el lector, así que estaré deseoso de que dejeis vuestra opinión en comentarios.