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Abogado: ALFREDO HERRANZ ASIN Despacho: Conde Aranda, 1, Pral. Izda. 50004 Zaragoza Teléfono 976205797 Email: alfredoherranz@reicaz.com Twitter: @extranjeriabog

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jueves, 8 de diciembre de 2016

EXPULSION DE LAGARDER ACTIVISTA

A través de las redes sociales he tenido conocimiento del inicio de procedimiento de expulsión del conocido como "Lagarder Activista" ciudadano de nacionalidad rumana y conocido en redes sociales por sus acciones.

Sin entrar a opinar sobre las citadas acciones y su conducta más allá de lo estrictamente necesario para un análisis técnico jurídico de la cuestión de la expulsión, me sorprende el inicio de un procedimiento sancionador de este tipo contra el mismo. La razón es que los ciudadanos de la unión Europea y Lagarder lo es como nacional rumano tienen un régimen especialmente protegido contra la expulsión por existir el principio de libre circulación de personas en la Unión. Es un régimen por tanto diferenciado de quienes no ostentan la condición de ciudadanos de la Unión o asimilados.

Esta situación la expliqué en esta entrada del año pasado, en resumen deben concurrir razones de orden publica, seguridad publica y salud publica para poder practicar una expulsión de un ciudadano de la Unión. Y la jurisprudencia aplicable tanto nacional como del tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que solo concurren esas razones en supuestos de elevada gravedad debienddo existir una amenaza real, actual y grave contra un interés general.

Asimilar como parece las conductas y acciones molestas de esta persona ciudadano de la Unión a un supuesto de orden público o seguridad pública parece extremadamente exagerado y ni por asomo tienen encaje en la citada jurisprudencia (en el enlace que refiero a otra entrada de este blog hay ejemplos de casos en que así ha sido entendido).

Como jurista me sorprende que se abra un expediente de este tipo, y parece evidente que ante la absoluta inadecuación jurídica y teniendo profesionales policías formados en las Brigadas lo más lógico es que se trate de obedecer a una orden de algún superior. Y como ciudadano, aunque no profeso simpatías por este señor, me resulta ciertamente preocupante que se abra un expediente de este tipo por acciones claramente políticas (por muy equivocadas o "cansas" que las entendamos).

miércoles, 16 de noviembre de 2016

LA NOTIFICACION EN DOMICILIO EN LA LEY 39/15

Si bien la disposición adicional primera de la ley 39/15 establece que las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo así como en aspectos sancionadores en materia de extranjería se rigen por su normativa específica, la mencionada ley es de aplicación supletoria y la práctica de la extranjería nos hace participar en otros procedimientos relacionados que no son de extranjería, por lo que es importante tener conocimiento de las modificaciones en la materia.

Una cuestión importante en los procedimientos y esencial en muchos de ellos a efectos de caducidades o de silencio es la notificación de la resolución. El artículo 42 de la citada ley introduce alguna modificación que debemos tener presente.

Así con una redacción manifiestamente mejorable nos indica el citado artículo en relación a las notificaciones en papel que si no está el interesado presente se podrá practicar en la persona que allí se encuentre que sea mayor de 14 años.

Para el caso de que no se pueda notificar y sea infructuoso el primer intento, se precisa en esta nueva ley que el segundo intento habrá de:

* practicarse en los tres días siguientes

* se divide el dia en dos franjas horarias. Hasta las 15:00 y después de las 15:00. El segundo intento deberá ser en franja distinta

* siempre deberá haber tres horas de diferencia entre los intentos


Deberá quedar constancia del día y la hora en la que se intentó practicar la notificación.

En caso de notificación infructuosa se acudirá a lo regulado en el artículo 44 

sábado, 5 de noviembre de 2016

MANTENIMIENTO DE LA RESIDENCIA POR FAMILIAR DE COMUNITARIO

Puede ocurrir que se rompa el vínculo entre los familiares y el residente nacional de país integrante de la UE (comunitario) y que precisamente habilita la residencia de los mismos. Esto puede ocurrir tanto por fallecimiento como en el caso de cónyuge o pareja de hecho porque desaparezca este vínculo concreto.

Estos supuestos son recogidos en el artículo 9 del Real Decreto 240/07. Lo primero que prevee este artículo es que cuando los familiares en cuestión son también ciudadanos de un estado miembro de la unión, su residencia no se ve afectada.

En el caso de familiares que no son ciudadanos de un país integrante de la UE si lo que ha ocurrido es el fallecimiento, los familiares no se verán afectados "siempre que éstos hayan residido en España, en calidad de miembros de la familia, antes del fallecimiento del titular del derecho" eso sí, deberán comunicar el fallecimiento. En el siguiente apartado (3) se precisa que "no supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga atribuida la custodia efectiva de éstos, con independencia de su nacionalidad, siempre que dichos hijos residan en España y se encuentren matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios, ello hasta la finalización de éstos"

En caso de que desparezca el matrimonio (no en caso de separación) o se cancele la inscripción de la pareja registrada, deberá comunicarse tal hecho a la administración y el cónyuge o pareja mantendrá la residencia en alguno de los siguientes supuestos:

a) que la unión haya durado al menos tres años de los cuales uno al menos habrá de haber sido en Espàña

b) si tiene la guarda y custodia de los hijos

c) lo que el reglamento denomina circunstancias especialmente difícils que son ser víctima de violencia de género o haber sido sometido a trata por su cónyuge o pareja

d) que tenga un derecho de visita a un hijo menor que resida en España

martes, 11 de octubre de 2016

EL ACCESO A SUBSIDIO DE DESEMPLEO POR CIUDADANOS DE LA UNION

En el ámbito de los ciudadanos de la unión y sus familiares y por aplicación del artículo 18 del TFUE se establece un principio de no discriminación por cuestión de nacionalidad que si entramos dentro del ámbito regulatorio del artículo 3 del Real Decreto 240/07  observaremos que implica el principio de igualdad de acceso a los servicios públicos y precisamente de igualdad a los ciudadanos españoles

2. Asimismo, las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto, exceptuando a los descendientes mayores de veintiún años que vivan a cargo, y a los ascendientes a cargo contemplados en el artículo 2.d) del presente real decreto, tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 39.4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.


4. Todos los ciudadanos de la Unión que residan en España conforme a lo dispuesto en el presente real decreto gozarán de igualdad de trato respecto de los ciudadanos españoles en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Este derecho extenderá sus efectos a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.

En el ámbito de la seguridad social por aplicación del reglamento 883/2004 existe también el principio de igualdad de trato.

Lo anteriormente expresado nos llevaría a la conclusión de que no se puede negar a un ciudadano de la unión el acceso a los subsidios, pero sin embargo no es así. Hay que tener en cuenta que la proteccion por desempleo se regula en los artículos 262 y siguientes de la ley general de la seguridad social y en particular el párrafo primero del artículo 263 establece que:

1. La protección por desempleo se estructura en un nivel contributivo y en un nivel asistencial, ambos de carácter público y obligatorio.

Es decir que se diferencia entre un nivel contributivo y asistencial. En este sentido la prohibición de discrimnación está condicionada al ámbito material del derecho de la unión y por la normativa específica y esto implica que es posible la discriminación en lo que no es derecho de la unión y la asistencia social (no contributiva) está fuera del ámbito material de la Unión Europea. A la hora de analizar a qué prestaciones se tienen derecho y a cuales no, lo esencial por tanto será determinar si tienen carácter asistencial en cuyo caso si la normativa específica que las regula discrimina, no habrá afectación al derecho de la unión.

Para profundizar en esta cuestión y otros efectos derivados de la misma entre otras cosas para la residencia recomiendo este excelente artículo de Pilar Jiménez en la Bitacora Millennium.




jueves, 22 de septiembre de 2016

EL PROCEDIMIENTO PREFERENTE SANCIONADOR

El procedimiento sancionador en materia de extranjería puede ser ordinario o preferente. El preferente se regula en el artículo 63 de la ley orgánica de extranjería.
Artículo 63. Procedimiento preferente.
1. Incoado el expediente en el que pueda proponerse la expulsión por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el artículo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, la tramitación del mismo tendrá carácter preferente.
Igualmente, el procedimiento preferente será aplicable cuando, tratándose de las infracciones previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 53, se diera alguna de las siguientes circunstancias:
a) riesgo de incomparecencia.
b) el extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
c) el extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
En estos supuestos no cabrá la concesión del período de salida voluntaria.
2. Durante la tramitación del procedimiento preferente, así como en la fase de ejecución de la expulsión que hubiese recaído, podrán adoptarse las medidas cautelares y el internamiento establecidas en los artículos 61 y 62.
3. Se garantizará el derecho del extranjero a asistencia letrada, que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o no habla castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.
4. Iniciado el expediente, se dará traslado al interesado del acuerdo de iniciación debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo así.
5. Si el interesado, o su representante, no efectuase alegaciones ni realizasen proposición de prueba sobre el contenido del acuerdo de iniciación, o si no se admitiesen, por improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el instructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificación de los hechos, el acuerdo de iniciación del expediente será considerado como propuesta de resolución con remisión a la autoridad competente para resolver.
De estimarse la proposición de prueba, esta se realizará en el plazo máximo de tres días.
6. En el supuesto de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 53 cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad autorización de residencia temporal conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de esta Ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión suspenderá la misma hasta la resolución de la solicitud, procediendo a la continuación del expediente en caso de denegación.
7. La ejecución de la orden de expulsión en los supuestos previstos en este artículo se efectuará de forma inmediata.

Frente al artículo 63 bis que regula el procedimiento ordinario, el procedimiento preferente limita la defensa de los ciudadanos entre otras cosas por sus plazos más cortos a la hora de efectuar alegaciones.

SUPUESTOS POR LOS QUE PUEDE SEGUIRSE

El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito.
que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. SOLO CUANDO se cumplan los requisitos establecidos en el artículo que regula este procedimiento: riesgo de incomparecencia, acciones que puedan evitar la expulsión o que el extranjero suponga un riesgo.

LA NECESIDAD DE MOTIVACION 

En este sentido procede recordar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 131/16 que analizo en esta otra entrada del blog, según la cual la utilización del procedimiento sancionador preferente así como la resolución que en el mismo se imponga debe estar suficientemente motivada algo bastante inhabitual en los procedimientos sancionadores

LA INADECUACION DE PROCEDIMIENTO

Si se sigue indebidamente un procedimiento preferente cuando no concurren las causas que motivan el mismo y debería haberse seguido un procedimiento ordinario nos encontraríamos con una nulidad del mismo por causa de nulidad de seguirse procedimiento inadecuado de la ley de procedimiento administrativo todavía vigente a fecha de esta entrada. Así hay sentencias que estiman este motivo de recurso  como explicaba en esta otra entrada del blog

Debo recordar que las sanciones del artículo 53 y por las cuales se puede seguir el procedimiento preferente no suponen con la legislación actual la expulsión en todo caso. Todo ello a salvo de la actual controversia jurisprudencia tras la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015 que comento en esta otra entrada del blog y respecto a las diferentes posiciones de Tribunales esta entrada del blog donde recojo la ponencia al respecto del último encuentro de abogados de extranjería celebrado en Burgos.





lunes, 19 de septiembre de 2016

PADRE CON ANTECEDENTES PENALES SIENDO SU HIJO ESPAÑOL O COMUNITARIO. CASO RENDON. SENTENCIA DEL TJUE DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En la presente entrada voy a analizar la reciente sentencia del TJUE de 13 de septiembre de 2016 Caso Rendon, caso que plantearon unas compañeras abogadas de Malaga y que fue objeto de exposición en el encuentro de abogados de Extranjería celebrado en Málaga en el año 2015.

SUPUESTO DE HECHO

El Sr. Rendon tiene la guarda y custodia en exclusiva de dos niños con nacionalidad de país comunitario (española y polaca). Los niños son nacidos en Málaga habiendo residido siempre en España. Tiene antecedentes penales razón por la cual se le deniega una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

Planteado recurso de casación ante el Tribunal Supremo este observa que la denegación de la autorización solicitada implica la salida obligatoria y por tanto la de los dos menores pero por otro lado la legislación española no establece un supuesto de excepción debiendo denegarse la autorización si hay antecedentes penales.

CUESTION PREJUDICIAL

¿Es compatible con el artículo 20 [TFUE], interpretado a la luz de las sentencias de 19 de octubre de 2004[, Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639),] y [de] 8 de marzo de 2011[, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124)], una legislación nacional que excluye la posibilidad de otorgar permiso de residencia a un progenitor de un ciudadano de la Unión Europea, menor de edad y dependiente de aquél, por tener antecedentes penales en el país donde formula la solicitud, aunque ello lleve aparejada la salida forzosa del territorio de la Unión del menor al tener que acompañar al progenitor?

FUNDAMENTOS JURIDICOS

El TJUE reformula la pregunta del Tribunal Supremo dejandola con la siguiente literalidad "si el artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38, por un lado, y el artículo 20 TFUE, por otro, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia en el territorio del Estado miembro de que se trata a un nacional de un tercer Estado cuando dicho nacional tiene antecedentes penales, aunque el interesado tenga a su cargo exclusivo dos hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión, que residen con él en dicho Estado miembro desde su nacimiento, sin haber ejercido su derecho a la libre circulación, y aunque la consecuencia de tal denegación sea obligar a esos hijos suyos a abandonar el territorio de la Unión"

Inicia el análisis recordando que los derechos de nacionales de tercceros estados relativos a la ciudadanía de la Unión no son derechos propios sino derivados de la libre circulación de un ciudadano de la Unión, es decir que en este caso el Sr. Redón no tiene derechos propios sino derivados de sus hijos y que por tanto solo existe un derecho de residencia de un nacional de tercer Estado cuando sea necesario para garantizar la libre circulación o la residencia de un ciudadano de la Unión Europea.

Bien, en relación a la situación el Sr. Redón, el mismo no puede considerarse beneficiario en los términos del artículo 3.1 de la Directiva 2004/38 por el hijo que tiene nacionalidad española dado que no ha ejercido libre circulación pero sí por la hija que tiene nacionalidad polaca aunque haya nacido en España y no haya circulado (Caso Chen)

Así que a continuación el TJUE comprueba si se cumplen con las limitaciones existentes para el derecho de residencia, como que no sean una carga para el Estado, haya seguro médico y en particular analiza la cuestión ya resuelta en otras sentencias respecto a que si bien la mención legal expresa ascendiente a cargo hay supuestos como éste es que es el menor nacional de la unión el que está a cargo de un nacional de tercer estado, supuestos resueltos favorablemente pues si no supondría privar de derecho de residencia a menores nacionales de la Unión ((véanse las sentencias de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, apartado 45, y de 10 de octubre de 2013, Alokpa y Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, apartado 28))

Tras examinar la existencia del derecho a residencia entra en la cuestión de los antecedentes penales. Para resolver esta cuestión parte de que pudiendo establecer las legislaciones límites la residencia, la directiva 2004/38 recoge que los ciudadanos de la unión y los miembros de su familia tienen un régimen de protección ante la expulsión, mayor cuanto mayor arraigo tienen. Y las limitaciones conforme a la mencionada directiva (art.27) lo son por razones de orden público o de seguridad pública.

Así recuerda la sentencia que:

" Según reiterada jurisprudencia, la reserva de orden público constituye una excepción al derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión o de los miembros de sus familias, que debe ser objeto de interpretación estricta y cuyo alcance no puede ser determinado unilateralmente por los Estados miembros (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de diciembre de 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, apartado 18; de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, apartado 33; de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos y Oliveri, C‑482/01 y C‑493/01, EU:C:2004:262, apartado 65; de 27 de abril de 2006, Comisión/Alemania, C‑441/02, EU:C:2006:253, apartado 34, y de 7 de junio de 2007, Comisión/Países Bajos, C‑50/06, EU:C:2007:325, apartado 42)."

Y que las limitaciones han de acomodarse al principio de proporcionalidad y al examen individualizado de la conducta del ciudadano.

Siendo importante que:

" Procede añadir que el artículo 27, apartado 2, de esta Directiva subraya que la existencia de condenas penales anteriores no constituye por sí sola una razón para adoptar medidas por razones de orden público o seguridad pública, que la conducta personal del interesado debe constituir una amenaza real y actual que afecte a un interés fundamental de la sociedad o del Estado miembro de que se trate, y que no pueden argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, apartados 23 y 24, y de 23 de noviembre de 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, apartado 48)"

En el caso estudiado la mera existencia de antecedentes penales supone de manera automática la denegación de la residencia, sin que haya examen de proporcionalidad, sin que se haga un análisis individualizado de la conducta ni sobre la afección al orden público o a la seguridad pública.

Así la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que:

"el artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que exige la denegación automática de una autorización de residencia a un nacional de un tercer Estado, progenitor de un hijo menor de edad ciudadano de la Unión que está a su cargo y que reside con él en el Estado miembro de acogida, debido únicamente a que dicho nacional de un tercer Estado tiene antecedentes penales"

Entendiendo además por similares razones (que el derecho de residencia de los menores se vería afectado por la no concesión de la residencia al padre) también una normativa que deniega automáticamente la residencia por la existencia de antecedentes penales, vulnera el artículo 20 del TFUE.


CUESTIONES RELEVANTES

* En el supuesto el Sr. Rendón tiene la guarda y custodia en exclusiva de los menores, razón por la que se vería afectado su derecho de residencia. Lo importante por tanto es la afectación de los derechos de libre circulación y residencia de los menores, lo cual puede extenderse a otros motivos de denegación.
* La cuestión de los antecedentes penales no es exclusiva de la autorización de residencia por circunstancias excecpcionales siendo una cuestión alegable en otros supuestos.
* Prima el concepto de orden público y de seguridad pública como ya he explicado en otras entradas de este blog
* Como abogados, debemos estudiar la posibilidad de plantear responsabilidad patrimonial del Estado en supuestos de estimación de recursos obteniendo autorizaciones de residencia. Estando pendiente de sentencia, el Sr. Redón cancelo sus antecedentes penales y obtuvo una autorización de residencia por circunstancias excepcionales como padre de menor español. El tribunal Supremo mantuvo la petición de pronunciamiento del TJUE por entender que una eventual estimación del recurso interpuesto supondría "la nulidad de dicha resolución y la concesión de una autorización de residencia en esa fecha podrían tener, para el recurrente en el litigio principal, consecuencias que van más allá de la propia autorización, tales como la reparación por la pérdida de contratos de trabajo, de prestaciones sociales o de cotizaciones a la seguridad social o incluso, en su caso, el derecho a adquirir la nacionalidad española".

miércoles, 7 de septiembre de 2016

EXPULSION DE EXTRANJERO CON RESIDENCIA DE LARGA DURACION. SENTENCIA 131/16 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Comentaré a continuación la sentencia 131/16 del Tribunal Constitucional que estima el recurso de amparo de un extranjero con residencia de larga duración al que se le impone una expulsión, recurso en el que ha intervenido como abogada una compañera de la asociación EXTRANJERISTAS y que precisamente fue ponente en el meeting que realizamos en Valencia.

En el supuesto el ciudadano extranjero tiene una residencia de larga duración y dos prohibiciones de entrada con una condena de tres años de prisión por trafico de drogas en Holanda. Abierto procedimiento preferente y establecida expulsión, se interpone recurso contencioso administrativo estimandose el mismo por el juzgado valorando el arraigo y el hecho de que no se ha acreditado que la conducta del residente de larga duración haya afectado al orden público. Interpuesto recurso de apelación por el abogado del Estado se estima por sentencia de 23 de julio de 2014 del TSJ de Valencia recogiendo en síntesis que: la expulsión no tiene carácter sancionador siendo una medida de regulación migratoria y que cabe la expulsión de extranjeros condenados a más de un año de prisión; 

El recurso de amparo se interpone por los siguientes motivos: falta de motivación y como tal afectación al derecho a la tutela judicial efectiva; afectación al derecho a la intimidad familiar y vulneración de la igualdad por ser una resolución contraria a otras sobre supuestos similares.

La sentencia del Tribunal Constitucional recoge que por ejemplo en la apertura del expediente sancionador se habla de que el ciudadano carece de autorizacion de residencia cuando la tiene de larga duración, así como que a lo largo del mismo se reproducen expresiones estereotipadas como las que añado yo nos encontramos en la práctica totalidad de los expedientes sancionadores. Así a la vista de ello concluye que no ha habido un verdadero examen individualizado del tema:

"En definitiva, existe una clara negativa de la Administración a valorar las circunstancias alegadas por el actor, ya que se limita a rechazar las alegaciones mediante fórmulas estereotipadas, en lugar de llevar a cabo una motivación más detallada y apegada al caso, en la que se ponderaran de manera constitucionalmente adecuada los derechos en juego y las circunstancias personales y familiares del actor."

Se planteaba en el caso como alegación del abogado del estado que la expulsión no tiene carácter sancionador y que por lo tanto no son exigibles los principios del derecho sancionador entre ellos la motivación. Inicialmente la sentencia recoge que es la propia administración la que sigue un expediente sancionador y la que resuelve imponer "una sanción de expulsión". 

A continuación recoge que la obligación de motivación no es exclusiva de la imposición de sanciones y que cobra especial relevancia cuando se ven afectados derechos fundamentales que se verían afectados de practicarse la expulsión.

Expresa que de considerar que la expulsión no es una sanción, eso no es óbice para exigir la debida motivación en las resoluciones judiciales y que como en la sentencia del TSJ no se evaluan ni ponderan las circunstancias personales del ciudadano sino que se limita a establecer adecuada la expulsión por la aplicación automática del artículo 57.2 de la LOEX existiría esa vulneración de la falta de motivación.

Razón por la cual se acuerda la nulidad de la sentencia del TSJ manteniendo firme la sentencia del juzgado de lo contencioso que estimaba el recurso interpuesto y anulaba la sanción.

Como resumen de la misma:

- El tribunal Constitucional no entra a valorar si la expulsión tiene naturaleza de expulsión
- Independientemente de ello, en estos supuestos siempre ha de haber la debida motivación que justifique la expulsión
- Para que haya una debida motivación hay que valorar las circunstancias personales del ciudadano extranjero con residencia de larga duración
- La sentencia es deficiente en el sentido de que no deja suficientemente claro la ausencia de motivación en estos expedientes sancionadores repetitivos y estereotipados aunque podemos alegar que sí que lo hace a la vista del resultado final.


Sobre el tema de residentes de larga duración y antecedentes penales ya traté el tema en este blog en estas entradas: